México: "El sistema anticorrupción está entrampado"

Ante la impunidad y el desinterés de la clase política en cambiar el statu quo, la sociedad civil mexicana tomó las riendas y logró con su presión en 2014 una reforma constitucional para instaurar un sistema nacional anticorrupción (SNA). El SNA consta de una serie de leyes e instituciones para enfrentar de manera distinta y amplia este problema que ha carcomido las instituciones y la sociedad mexicana. Entre los principales pilares del SNA están una Fiscalía anticorrupción independiente y un Comité Ciudadano que vigila el actuar de la clase política y de la Justicia. En un momento crucial, Marieclaire Acosta acaba de asumir la presidencia del Comité Ciudadano. En entrevista con DW, lamenta que esté entrampado el sistema a nivel federal y regional. Al mismo tiempo, no ve viable en México una intervención internacional en pro del Estado de derecho, como en Guatemala y Honduras.

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DW: El SNA debería estar funcionando desde el año pasado, según el cronograma, pero todavía está incompleto y no tenemos la Fiscalía ni el Fiscal anticorrupción. ¿A qué se debe?

Marieclaire Acosta: La designación del Fiscal anticorrupción fue trabada en el Senado porque se enredó con el debate sobre la necesidad de modificar el Artículo 102 de la Constitución para establecer una Fiscalía autónoma e independiente, y eliminar el pase automático del Procurador General actual a ese nuevo cargo de Fiscal General. Al final, el Procurador Raúl Cervantes (senador priista y considerado amigo del presidente Enrique Peña Nieto) renunció y allí se detuvo el proceso, aunque hubo comparecencias de candidatos. Yo pienso que ahora el debate transciende la mera designación del Fiscal anticorrupción y es más grande, tiene que ver con la creación de una Fiscalía General autónoma y profesional.

Tenemos problemas similares en otros nombramientos para el SNA…

En cuanto a los magistrados de la sala especializada en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, que nombra el Senado, la Presidencia de la República envió una lista de candidatos. Le solicitamos que nos aclare los criterios de idoneidad para nombrar a esos 18 magistrados, pero no nos ha respondido. En el caso del Auditor Superior de la Federación ocurre algo parecido, esta vez en la Cámara de Diputados, donde algunos de los candidatos no fueron del agrado de todas las fracciones y se volvió a configurar una terna. Sin embargo, el nombramiento más urgente es el del Auditor Superior de la Federación ya que es un puesto clave porque es quien fiscalizará por primera vez en tiempo real el ejercicio del gasto público.

¿Es posible que el proceso electoral demore los nombramientos hasta después de los comicios de julio próximo o hasta la asunción del nuevo presidente en diciembre?

Existe la probabilidad de que se paralice hasta las elecciones si lo impide la fracción parlamentaria mayoritaria del PRI (Partido Revolucionario Institucional), pero el senador Emilio Gamboa (jefe de la bancada oficialista) dijo que se resolvería en este periodo.

Sin embargo, parece que hay poca voluntad política para que este sistema funcione. ¿Quién tendrá la responsabilidad si fracasa?

Esperemos a ver qué sucede, pero si en este periodo legislativo no se llega a un acuerdo, inevitablemente la responsabilidad será del actual Gobierno ya que ellos tienen la mayoría.

Hubo muchos casos emblemáticos de corrupción en este sexenio, la Casa Blanca, Odebrecht, los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Coahuila. ¿Tendrán sentencia?

El caso más emblemático sin duda es el de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht donde salió involucrado el extitular de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya. Nosotros presentamos un exhorto para que la Procuraduría General informara sobre el avance del caso Odebrecht, pero no se ha informado nada.

Aparte del sistema anticorrupción federal, está previsto repetir las mismas instituciones en cada Estado. ¿Cómo avanza la formación del SNA en las provincias?

El SNA está entrampado en los estados, aunque ya están configurados 16 de los 32 sistemas provinciales. Hay muchas denuncias de miembros de los Comités de Participación Ciudadana, que hablan de irregularidades y resistencias. El año pasado presentamos un recurso legal de amparo en el que le pedimos a la Corte Suprema que se pronunciara al respecto. Documentamos todas las irregularidades, el tribunal ya recabó esa información, y esperamos que ayude a corregir estas anomalías.

Como plan B, ¿existe la posibilidad en México de una instancia internacional similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU?

Hay muchas organizaciones de derechos humanos que lo solicitan y lo promueven, pero tengo dudas acerca de su viabilidad, porque estuve cerca del proceso de solicitud de creación de la CICIG en Guatemala, durante muchos años de batalla. La resistencia a esa comisión de la ONU ocurrió en un país que no tiene ni el peso internacional de México ni su tradición nacionalista. No creo que México permita que la ONU promueva algo similar a corto plazo. Eso no quiere decir que no se pida asesoría o acompañamiento internacional en ciertas investigaciones. Tuvimos la experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que investigó sobre los 43 desaparecidos de la masacre de Iguala en septiembre de 2014. Pero cuando los expertos empezaron a señalar con toda evidencia los errores de la investigación tuvieron que irse de México por una campaña orquestada de desprestigio muy fuerte.

En las actuales negociaciones sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) se planteó una claúsula anticorrupción. ¿Cree que será efectiva?

Desde el Comité de Participación Ciudadana alentamos a que se incluyeran cláusulas anticorrupción en estos tratados comerciales u otros acuerdos. México ha firmado tres convenciones internacionales anticorrupción, una de ellas de la ONU, promovida y firmada en México. Creo en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga cuando así se requiera, pero debemos buscar soluciones en el país primero, y si fracasamos, damos ese paso. En el combate a la corrupción no hay soluciones mágicas. No vamos a ser una nueva Rumania (donde los ciudadanos se apoyan en la UE para exigir más transparencia a su gobierno), pero podemos construir pesos y contrapesos internacionales y nacionales para acumular los recursos necesarios para revertir ese flagelo.

¿A qué se debe que la corrupción esté tan arraigada en México?

La corrupción en México es sistémica. Hay una famosa anécdota del presidente Álvaro Obregón (1920-1924) sobre quien al perder la mano en la batalla de ciudad de Celaya (1915) se dijo que solita su mano se iba a seguir moviendo para robar. Ya en aquel entonces se aceptaba que los generales de la Revolución Mexicana fueran corruptos. Ha sido parte de nuestro sistema, pero ahora ha llegado a límites gravísimos y cobra vidas. El autoritarismo de décadas debilitó las instituciones, fomentó la opacidad, evitó los pesos y contrapesos, la rendición de cuentas y una ciudadanía participativa.

¿Fracasó entonces la alternancia en el año 2000?

El cambio del 2000 (cuando por primera vez pierde el PRI la presidencia a manos del conservador Vicente Fox) fue un esfuerzo incompleto para democratizar a México.

Sandra Weiss (VT)

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