Opinión: ¡No bajes la guardia, Brasil!

Lo cierto es que el destino de Dilma Rousseff ya se había decidido el 17 de abril de 2016. En ese día en Brasilia la Cámara de Representantes aprobó, por amplia mayoría, la apertura del juicio de destitución de la presidenta brasileña. La confirmación final por el Senado era solo una formalidad.

El proceso tomó nueve meses - desde la solicitud hasta el veredicto, recorriendo así los pasos formales constitucionalmente previstos. Este soporte era importante para los enemigos de Rousseff, que querían disipar toda sospecha de un golpe de Estado, toda vez que las presuntas pruebas contra Rousseff se fueron desvaneciendo a lo largo del proceso. Los argumentos, tanto de la acusación como de la defensa, fueron expresados pero no escuchados porque los dictámenes de las partes ya estaban preconcebidos.

Los defensores de la destitución insistían en que Rousseff debía ser responsabilizada por los desaciertos cometidos durante su mandato. El problema es que la Constitución presidencialista de Brasil no contempla las decisiones políticas como motivo de impugnación de dicho cargo, por tanto, el Senado no tenía por qué fallar sobre su gestión en general.

Rousseff siempre ha reaccionado muy tarde

Pero el Senado logró capturar la opinión pública desde el inicio. Una gran parte de la polarizada población de Brasil pedía desde hace ya mucho tiempo la destitución de Rousseff, a sabiendas de que muchos de los que habrían de decidir su destino, son acusados de delitos peores que el que se le endilga a la presidenta. Para los oponentes de Rousseff, su destitución era el medio para lograr su objetivo: ponerle fin a la profunda y larga crisis económica, de la que el gobierno en su letargo no pudo encontrar ninguna salida.

La presidenta fue, por lo tanto, también víctima de la crónica desorientación de su propio gobierno. Debido a su falta de rumbo, Rousseff perdió apoyo en tiempos en los que no había aún ninguna sospecha jurídicamente relevante: muchos de sus propios electores exigieron su salida temprana. Al final, ni siquiera quienes rechazaban la destitución se podían imaginar a dónde iría a parar Brasil si Rousseff seguía en el poder.

La única posibilidad realista de Rousseff de continuar gobernando, habría sido convocando a nuevas elecciones. Pero vaciló, como lo ha hecho a menudo. Y cuando finalmente fue capaz de proponerlo, la dirección de su propio partido enterró la idea por 14 votos contra dos.

Destitución, no un nuevo comienzo

El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) sacrificó a su presidenta Dilma Rousseff. Ahora, el partido espera que el gobierno del nuevo presidente, Michel Temer, se desgaste hasta las elecciones regulares de 2018. Temer, que pasó de ser el vicepresidente de Rousseff a convertirse en su archienemigo, ya es impopular. El PT podría así terminar beneficiándose de la destitución de Rousseff.

Si hay algún aspecto positivo de toda esta crisis, es que, ahora que el PT ha perdido su oportunidad, tendrá que dar paso a una nueva izquierda que enfrente con mayor legitimidad la amenazante ola de la derecha conservadora y religiosa que actualmente se cierne sobre Brasil.

Sin embargo, sería extremadamente peligroso contentarse con un suspiro de alivio. En primer lugar, un proyecto neoliberal que no ha sido legitimado por ninguna elección, determinará el destino del país durante los próximos 28 meses. En segundo lugar, Brasil está siendo gobernado por docenas de políticos contra quienes hay procesos abiertos por corrupción. Y estos ya han dado a entender que - con todos los medios - bloquearán en el Congreso las nuevas leyes anti-corrupción y la investigación del escándalo en Petrobras.