Violaciones en México: es preciso "cambio cultural profundo"

El caso de una joven de 17 años que dijo haber sido violada por cuatro policías, el 3 de agosto pasado en Azcapotzalco, en el norte de la capital mexicana, aún no ha sido esclarecido. No hay imputados, y mucha de la información provista por la víctima se ha filtrado a los medios. DW habló con Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCM), sobre este y otros casos de violencia machista en México y sobre posibles medidas para frenarlos.

DW: ¿Qué opina sobre el pedido de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que la CDHCM intervenga apoyando las investigaciones sobre supuestos abusos y violencia contra mujeres por parte de agentes de Policía?

Nashieli Ramírez: La Procuraduría (Fiscalía) es en este caso responsable de la investigación de los hechos. Lo que hacemos es intervenir en mesas técnicas que funcionan desde el 13 de agosto, básicamente monitoreando cómo se desarrolla la investigación sobre el caso, que se realice el debido proceso, que se respeten los estándares y protocolos, y que la información permita valorar si se está investigando correctamente. Se trata de un caso delicado.

Claudia Sheinbaum criticó las protestas, a pesar de que estas exigen que se respeten los derechos de las víctimas y se actúe para que se castigue a los culpables. ¿Qué piensa sobre eso?

Fue una protesta social que no solo abarca este caso, sino algo que preocupa, en especial, a la Ciudad de México. Esta ciudad ocupa el primer lugar en todo el país en cuanto a la incidencia de violencia comunitaria. Es decir, que la gran mayoría de las mujeres está en riesgo de ser víctima o ha sido víctima de violencia de género en la calle, en el espacio público y en el transporte. Eso hace, naturalmente, que las protestas sean legítimas. Como ejemplo, en los primeros seis meses de 2019 ha habido alrededor de 370 denuncias de violencia sexual en la ciudad, y nosotros sabemos que esa cifra puede ser mayor, ya que en este país aún no se ha cimentado la cultura de la denuncia, y se criminaliza y estigmatiza la denuncia por violencia sexual. Pensamos que el discurso con que abordó la jefa de Gobierno la protesta no fue en los mejores términos, pero que el Gobierno actuó bien. Un año antes, lo que quizás hubiéramos tenido que presenciar es el uso de la fuerza, con policías, o granaderos, y discutiríamos la proporcionalidad, si ese accionar fue adecuado a los protocolos. Y esta vez sí lo fue.

Todavía no se ha imputado a ningún oficial de Policía en el caso de la joven de 17 años. La Procuraduría habla de "no fabricar culpables”. ¿Qué sigue ahora?

Si bien no hay imputación concreta aún, la investigación continúa en torno a declaraciones, revisión de pericias y otras cosas. Pero está claro que el día de los hechos llegaron tres patrullas a la zona de referencia. Esos policías son quienes han sido suspendidos, no por imputación, sino porque la Comisión de Honor y Justicia y la Auditoría Interna de la Secretaría de Investigación Ciudadana los han retirado mientras se desarrolla la investigación.

En el caso de la denuncia de violación de una joven de 16 años en el Museo de Archivo de la Fotografía, la semana pasada, ese policía ya está detenido. De hecho, en lo que va de 2019, ya hay 11 policías detenidos por casos de violencia sexual.

Dada la situación en México en cuanto a violencia sexual contra mujeres y feminicidios, que también es denunciada por la ONU, ¿cómo cree que se podría proteger más a las mujeres en ciudad de México y en todo el país y asegurar que se castigue a los culpables de esos crímenes?

Pienso que hay dos aspectos a tocar: por un lado, tenemos que mejorar el sistema judicial, porque el círculo de la violencia de género no se logra romper debido a la incertidumbre jurídica y al tortuoso camino que deben recorrer las mujeres para alcanzar justicia y verdad ante fenómenos de violencia machista.

El otro aspecto es que esto no puede ir separado de programas que apunten a producir un cambio cultural profundo, que toca también a los funcionarios públicos, ya que muchos trabajan también aplicando la violencia. Minimizamos también la violencia familiar, cuando sabemos que 8 de cada 10 homicidios están en el círculo íntimo de las mujeres y que empiezan con violencia doméstica. Así llegamos a una alta incidencia de violencia feminicida en el país. Tenemos que romper con la impunidad. 

¿Tienen las mujeres en Ciudad de México la posibilidad de que se tomen en serio sus denuncias por violencia machista?

Sí, los mecanismos existen, hay una Fiscalía de Delitos Sexuales y se está formando una Fiscalía para Feminicidios. En la ciudad hay abogadas especializadas en perspectiva de género para apoyar a las mujeres. Los procedimientos y protocolos existen, pero aún no se aplican en su totalidad, ese es el problema. La Policía, por ejemplo, a veces trata de convencer a la mujer en casos de violencia familiar de que no denuncie porque al rato se va a "contentar” con su esposo.

La joven que denunció la violación dijo no confiar en las autoridades porque se produjo una filtración de datos de la investigación a los medios. ¿Qué sabe sobre esto?

En cuanto a la filtración de información de la investigación de este caso a los medios, hay una práctica de este tipo, que hemos venido señalando, y que no es buena para nadie, que revictimiza, y que, en definitiva, es ilegal. Por eso se debe cuidar la investigación y no hacerla pública. En nuestro programa contra la impunidad, tenemos registrados a servidores públicos que, de manera reiterativa, filtran información causando daños y la violación de los derechos humanos de las víctimas. Pensamos que la filtración se dio dentro de la Procuraduría, ya que los medios habían tenido acceso a la carpeta de investigaciones.

¿Cómo y con qué medidas se puede frenar la violencia machista?

Eso requiere ir por dos caminos: aplicar las leyes, que ya existen, contra la violencia de género; una estructura legal robusta que debe reflejarse en el día a día de los operadores. Y no solo capacitando, sino también castigando a los servidores públicos que no esté aplicando lo que dictan la ley y los protocolos. El mensaje es para los que violentan, pero también para las mujeres violentadas, para que tengan mayor confianza en que tendrán la protección del Estado para alcanzar justicia. El otro camino pasa forzosamente por los programas de prevención. No solo en cuanto al empoderamiento de las mujeres, sino también y sobre todo, por el trabajo con los hombres. La violencia contra las mujeres deriva de una visión patriarcal que justifica y normaliza la violencia. Y tenemos que empezar por ahí.

(ers)

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