Nicaragua: la ofensiva contra las ONG
17 de diciembre de 2018
Defensora desde muy joven de las comunidades indígenas y las mujeres, Castillo fundó hace 10 años el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILSS), una de las nueve ONG que el gobierno de Daniel Ortega proscribió en días pasados, por considerar que sus directivos "fomentan el terrorismo y la desestabilización” a partir de las protestas que estallaron hace ocho meses en el país.
El centro, ubicado en la ciudad de Ocotal, capital del departamento de Nueva Segovia, a unos 230 kilómetros de Managua, recibió durante años financiamiento de gobiernos y ONG europeas, y se convirtió en punto de referencia para la formación de jóvenes, campesinos, indígenas, mujeres, periodistas y activistas del movimiento pro ambiental.
"Este centro lo creamos en 2008 y proyectaba ser una universidad autónoma en Las Segovias. Estaba listo para operar pero el gobierno nunca nos autorizó el ingreso al Consejo Nacional de Universidades (CNU, prosandinista), organismo que dirige la educación superior”, relató Castillo en entrevista con DW.
Su formación como cientista social, con maestría en integración centroamericana y estudios especializados en gestión de riesgos, reducción de vulnerabilidades, gerencia de ONG y seguridad alimentaria, le permitió promover proyectos que impactaron positivamente en el desarrollo comunitario de la región.
Castillo, una líder comunitaria que trabaja por Nicaragua
Durante los últimos años el ILSS otorgó becas a cientos de jóvenes campesinos en centros de educación secundaria y universitaria, dio asesoría legal y sicológica a miles de mujeres y niños víctimas de violencia, y empoderó a muchas más para abrir sus propios negocios rurales.
También construyó viviendas, mini-acueductos y centros de salud comunitaria. Castillo, a quien muchos comparan con la líder ambientalista hondureña Bertha Cáceres, asesinada en 2016, se opuso férreamente a los proyectos de minería extractiva desarrollados por corporaciones extranjeras con autorización del gobierno en Las Segovias.
El ILSS además ofrecía talleres a periodistas locales sobre temas de ética y daba capacitación a miembros del Ejército y de la Policía en derechos humanos y vinculación con la comunidad. Junto con la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) desarrollaba un proyecto de recopilación de la memoria histórica de la década de 1980, que proponía acerca a sandinistas y ex "contras” para evitar una repetición de la guerra. "Ellos han atacado el ILSS porque en este centro la gente fortaleció su poder individual, su identidad de ser indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes en Las Segovias, un territorio olvidado por el Estado”, señaló Haydée Castillo.
Allegados al gobierno acusan a la activista de participar en un "complot” para derrocar a Ortega y el pasado 14 de octubre Castillo fue detenida en el aeropuerto de Managua cuando pretendía viajar a una conferencia de derechos humanos en España. Las autoridades le advirtieron que tenía "restricción migratoria” y que la investigaban por "delitos graves”.
Amenazas de muerte contra Aydeé Castillo
"Me dieron el país por cárcel”, afirmó la directora del ILSS, cuyos familiares cercanos también han sido amenazados. En meses recientes, los muros de su casa en Ocotal amanecieron manchados con pintura negra y las leyendas de "muerte” y "plomo”. Castillo denunció que desde la semana pasada, tras la cancelación de la personería jurídica (permisos legales) a nueve ONG por orden del Ejecutivo, las instalaciones del ILSS permanecen ocupadas por policías antimotines y paramilitares. "Se han apoderado de nuestros vehículos, muebles de oficina, computadoras, documentos, de todo…”, aseguró.
La activista, que ante las amenazas a su vida se ha puesto a resguardo, sostuvo que no renunciará "a la defensa de los derechos humanos, porque para defenderlos no necesito una oficina ni una camioneta”.
La Unión Europea rechaza ataques contra el Estado de Derecho
La suspensión legal de las ONG ha sido criticada en duros términos por la Unión Europea (UE), que en un comunicado advirtió que la medida supone "un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos" en Nicaragua.
Por su parte, el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Paulo Abrao, informó que "la represión en Nicaragua llega a la cuarta fase: la consolidación de un Estado de Excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad' para restringir los contenidos esenciales de los derechos humanos”.
La crisis en Nicaragua comenzó con una protesta estudiantil el 18 de abril pasado. Desde entonces, según la CIDH, 325 personas murieron –entre ellas 29 niños-- y 3.000 más resultaron heridas, en su gran mayoría jóvenes, a manos de policías y paramilitares, si bien el gobierno reconoce 198 muertos. Se reportan además unos 600 detenidos y más de 52.000 emigrados, la mayoría refugiados en Costa Rica.
(jov)