Separación familiar: "Política improvisada de grave impacto"

Hay patrones que se repiten en los casos de niños separados de sus progenitores en la frontera con Estados Unidos. Uno de ellos es el de hallar culpables a su difícil situación. "Muchos pequeños no entienden lo sucedido. Han vivido cosas tan graves que no logran entender por qué sus papás no les dijeron adiós o por qué no lograron frenar la separación. Así pues, echan la culpa a sus padres”, relata Enrique Morones,  fundador y director de Border Angels, organización especializada en derechos humanos de los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Otro patrón es el de la separación sin previo aviso, como el de una mamá a la que los oficiales de aduana le arrebataron a sus pequeños. "A la señora le dijeron que llevaban a los niños al cuarto de al lado para tomarles unas fotos. Ella pensó que iba a ser por un momento. Nunca creyó que no los iba a volver a ver. No tuvo oportunidad de despedirse”, continúa Morones.

Este jueves (26.07.2018) concluyó el plazo dado por el juez federal Dana Sabraw para reunir a las familias separadas entre el 5 de mayo y el 9 de junio de 2018, tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos. La política de "cero tolerancia" de Trump llevó a la separación de 2.342 pequeños de sus padres. Los niños fueron alojados en campos de refugiados a veces a más de 3.000 kilómetros de donde estaban sus padres o tutores. La ira mundial hacia esta medida de Trump arreció cuando los medios difundieron videos de niños solos sentados en jaulas, además de audios donde se escuchaban llantos.

Política migratoria improvisada

"La práctica de separar familias fue llevada a cabo sin ningún tipo de planificación e incluso en contra de ciertas leyes y acuerdos de Estados Unidos. No es una sorpresa que una política implementada de forma tan improvisada tenga los resultados que está teniendo”, dice a DW Laura Porras,  asociada al programa de Migración del think tank  The Dialogue, con sede en Washington. "En este caso, la medida es el ejemplo más crudo de una serie de políticas migratorias que se han venido dando, pero con la diferencia de que hay cientos de niños separados de sus familias y no sabemos si vamos a poder reunirlos a todos. El impacto humano es mucho más grave”, continúa Porras.

Y es que reunirlos a todos de nuevo no es tan sencillo. Más de cuatrocientos progenitores fueron deportados ya a sus países de origen "por lo que va a tener que haber algún tipo de coordinación con las respectivas autoridades para reunirlos con sus hijos”, dice Porras. Será un proceso que durará meses y, aun así, quedarán niños cuya ascendencia será difícil de identificar, un drama humano al que ha conducido la implacable "tolerancia cero” de Trump. "Las historias son impresionantemente dolorosas”, se lamenta Porras. "Defender la frontera se puede hacer de muchas maneras, también apoyando a los países de origen para que desciendan los niveles de migración. Al final, la política sobre la frontera no solo sucede en la frontera. Sucede en la relación con los países. La migración que ocurre en el Triángulo Norte tiene mucho que ver con violencia y con oportunidades. Lamentablemente esas no son cosas que se resuelven de la noche a la mañana”, recalca la experta.

Debate para la protección de las personas

Las familias migrantes que llegan de forma irregular a Estados Unidos ya no serán separadas, sino encerradas juntas mientras se enjuicia a los progenitores por la "falta administrativa” que constituye su ingreso irregular. Así es como lo hicieron administraciones previas a la de Trump. "Es una falta administrativa, pero se los trata como criminales”, dice a DW Danilo Rivera, experto en migraciones del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo. Para Rivera, el efecto de la separación "es irreversible”. "Hay que mantener el principio de unificación familiar”, continúa. "En caso que haya situaciones de violencia en país de origen, hay que asegurar el principio de no devolución. Y, por otro lado, es importante promover entre los países la discusión para procesos de regularización. Hay que generar debate entre Gobiernos para la protección de las personas. No es posible que una falta administrativa viole y separe familias”, concluye.

Autora: María Santacecilia (CP)

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