“Ortega es rehén de su Policía política”
16 de mayo de 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en un comunicado que 17 detenidos nicaragüenses, que la oposición considera "presos políticos”, se encuentran "en una situación de extrema gravedad y riesgo de daños irreparables” por efectos de la reclusión, en algunos casos acompañada de tratos inhumanos, problemas de salud y aislamiento extremo.
Consultado por DW, el doctor Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, explicó que las medidas fueron solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la OEA. Dicha Corte podría recomendar la excarcelación definitiva, el arresto domiciliar o la liberación con aparatos electrónicos, implementos que algunos países latinoamericanos utilizan para vigilar a distancia al reo.
Los 17 prisioneros en cuestión han tenido un rol de liderazgo en las protestas sociales, como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Mario Fonseca y los líderes estudiantiles Amaya Coppens, Edwin Carcache, Christian Fajardo y Yubrank Suazo, entre otros.
También figuran en la lista los defensores de derechos humanos Jaime Ampié Toledo, Julio Ampié Machado y Reynaldo Lira, el catedrático Ricardo Baltodano y los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, arrestados en diciembre en su centro de trabajo, el clausurado canal de televisión 100 % Noticias.
Los 17 detenidos fueron encarcelados en distintos momentos y a pesar de que antes de su arresto gozaban de medidas cautelares propias de la CIDH, destacó Paulo Abrao.
De acuerdo al procedimiento de rigor, la Corte Interamericana deberá dictar una resolución sobre el caso y notificarla a las autoridades nicaragüenses. De no acatarla, el Estado de Nicaragua podría recibir una condena judicial.
Acuerdos incumplidos
Cientos de personas detenidas en las protestas de 2018 en Nicaragua siguen encarceladas, pese a que en el segundo diálogo con la oposición Ortega se comprometió a liberarlas de forma definitiva en un plazo de 90 días, que expira el próximo 18 de junio. Hasta ahora, solo han salido de prisión 236 personas, todas bajo arresto domiciliar según ha reconocido el gobierno.
La oposición acusa también a Ortega de incumplir los acuerdos para restaurar las garantías fundamentales, como la libertad de prensa, de reunión y de manifestación. Además del cierre de varios medios de comunicación y la confiscación de sus edificios y equipos, el gobierno mantiene retenidos en la aduana el papel y la tinta importada por los dos grandes diarios impresos del país, que han alertado sobre su inminente desaparición.
Abrao es pesimista frente al futuro inmediato de Nicaragua, donde el año pasado 325 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas por las balas disparadas por la Policía y los paramilitares; además, otras 62.000 han emigrado y se han refugiado mayoritariamente en Costa Rica.
"El gobierno sigue en un estado de negación de sus crímenes y atentando en contra de todos que han denunciado o siguen denunciando las violaciones a los derechos humanos”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH.
"El gobierno es rehén de la Policía política que ha creado. Los policías cumplieron órdenes de reprimir y matar y ahora (Ortega) tiene que protegerlos. Mientras tanto, las víctimas siguen sin justicia y reparación”, lamentó.
En sus declaraciones oficiales, el gobierno asegura tener voluntad de cumplir los acuerdos y alcanzar "la paz y la reconciliación”. Al mismo tiempo, insiste en que sus interlocutores en el diálogo son "terroristas” que organizaron "un fallido golpe de Estado”.
"No soy optimista, porque el gobierno no consigue entender que liberar a los detenidos políticos y promover reparación y justicia, podría ser el paso fundamental para generar el ambiente que permita cambiar la inestabilidad política y buscar salidas democráticas a la crisis”, opinó Abrao.
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