Polémica ley en Nicaragua pone en riesgo acuerdo con la UE

En medio del proceso consultivo y de tramitación del proyecto de ley, organizaciones de derechos humanos y gubernamentales hacen llamados para que la Asamblea Nacional e Nicaragua no apruebe la ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

Con el argumento de proteger la soberanía nacional, la iniciativa obligaría a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior, someterse a un control financiero y abstenerse de participar en política.

Desde el Parlamento Europeo se hacen esfuerzos para evitar la aprobación de la iniciativa legal. El eurodiputado español José Ramón Bauzá, además de ser uno de los firmantes de la carta dirigida al presidente Daniel Ortega, que lo exhorta a detener el proyecto, promueve el debate del tema en el Parlamento y el endurecimiento de sanciones, si es que la ley llegara a ser promulgada.

DW: ¿Cuál es la preocupación en el Parlamento Europeo respecto del proyecto de Ley de Regulación de Agentes extranjeros en Nicaragua?

José Ramón Bauzá: Es una situación muy grave, porque todas aquellas personas que sean registradas como agentes extranjeros tendrían que abstenerse de intervenir en actividades o áreas de política interna. La preocupación es máxima porque incluso los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos dependen también del apoyo financiero extranjero. Esa ley estaría privando de la oportunidad de presentarse democráticamente a procesos electorales a muchas personas que reciben ayudas exteriores.

Según el Frente Sandinista, esta ley busca defender la soberanía, ¿le parece una medida razonable?

Sin duda tiene un objetivo encubierto que es impedir la participación de una alternativa de democracia parlamentaria distinta al régimen. Este proyecto es muy similar a la ley aprobada en Rusia en 2012, y busca impedir cualquier tipo de injerencia en un proceso democrático participativo abierto, con lo cual la dictadura Ortega-Murillo intenta de un plumazo quitarse de en medio a muchos candidatos alternativos a ellos.

¿De aprobarse la ley, estaría en riesgo la cooperación internacional, particularmente de la Unión Europea?

Nosotros hemos solicitado un debate en el Parlamento Europeo para este jueves. Hemos enviado una carta al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y también a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, en que exigimos una condena diplomática al proyecto de ley.  De aprobarse, pedimos nuevas sanciones individuales para el régimen, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la suspensión del Acuerdo de Asociación de la UE con Nicaragua, que es parte de un acuerdo con América Central, pero sería específicamente respecto a Nicaragua.

¿Quiénes se podrían ver afectados?

Nosotros no quisiéramos que esto llegara a suceder porque afectaría el comercio entre Nicaragua y la UE. Este es el último recurso, pero se prevé la suspensión en caso de violaciones a los DDHH o a la democracia. Si llegáramos a ese punto se dejaría especificado el ámbito de los responsables, congelando su patrimonio e impidiendo su entrada en espacios europeos, y se dirigiría específicamente a los responsables de las violaciones de los DDHH.

¿Qué pasaría con los proyectos de cooperación para el desarrollo?

Trabajaríamos para que esos proyectos no se viesen afectados. Sería una actuación específica contra las personas y estructuras que están afectando la libertad del pueblo nicaragüense. No queremos que esto afecte ese tratado que beneficia al pueblo nicaragüense y sus familias, pero debemos ejercer presión internacional.

¿Qué se puede esperar de la reunión en el Parlamento Europeo?

Queremos que se debata y apruebe nuestra propuesta de aplicar sanciones y seguir presionando directamente sobre la dictadura. Ortega y Murillo se amparan en el hecho de que si no hay presión saldrían ilesos de esa situación. Se parapetan en la población y en los tratados entre la UE y América Central, en este caso Nicaragua, para beneficiarse. Pero tienen que sentirse directamente presionados por parte de las instituciones europeas. La presión internacional es lo único que entienden.

La comisión que discute el proyecto en la Asamblea Nacional abrió un proceso de consulta para conocer la postura de sectores involucrados. ¿Confía en que los legisladores cambien de opinión?

Nuestra esperanza es que la ley no se lleve a término. Y si desgraciadamente se aprobara no queremos perder ni un minuto de tiempo y por eso nos hemos anticipado con la solicitud.

(cp)