Nicaragua a las urnas

El próximo 6 de noviembre tendrán lugar simultáneamente comicios presidenciales y parlamentarios en Nicaragua. El actual presidente, Daniel Ortega, y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no han perdido en ningún momento su condición de favoritos. Deutsche Welle habló con Sebastian Huhn, investigador de la Universidad de Bielefeld, colaborador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), adscrito al GIGA de Hamburgo, y conocedor del acontecer político nicaragüense, sobre lo que la reelección consecutiva de Ortega –polémica por no corresponderse con lo estipulado en la Constitución– implicaría para el orden democrático en el país centroamericano.

Deutsche Welle: En su opinión, ¿qué significaría la reelección de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua para la institucionalidad democrática en ese país?

Dr. Sebastian Huhn: El triunfo de Daniel Ortega, que es muy probable, significaría que tendrá cinco años más para seguir socavando las bases de la democracia en Nicaragua. En el último lustro, Ortega otorgó cargos de alto rango a personalidades leales a su autoridad en instituciones de vital importancia, como la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, la Policía y el Ejército. Eso no significa que estas instancias funcionen como si fueran sus marionetas, pero, si llega a ganar, seguramente afinará esta estrategia para que funcione como él quiere, poniendo cada vez más poder en sus manos y en las de su esposa, Rosario Murillo.

Se tienen dudas sobre la constitucionalidad de la candidatura presidencial de Daniel Ortega…

Con frecuencia se dice que la legitimidad de su candidatura presidencial es discutible, cuando a estas alturas debería estar claro que la aspiración de Ortega a ser reelegido como jefe del Gobierno nicaragüense viola lo establecido en la Constitución del país. La Carta Magna de Nicaragua prohíbe explícitamente al presidente en funciones optar a una reelección consecutiva. Para que Ortega pudiera participar en esta carrera por la primera magistratura, la Corte Suprema –entre cuyos jueces predominan sus aliados– aprobó su candidatura, pasando por encima del Parlamento. Ortega habría debido reformar la Constitución para poder optar legalmente a la reelección.

Si Daniel Ortega gana las elecciones, ¿cree usted que la irregularidad de su candidatura lleve a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Nicaragua para que se respeten los designios de su Constitución?

Es difícil decirlo porque, en los últimos cinco años, Ortega también ha aplicado una política exterior muy astuta. Ortega ha criticado la actuación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización de los Estados Americanos; pero, aparte de su retórica anticapitalista y antiestadounidense, no le ha dado motivos a nadie para quejarse por lo que ocurre en Nicaragua. Yo tengo la impresión de que la opinión pública internacional no tendría muchos problemas con su victoria en los comicios presidenciales. Entre otras razones, porque la mayoría de los nicaragüenses lo quiere como presidente; Ortega es muy popular en Nicaragua.

El resultado de las elecciones legislativas no es tan fácil de predecir como el de los comicios presidenciales. ¿Puede un Parlamento dominado por la oposición ofrecerle resistencia a un presidente tan popular como Ortega?

La oposición sería la piedra en el zapato de Ortega si ésta llegara a ganar la mayoría de los puestos en el Parlamento nicaragüense, pero no creo que le impediría gobernar a sus anchas: a escala legislativa, la imposición de sus decisiones se vería dificultada, pero ya ha gobernado por decreto en varias ocasiones. Además, ya en el pasado Ortega estableció pactos con la oposición liberal; su alianza con el expresidente Arnoldo Alemán es un buen ejemplo. De ser reelegido como presidente, Ortega sabría cómo instrumentalizar intereses comunes y promesas para ganarse el respaldo de uno u otro sector de la oposición en el Parlamento.

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Se debe tener cuidado cuando se habla de la posibilidad de fraude electoral en los comicios legislativos nicaragüenses. Nadie puede asegurar que no habrá manipulaciones, pero la frecuencia con que la oposición denuncia que se hizo trampa en los países latinoamericanos también debe ser contemplada con distancia crítica. Ortega goza de una gran popularidad por su talante religioso, por su discurso antiestadounidense, por sus programas sociales para reducir la pobreza, facilitar el acceso a la educación y a los servicios sanitarios básicos. De consumarse, su éxito no se deberá únicamente a la aplicación de trucos electorales.

Buena parte de la población venezolana agradece los programas sociales del Gobierno expresando su apoyo al presidente, Hugo Chávez. No obstante, éstos también han sido criticados por ser respuestas temporales a problemas que necesitan soluciones estructurales, sobre todo en los campos de la educación y la salud. ¿Son los cambios propiciados por el Gobierno de Ortega de índole estructural o coyuntural?

Algunos son estructurales y otros sólo coyunturales. Por ejemplo, aunque Ortega se ufana de lo contrario, las políticas de su Gobierno son de hecho liberales y propicias para el empresariado. La mayor federación de empresarios del país y hasta los comerciantes en Estados Unidos reconocen que en Nicaragua tiene lugar un proceso de liberalización económica. Si esa política es sustentable o no, si esa política debe ser percibida o no como una que favorece una mayor justicia social, esa es una cuestión diferente. Pero esta tendencia no es criticada ni por el Fondo Monetario Internacional ni por el Banco Mundial.

Es la efectividad de sus programas sociales la que debe ser vista con cierto escepticismo. A mi juicio, Ortega se toma estos programas muy en serio y hay éxitos que deben ser reconocidos. Su programa para reducir los niveles de pobreza ha surtido efecto, más niños han tenido acceso a la educación primaria desde que Ortega asumió la presidencia y esta hazaña ha sido reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El problema es que estos programas no son sustentables porque dependen del otorgamiento directo de ayudas económicas y estas subvenciones sólo las reciben quienes demuestran lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

¿Aumentarían las posibilidades de éxito de la oposición nicaragüense si se hubieran decidido por un solo candidato presidencial, el empresario de los medios Fabio Gadea o el ex presidente Arnoldo Alemán?

Es un hecho que tanto en el bando de los opositores de izquierda y como en el de los liberales reina el desacuerdo, y también que ninguno de ellos tiene un programa político convincente. En Nicaragua, las energías se concentran en apoyar a una persona y no en concebir propuestas que sean atractivas para los votantes por ser realmente diferentes, por impulsar cambios necesarios. Si los liberales hubieran elegido a un solo candidato, seguramente acumularían más votos, pero no estoy seguro de que pudieran ganar las elecciones. Y es que no hay candidato opositor alguno que pueda apropiarse de un tema que Ortega no haya acaparado ya.

Con sus ínfulas de sandinista y sus programas sociales para reducir la pobreza y universalizar el acceso a la escolaridad, Ortega le quitó un área de influencia a la izquierda, al menos a los ojos del electorado. Pero ha ocupado también el terreno usualmente dominado por los liberales: tras su ascenso al poder, Nicaragua suscribió un tratado de libre comercio con Estados Unidos y, pese a que todo apuntaba en esa dirección, este país centroamericano –el segundo más pobre de la región– no se peleó con el Banco Mundial ni con el Fondo Monetario Internacional. Ni la izquierda ni los liberales se distinguirían de Ortega a la hora de hacer política.

Por otra parte, cabe decir que ni el triunfo de Fabio Gadea ni el del expresidente Arnoldo Alemán sería motivo de alivio para quienes tienen la esperanza de que los valores democráticos florezcan en Nicaragua. Las críticas al estilo de mando de Ortega tienen fundamento, pero la reelección de Alemán tampoco sería positiva para el país, considerando las condenas judiciales que pesan sobre él por el desfalco de millones de dólares pertenecientes al erario público. Y Gadea es un hombre popular –ocupa el segundo lugar en las encuestas–, pero no es un político.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editor: Enrique López