Mujeres indígenas luchan por el agua en Guatemala
26 de enero de 2021
En la microrregión de Ixquisis, al norte del departamento de Huehuetenango, en Guatemala, las tierras son fértiles debido a que la zona concentra agua. No obstante, la construcción de represas altera los modos de vida tradicionales de sus cerca de 8.000 habitantes: mayoritariamente comunidades mayas, entre las que destacan las etnias Chuj, Q'anjob'al y Akateko.
"Lo que hacemos es ir al río, juntar peces y camarones y venderlos. Con esto nos podemos apoyar económicamente”, recordó a DW María Hernández, representante de las mujeres de la organización Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis. Sin embargo, "ahora en el río ya no hay peces ni camarones porque la empresa lo que ha hecho es lavar sus maquinarias y echar el agua y los líquidos en el río”, criticó, lamentando su contaminación.
Dicha agua también se emplea en actividades agrícolas. "Vivimos de los cultivos de maíz, café, frijol y también frutas como naranjas, bananas…”, explicó. No obstante, dichas cosechas se han visto reducidas por falta de agua con la construcción de las represas Pojom II, promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., y San Andrés, a cargo de Generadora San Andrés S.A.. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional.
La Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis reúne a 59 pueblos y 7 comunidades que se oponen a la construcción de siete represas en la zona. Así, la organización "surge hace diez años por la misma resistencia para defender el territorio, los recursos naturales, los ríos, de los proyectos hidroeléctricos que se están imponiendo”, relató. "Cuando la empresa llegó a la comunidad dijo que iba a hacer proyectos de desarrollo para las comunidades como escuelas, puestos de salud, canchas deportivas, pero después nos dimos cuenta que la intención era otra”, agregó.
A raíz de ello, se organizó una consulta de buena fe, en la que mayoría de los afectados mostró su desacuerdo con la instalación de proyectos extractivos e hidroeléctricos. No obstante, "la empresa no ha respetado esta consulta, sino que siguió interponiendo sus proyectos y comenzó a construir túneles y a desviar los ríos”, denunció.
El precio de la resistencia
La oposición al proyecto ha provocado ataques violentos y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Solo en 2016, se reportaron más de 75 ataques contra la Resistencia Pacífica, entre ellos asesinatos, tiroteos, acoso y campañas de difamación, según Front Line Defenders.
"Han sido asesinados algunos de nuestros compañeros cuando se han hecho manifestaciones pacíficas en el territorio”, lamentó Hernández, que ha sufrido en su propia piel alguno de estos episodios. "El 9 de octubre de 2018, teníamos un taller sobre defensoras de Derechos Humanos, pero en el camino estaba la policía y no nos dejaba pasar. Nos lanzaron bombas lacrimógenas y yo con otras dos compañeras corrimos. Me puse muy nerviosa, sentía que en cualquier momento me iban a atacar. Realmente fue una experiencia muy horrible”, recordó. "Pero eso despertó en mi las ganas de seguir luchando y resistiendo contra esta situación que día por día vivimos”, afirmó.
La implicación de Hernández en la organización se gestó hace un par de años al asistir a una reunión con la empresa promotora del proyecto, en la que estaba ofreciendo detalles del mismo. Sin embargo, "la mayoría de las compañeras y compañeros en las comunidades no entienden muy bien el castellano”, subrayó, ofreciéndose a traducir entonces la explicación en chuj, su idioma maya.
Al escuchar detenidamente la propuesta de la empresa Energía y Renovación SA, anteriormente PDH, "la comunidad se quedó sorprendida y dijo: no estamos de acuerdo”. A raíz de ello, "la comunidad confió en mi persona, me pidió que los representara en estas reuniones y otras cosas”, subrayó.
Inversores en la mira
"Hasta el momento se han interpuesto tres amparos ante la Corte Suprema de Justicia para suspender las licencias de estos proyectos que fueron extendidas pero sobre lo que en realidad no se consultó al pueblo”, explicó.
Igualmente, con la representación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según datos de esta organización, en 2013, el BID Invest, brazo de inversión en el sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés.
También se presentó otra queja ante el banco de desarrollo alemán KfW, otro de los bancos inversores. "Pedimos que investigue dónde está invirtiendo el dinero y que, por favor, deje de financiar a esta empresa”, dijo. "Con este dinero nos están matando”, sentenció.
Aunque actualmente el proyecto está paralizado, "si los bancos paran estos financiamientos, seguramente las empresas también”, confió la representante de las mujeres.
El próximo mes de marzo se debería recibir la respuesta a la queja del BID, en la que se pide retirar la inversión debido al incumplimiento de sus propias políticas para financiar hidroeléctricas. Esta respuesta servirá para que el banco alemán actúe al respecto y marcará el paso a seguir de la Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis.