México: reforma energética a costa del medioambiente

La secretaria de Energía mexicana, Rocío Nahle, presentó el lunes (11.10.2021) a la ciudadanía la reforma energética. Mostró un gráfico del desarrollo de los precios en diferentes países y mostró la marcada curva ascendente de España. Indicó que ese es el modelo imperante en el sector de electricidad en México. Un mercado dominado por el sector privado, con fines lucrativos, según subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reforma apunta a revertir aspectos centrales de la apertura del mercado energético al sector privado. La empresa estatal CFE (Comisión Federal de Electricidad) habrá de abastecer a por lo menos el 54 por ciento del mercado y recuperará competencias para regular el sector que había perdido en 2013. En opinión de expertos consultados por DW, esto encierra más riesgos que oportunidades, sobre todo para el medioambiente.

"Esta reforma es ambigua y contradictoria”, afirma Pablo Ramírez, experto en energía de Greenpeace. Positivo le parece que el Estado asuma ahora el cambio energético. Lo mismo piensa la abogada y experta en energía Elvira Macín, quien aplaude la proyectada modernización de las centrales eléctricas estatales. También ve con alivio que las empresas privadas del sector, que actualmente producen el 46 por ciento de la energía en México, conserven su porción del mercado. Sin embargo, las nuevas reglas perjudican a las empresas, sostiene Macín.

Preferencia para el Estado

De acuerdo con lo expuesto por Nahle, en la alimentación de la red eléctrica no se dará en el futuro preferencia a las energías renovables ni a la empresa que ofrezca el mejor precio, sino a la CFE. En consecuencia, tendrían primacía la energía hidroeléctrica y la atómica -bajo control exclusivo de la CFE-, seguidas por la geotérmica y las energías fósiles -suministradas por el monopolio estatal de Pemex-, y en último lugar quedarían la energía solar y la eólica, que están en manos privadas. También habrá de suprimirse el mercado privado paralelo de electricidad, en el que, según Nahle, las grandes empresas consiguen energía barata de los suministradores de renovables, soslayando con trucos legales a la CFE. No obstante, los hogares particulares podrán seguir consumiendo su energía solar o vendiéndola a la CFE.

Pese a ello, México logrará, según Nahle, las metas de los Acuerdos de París para frenar el calentamiento global. El experto de Greenpeace, sin embargo, lo duda. "Los embalses de México ya sufren los efectos del cambio climático y producen un 30 por ciento menos, en promedio. El grueso de las inversiones de Pemex y CFE se destina a refinerías y gasoductos. Todo esto seguirá inclinando la matriz energética hacia las energías fósiles”, advierte Ramírez. Opina además que el retorno a un sistema centralizado fomenta la opacidad y la ineficiencia, y habla de un "gigantesco retroceso”.

Alto costo

Elvira Macín advierte, por su parte, que "retornamos a una estructura sin libre competencia”, y prevé que habrá millonarias demandas del sector privado contra el Estado. "La cuenta la pagarán finalmente los contribuyentes”, opina. Incluso, aunque no se perciba en la cuenta de la electricidad, si la CFE subvenciona los precios, se volverá deficitaria y habrá que compensarlo con dinero del presupuesto fiscal, explica la abogada.

Similar es la apreciación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). "Las consecuencias serán negativas para todos, para la economía por los precios más altos de la energía, para el medioambiente, para el ambiente de negocios, para las finanzas estatales y para la propia CFE”, afirma en un informe. Según el instituto, un KW/H producido por la CFE cuesta actualmente tres veces y media más que uno generado por el sector privado.

Ramirez ve las cosas un poco más matizadas. "La energía no debe ser un producto como cualquier otro, porque es de importancia estratégica para el desarrollo de un país”, dice. Por eso, ve la reforma como un paso hacia el reconocimiento de que el acceso a la energía es un derecho humano. Pero aclara que eso "no implica que esté por sobre otros derechos básicos, como el derecho a la salud o a un medio ambiente intacto”.

(ers/ms)