Nicaragua: mueren los indígenas y también el bosque
18 de febrero de 2020
El reciente ataque a una comunidad indígena por parte de invasores de tierras en la región norcaribe de Nicaragua volvió a alertar sobre la destrucción de los bosques en áreas protegidas, como la reserva de biosfera de Bosawas, el "pulmón verde Centroamérica”, que amenaza con desaparecer por la tala sin control y el avance de la frontera agrícola.
Unos 80 hombres armados con pistolas y fusiles de todo tipo irrumpieron el pasado 29 de enero en Alal, una remota aldea de 800 habitantes en la región minera de Bonanza (noreste), donde asesinaron a cuatro indígenas mayangnas e hirieron a tres.
Los atacantes incendiaron 12 viviendas en Alal, que integra el territorio mayangna de Sauni As, situado en las montañas de Bosawas, y que alberga a unos 12.000 indígenas en 25 comunidades.
Sebastián Lino, del gobierno territorial mayangna, identificó a los atacantes como "colonos”, agricultores mestizos acusados de invadir territorios indígenas para talar sus bosques y convertirlos en fincas agropecuarias o plantaciones de palma africana y cacao.
"Ellos son familias de otros sectores del país, entran a tomar tierras y lo hacen con armas. Nosotros vivimos de manera pacífica, pero ellos vienen a cambiar nuestra vida comunal y territorial”, se quejó Aricio Genaro Celsio, otro dirigente mayangna.
La Policía negó inicialmente la existencia de muertos pero terminó confirmando cuatro, aunque líderes comunitarios aseguran que los asesinados fueron seis. El entierro se realizó entre el dolor y la zozobra por el miedo a nuevos ataques.
Cuatro días después de la matanza, el alcalde sandinista de Bonanza visitó Alal y anunció que el presidente Daniel Ortega les mandaría víveres, utensilios de cocina y paquetes escolares "como muestra de solidaridad y acompañamiento”.
Un nuevo suceso se dio a conocer el lunes 17.02.2020, cuando otra banda de colonos armados atacó a balazos la comunidad mískitu de Santa Clara, en Waspam, frontera con Honduras, donde una adolescente recibió un disparo en el rostro.
¿Licencia para arrasar?
"Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, la invasión de tierras aumentó tanto como la voracidad de los madereros”, declaró a DW el general retirado Hugo Torres, quien asegura que los colonos se han convertido en grupos irregulares armados.
"Este gobierno ha dado permisos de tala y extracción de pino, cedro y caoba, un atentado al medio ambiente y a la subsistencia de las poblaciones, que además alienta la impunidad de los grupos mafiosos”, advirtió.
Torres, exguerrillero, fundador del Ejército sandinista de la década de 1980 y actual disidente de Ortega, sostuvo que los colonos forman bandas "que han ido creciendo, dotadas de todo tipo de armas, principalmente fusiles AK-47 de uso del Ejército y la Policía”.
"Los colonos son instrumento de los jefes de esas mafias madereras. Les prometen parte de la tierra invadida, una vez arrasados los árboles, para que cultiven frijoles y maíz”, explicó.
A su juicio, en las "mafias figuran "personajes ligados al régimen” y al poderoso consorcio Alba Forestal, creado a inicios de la década anterior con fondos de la millonaria cooperación venezolana.
En 2011 el Ejército creó un "Batallón ecológico” para proteger los bosques, pero Torres se pregunta cuál es su rol "si todos los días salen camiones repletos de madera de las zonas rurales”.
"¿Dónde estaba el Batallón ecológico cuando atacaron Alal?, ¿por qué se permite la movilización de bandas armadas en el país? Es evidente la complicidad del gobierno, que tampoco interviene para investigar y frenar el continuo asesinato de campesinos” vinculados a la oposición, aseveró.
Una crisis forestal y humanitaria
Con una extensión de 20.000 kilómetros cuadrados, Bosawas forma parte del llamado Corredor Biológico Centroamericano. Tiene 21 ecosistemas y seis tipos de bosque con 370 especies de árboles y plantas, 215 de aves, 85 de mamíferos y unas 200.000 de insectos.
La destrucción de la reserva comenzó hace varias décadas y ya se han perdido más de 1,4 millones de hectáreas de bosques, es decir, más del 70 por ciento de su superficie protegida. Sin embargo, la tala se incrementó en años recientes.
El Parlamento aprobó en 2002 una ley para asegurar la demarcación de 36.000 kilómetros cuadrados de tierras indígenas, legalizando su posesión y administración. Pero la ley tampoco se respeta.
Lottie Cunningham, presidenta del no gubernamental Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), dijo que la invasión de tierras afecta a 270 de las 304 comunidades indígenas del país.
La ONG ha documentado 40 asesinatos y 44 secuestros de indígenas en los últimos cinco años. "Los colonos no son campesinos humildes. En su mayoría son ex militares apoyados por las autoridades del gobierno”, declaró Cunningham a la prensa.
Un informe de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) reveló que de 1987 a 2010 en Bosawas se perdieron más de 564.000 hectáreas de bosque (42.000 hectáreas por año desde 2005).
La situación se agravó en 2015, según el ecologista Centro Humboldt. A partir de entonces, han sido arrasadas 92.000 hectáreas de bosques. El gobierno no ha confirmado las denuncias de ONGs sobre la tala indiscriminada.
En Bosawas, los colonos han causado daño también a las comunidades de indígenas mískitu, según un estudio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentado en Costa Rica en agosto pasado.
El diagnóstico realizado en 12 aldeas mískitu invadidas por colonos reveló que "desde 2012 han ocurrido alrededor de 20 asesinatos, además de violaciones sexuales" contra mujeres indígenas. "La falta de acción del Estado para remediarlo podría conllevar al exterminio de estas poblaciones”, advirtió el CEJIL.
(cp)
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