La resolución 2334, aprobada recientemente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha causado un gran revuelo. Ahora que la construcción de asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados ha sido condenada como una seria amenaza para la llamada solución de dos Estados, el Gobierno israelí se siente tratado injustamente. No obstante, cabe decir que no hay nada realmente nuevo en esta resolución; ella repite esencialmente las críticas oreadas por la comunidad internacional en ocasiones anteriores. Y, a decir verdad, tampoco hay nada nuevo en la forma agresiva con que Israel reaccionó. El Consejo de Seguridad ha aprobado más de doscientas resoluciones adversas a los intereses de Israel, incluyendo muchas que condenan el tratamiento que Israel le da a la población palestina: ya sea como refugiados, negándoles el regreso a su patria –al lugar de donde fueron parcialmente expulsados por los israelíes–, o como víctimas de la ocupación israelí.
Exasperante expansión
A estas alturas del conflicto casi se ha olvidado que después de la guerra de 1948 y hasta 1966, el destino de más de 100.000 palestinos en territorio israelí fue puesto bajo administración militar. Los métodos de opresión utilizados contra los palestinos sentaron la base para la creación del aparato de ocupación israelí en los territorios palestinos después de 1967. Desde el principio se centraron en reducir las áreas donde los palestinos podían vivir y, siempre que era posible, en aislar unos bastiones palestinos de otros.
Esta táctica fue seguida por la erección de un asentamiento israelí en las áreas ocupadas de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza –una violación flagrante del derecho internacional–, iniciada poco después de la Guerra de los Seis Días. Por esos días se construyeron otros asentamientos judíos, no solamente en el llamado Gush Etzion –una zona palestina relativamente poblada al sur de Jerusalén–, sino también en el Valle del Jordán, donde esas colonias israelíes sirvieron para dificultar el acceso de los palestinos al río del mismo nombre. La construcción de los primeros barrios judíos en Jerusalén oriental, que comenzó en 1970, tenía un propósito similar: impedir el crecimiento natural de las zonas palestinas allí y la cohesión entre ellas.
Hoy día se da por sentado que aquellas medidas y la masiva expansión de los asentamientos israelíes en los años setenta y ochenta contribuyeron para que fuera imposible la fundación de un Estado palestino. No obstante, esta perspectiva es algo anacrónica: un Estado palestino independiente estaba más allá de la imaginación de los principales políticos israelíes del momento. El levantamiento de colonias reflejaba las aspiraciones de expansión, de crear un “Gran Israel”. Las nociones de autonomía palestina que se debatieron en 1979 en el marco del tratado de paz entre israelíes y egipcios se debió completamente a la masiva presión internacional sobre el Gobierno israelí, que en última instancia estropeó el plan bajo el liderazgo de Menachem Begin.
Contradictoria condena
En realidad, la fundación de una autoridad palestina fue catalizada por el levantamiento nacional de los palestinos y del resultante acuerdo de Oslo, en 1993. El Gobierno israelí argumentó que su oposición a la creación de un Estado palestino independiente se debió principalmente a la sensación de amenaza generada por el terrorismo palestino: Israel, como represalia por los atentados palestinos, utilizó ésto como justificación para construir más colonias judías.
La comunidad internacional ha criticado regularmente la política de asentamientos de Israel, pero se ha quedado en eso, sin imponer sanciones dolorosas. El Gobierno israelí llegó a la conclusión de que la construcción de asentamientos había sido aceptada y, con el tiempo, continuó la ofensiva retórica con furiosos arrebatos y acusaciones de antisemitismo contra las Naciones Unidas e incluso contra su más fuerte aliado, Estados Unidos, que, sin embargo, continuó apoyando militar e irrestrictamente a Israel. Bajo la presidencia de Barack Obama el apoyo fue incluso mayor; lo mismo se puede decir de Alemania, que, bajo el Gobierno de Angela Merkel, apertrechó a Jerusalén con submarinos y buques de guerra a pesar de todas las críticas a la política israelí de asentamientos.
En Occidente, donde muchos países continúan cooperando directa e indirectamente con Israel en materia de armamento y seguridad, uno debería preguntarse por qué todavía se pide a Jerusalén que propicie la solución de dos Estados. Esta conducta y la renuncia a sanciones efectivas sólo sirven para socavar el proceso de paz entre las partes en discordia, fortaleciendo simultáneamente a la ultraderecha en Israel y al extremismo palestino.
El discurso en torno a la solución de dos Estados no es otra cosa que retórica vacía, y eso no ha pasado inadvertido en Israel. Eso permite que la derecha israelí prospere y conduce a la desesperación tanto a la izquierda israelí como a los palestinos moderados, que, al parecer, ya no pueden esperar nada positivo de Washington bajo la batuta de Donald Trump. La ayuda de la Unión Europea, por lo tanto, será más necesaria que nunca; el bloque comunitario tendrá que adoptar una postura más dura contra Jerusalén.