Nicaragua aprueba concesión de Canal Interoceánico

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una concesión por 50 años a una empresa china con sede en Hong Kong para que promueva, diseñe, construya y maneje un ambicioso proyecto de canal interoceánico en el país centroamericano, que tendría un costo de 40.000 millones de dólares. La concesión es prorrogable por otros 50 años.

La concesión favorece a HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), presidido por el abogado chino Wang Jing, quien también es jefe de Xinwei Telecom Enterprise Group, empresa a la que le fue adjudicada el año pasado una concesión para operar telecomunicaciones celulares.

La ley fue aprobada con los votos de 61 diputados sobre un total de 89 de la Asamblea. En las poco más de tres horas de discusiones de la legislación participaron un total de 33 diputados, 24 provenientes de la bancadas opositoras, un independiente y ocho de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Argumentos a favor y en contra

Las intervenciones parlamentarias las inauguró el líder opositor, Eduardo Montealegre, quien aseguró que el gobierno de Daniel Ortega pretende desarrollar una obra que es "inconstitucional, fraudulenta y lesiva a los intereses de Nicaragua". Montealegre consideró que "sin estudios previos y después de consultar una tarde, el gobierno quiere otorgar por ley a una empresa extranjera desconocida una concesión exclusiva para hacer un canal húmedo, un canal seco, dos puertos, un aeropuerto, un oleoducto, dos zonas libres, entre otras obras, lo que resulta lesivo a los intereses del país".

Para críticos como Montealegre, lo que pretende el gobierno de Daniel Ortega "en pocas palabras es entregar en combo el país entero, sin amplias consultas o referéndum como lo hizo el ex presidente (Omar) Torrijos en Panamá para la ampliación de su Canal". Así, el diputado liberal Pedro Joaquín Chamorro aseguró que una ley tan seria y transcendental, donde se concesiona la soberanía sobre parte del territorio nicaragüense, "no se puede ni se debe aprobar sin amplio consenso nacional que debe terminar en un referéndum". Chamorro pidió que la legislación se consulte con los municipios afectados, con las instituciones ambientalistas y con las comunidades indígenas cuyos territorios comunales puedan resultar afectados por el megaproyecto.

Por parte de la bancada oficialista, el diputado Jacinto Suárez aseguró que en el mundo hay grandes expectativas sobre la construcción del canal y que todos los sectores económicos y financieros de Nicaragua están interesados en la obra que "tendrá la capacidad de generar empleos para Nicaragua y Centroamérica". Subrayó que los gobiernos neoliberales tuvieron la oportunidad de construir el Canal Interoceánico con apoyo de China, "pero no lo hicieron y no pudieron porque no tienen concepción de patria".

Edwin Castro, jefe de la bancada oficialista, dijo que gracias al gobierno sandinista el país ha crecido a un ritmo del cuatro y cinco por ciento, pero que con el canal, Nicaragua alcanzará un crecimiento de entre diez y el 15 por ciento anual. Además, destacó que con ese ritmo de crecimiento se logrará pleno empleo con dos millones de puestos laborales en el año 2018.

Competencia para el Canal de Panamá

El proyecto, que competiría con el canal de Panamá, prevé la construcción de un canal fluvial para unir la costa Caribe con la del Pacífico, un puerto de aguas profundas en ambas costas, un corredor ferroviario o canal seco para transporte de carga entre los dos litorales, zonas de libre comercio, aeropuertos y un oleoducto para hidrocarburos paralelo al canal.

Según la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados, la empresa HKND Group podrá concesionar los subproyectos a otras empresas.

Esta semana, el portavoz de HKND Group, el ex funcionario boliviano del Banco Mundial Ronald McLean-Abaroa, dijo a periodistas que contrataron a la consultora británica Environmental Resources Management para realizar el estudio de impacto ambiental y social del proyecto. Según el portavoz, la empresa también ha contratado a la firma consultora estadounidense McLarty Associates, y buscará inversionistas en todo el mundo.

rml (dpa, reuters)