“No hay reconciliación verdadera sin justicia”

En plena Guerra Fría, un pequeño país de Sudamérica daba una sorpresa al elegir, de forma democrática y sin violencia, a un mandatario de izquierda apoyado por los partidos Socialista y Comunista. Salvador Allende Gossens tenía la misión de instaurar su “vía chilena al socialismo” con un Parlamento dividido y con el apoyo, en las urnas, del 36 por ciento de la ciudadanía. Tarea difícil que, como muestra la historia, no alcanzó a terminar. El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet dieron un golpe de Estado que acabó con el régimen y se selló con el suicidio, en el palacio de Gobierno, de Allende.

Este 11 de septiembre se cumplen 40 años desde aquel episodio que marcó la historia de Chile. Se conmemoran con dolor, para muchos, y con admiración, para otros. La sociedad chilena sigue dividida frente al episodio. “Una parte de la población apoyó el golpe y al régimen de Pinochet y sigue haciéndolo. Mucho de ese respaldo tuvo y tiene que ver con cuestiones ideológicas, de visión de país y de construcción económica”, dice Javier Zúñiga, experto de Amnistía Internacional y exinvestigador sobre la realidad de Chile, en entrevista con DW.

“La sociedad chilena está dividida con respecto a este tema, pero la verdad no”, explica Zúñiga. “Ésta fue establecida por dos comisiones independientes, Rettig y Valech, aparte de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Amnistía Internacional, etcétera”, añade el especialista, quien aboga por una mayor preocupación por parte del Estado en la generación de programas de memoria histórica. “Es esencial que los ciudadanos conozcan lo que pasó, sepan que hubo miles de personas torturadas y desaparecidas, etcétera. Si bien es cierto que en los últimos años el Gobierno se ha involucrado más en actos para la recuperación de la memoria, los mayores esfuerzos siguen proviniendo de las propias víctimas y sus familiares”.

DW: En los últimos días importantes dirigentes políticos han pedido perdón por su responsabilidad personal antes y después del golpe. Funcionarios del Poder Judicial hicieron algo parecido. ¿Sirven de algo estas declaraciones?

Zúñiga: Las declaraciones de perdón son importantes y necesarias. Llegan tarde, pero son bienvenidas. En el caso de los magistrados, es relevante que hayan reconocido sus omisiones durante la dictadura de Pinochet, en particular el rechazo de miles de recursos de amparo a favor de las víctimas. Sin embargo, esto tiene que ir acompañado de medidas concretas para poner fin al legado de impunidad que todavía existe en Chile. Por ejemplo, el Decreto Ley de Amnistía, que durante años ha impedido el procesamiento de muchos de los represores, debería ser anulado inmediatamente.

Importantes sectores de la población siguen justificando el Golpe de Estado e incluso la muerte de personas en el proceso. ¿Cómo se explica esto?

No es posible justificar las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época. Por eso es importante que, junto con asegurar verdad y justicia, se invierta en programas de memoria histórica. Un elemento crucial para evitar que violaciones tan graves como las cometidas por el régimen de Pinochet vuelvan a cometerse y a tolerarse es a través de un trabajo de conciencia pública sobre lo que fueron esos años.

Hasta hoy la chilena es una sociedad fuertemente dividida. ¿Es posible la reconciliación sin justicia o hay que esperar que las heridas sanen con el tiempo?

No hay reconciliación verdadera sin justicia. El Estado debe escuchar a las miles de víctimas y familiares que piden verdad, justicia y reparación. Hasta que este reclamo no sea atendido, será muy difícil que las heridas sanen. No puede haber reconciliación si no se restituye la dignidad y si no se obliga a los perpetradores a responder por sus crímenes.

Usted ha trabajado con exiliados. ¿Puede contarnos a qué debieron enfrentarse quienes fueron forzados a dejar su país?

Se calcula que miles de personas se exiliaron y muchas de ellas fueron expulsadas tras su detención y repetidas torturas, y llegaron a países en los que su adaptación no fue nada fácil: no hablaban el idioma, venían de una cultura distinta y además sufrían secuelas graves. Con posterioridad al régimen militar, los exiliados que no retornaron a Chile no han podido acceder a las medidas de reparación previstas por el Estado. Precisamente en estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos está deliberando sobre el caso de una víctima de tortura que lleva casi 40 años en el Reino Unido tras ser expulsada de Chile. Para esa persona el exilio fue muy duro y marcó su vida y la de su familia para siempre.

¿Ha hecho lo suficiente el Estado chileno para encontrar a los detenidos desaparecidos y entregar algo de consuelo a las familias de quienes fueron asesinados durante la dictadura?

Las distintas comisiones concluyeron que hubo al menos 1.100 casos de desaparición forzada en Chile. En los últimos años se ha avanzado en el trabajo de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, pero queda mucho por hacer. Recientemente, el Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas de la ONU recomendó al Estado un plan de búsqueda de personas desaparecidas. También en la justicia quedan temas pendientes. La desaparición forzada es un delito permanente hasta que se encuentra e identifica el cuerpo. Es importante que las cortes apliquen la normativa internacional y que los perpetradores enfrenten condenas acordes con la gravedad del delito, algo que en algunos casos no está ocurriendo en Chile.

¿Está el Chile actual basado en un modelo heredado de la dictadura o los gobiernos de la transición consiguieron superar los “amarres” dejados por Pinochet en la Constitución, por ejemplo?

En los años posteriores a la dictadura, Chile ha hecho esfuerzos para terminar con el legado del pasado. Un ejemplo han sido los informes de las Comisiones Rettig y Valech, que sirvieron para reconocer oficialmente los más de 40 mil casos de tortura y las cientos de desapariciones forzadas. Pero desafortunadamente Chile mantiene trabas, como el uso de la jurisdicción militar para investigar y perseguir violaciones cometidas por los militares y las fuerzas de seguridad. Eso es sinónimo de impunidad. Otro de los legados de la época de Pinochet es el sistema binominal de elecciones, que ha limitado el acceso de minorías a asientos de representación popular. O la reforma al código sanitario, que impide abortar en caso de riesgo de vida de la madre. O la discriminación contra los mapuches y la falta de reconocimiento pleno de sus derechos a tierras ancestrales.

Visto con perspectiva, ¿cómo calificaría usted la reacción de la comunidad internacional cuando se interrumpió la democracia en Chile?

El mundo vivía en medio de la Guerra Fría y la mayor parte de los países condenó el golpe, pero muchos implícitamente estuvieron satisfechos de que un gobierno que incluía a comunistas hubiera sido derrocado. En 1973 también fue el golpe en Uruguay y en 1976 el de Argentina. Después de las condenas públicas, muchos países abrieron las puertas para los exiliados, pero la comunidad internacional no llegó a tomar sanciones y Pinochet pudo violar los derechos humanos con toda impunidad durante el tiempo que estuvo en el poder.

Autor: Diego Zúñiga
Editora: Claudia Herra Pahl