Pacífica y masiva jornada 14 del “paro nacional” en Colombia

En Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos del país, avanzan marchas que exigen nuevas políticas al presidente conservador Iván Duque, que intenta reducir el malestar con ofrecimientos como el ingreso gratuito a las universidades públicas. "Lo que ha vivido el país es una situación de desigualdad extrema", dijo Luis Carlos García, profesor universitario de 35 años, quien salió a manifestarse con su hijo de cuatro por las calles de la capital colombiana. "Y lo único que recibimos, cuando legítimamente decimos que eso no es justo, es violencia por parte del Estado".

Los colombianos completan 14 días de protesta, con jornadas más intensas que otras, pese a que han muerto 42 personas (un uniformado y 41 civiles), según reportó la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos.

Son las manifestaciones más violentas que haya enfrentado recientemente gobierno alguno en este país de 50 millones de habitantes, empobrecido por la pandemia y donde la violencia financiada por el narcotráfico esfuma la ilusión de paz, tras el histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC.

En el poder desde hace casi tres años, Duque ha encarado multitudinarias marchas desde 2019 y, tras algunos periodos de tregua, destapó la ira popular con un proyecto legislativo que planteaba un alza de impuestos. Finalmente, presionado por el grito de las calles, debió retirar la propuesta con la que pretendía paliar el efecto devastador de la emergencia sanitaria que deja en un año cerca de 80.000 muertos.

Sin embargo, la reacción de las fuerzas de seguridad avivó el descontento. Desde entonces se han multiplicado los focos de protesta, sin una agenda o liderazgo definidos, pero que en el fondo reclaman un país más equitativo y un Estado más solidario, sobre todo con jóvenes y viejos, y que garantice la vida y la seguridad.

El lunes Duque se reunió con la organización más visible de los manifestantes, el llamado Comité del Paro, pero las partes no alcanzaron un acuerdo para desactivar la crisis, que planea sobre la Copa América-2021 de fútbol que prevé acoger el país junto a Argentina entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos.

"1.956 casos de violencia estatal”

Las ONG han documentado múltiples abusos policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad internacional que, en cabeza de Estados Unidos, han pedido moderación a la fuerza pública. Una cascada de videos apunta hacia la presunta responsabilidad de uniformados en ataques a bala a manifestantes, así como de civiles armados.

La organización Temblores ha registrado en estas dos semanas de crisis 1.956 casos de violencia estatal, con 40 homicidios en los "que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública". De su lado, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Gutiérrez, reconoció este miércoles 35 decesos "en el marco de la contingencia social", entre ellos varios cuya relación con las protestas todavía está en investigación.

Reacio a admitir los excesos policiales, Duque sostiene que la fuerza pública ha actuado con "obediencia absoluta a la Constitución", y que los abusos, "por conductas individuales", se "judicializan".  Según el mandatario hay 65 acciones disciplinarias contra uniformados: 8 por homicidio, 11 por agresión física, 27 por abuso de autoridad y 19 por otras acciones. El lunes la policía anunció la suspensión de cinco efectivos.

El presidente insistió en señalar por igual "las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública".

Miguel Quiñones, universitario de 22 años, que salió a protestar en Bogotá, espera un mensaje más contundente. "Esperamos, primero, una disculpa a todos los compañeros que han caído; a los compañeros que estamos ahorita en las calles, a todas esas familias a las que se ha vulnerado el derecho a la protesta, el derecho a la vida (...) Ya luego (vendrá) una conversación seria, contundente con (..) los grupos sociales".

Con miles de manifestantes en las calles, el gobierno no solo enfrenta una presión popular inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema sanitario por cuenta de una multiplicación de los contagios en medio de una vacunación que solo ha cubierto al 6,6% de la población.

jov (afp, elpaís.com, elespectador)