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Parlamento de Ecuador aplaza debate de ley del aborto

26 de enero de 2022

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó que, dependiendo el contenido del texto final, podría vetar total o parcial el proyecto de ley.

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Ecuador I Gefängnisaufstand
Imagen: Dolores Ochoa/AP/picture alliance

La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento), Guadalupe Llori, resolvió suspender este martes (25.01.2022) el segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto por violación para dar más tiempo a los legisladores para analizar la cuestión.

Llori, del movimiento plurinacional Pachakutik, justificó su decisión en que "los jefes de bancada consideran que los asambleístas deben contar con el tiempo necesario para el análisis y elaborar propuestas".

La jefa de la Cámara legislativa comunicó su decisión a los asambleístas después de que arrancara por la mañana una sesión virtual en la que se dio lectura a un informe de mayoría presentado por la Comisión de Justicia y fuera analizado por expertos médicos, abogados, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El análisis sobre la nueva legislación se vio acompañado por un clima de gran expectación, al que se sumaron las declaraciones del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de que puede vetar la legislación si excede el mandato de la Corte Constitucional.

El informe de la comisión parlamentaria redujo el plazo propuesto inicialmente para acogerse al aborto voluntario de 28 a 20 semanas de gestación como límite para las mujeres mayores de edad, y a 22 semanas para las menores de 18 años.

Con el aplazamiento del segundo debate, aún se desconoce un cronograma claro acerca de cuándo podrá ser sometido al análisis de los asambleístas y la votación de la Cámara, antes de ser remitido al Ejecutivo para que le dé el visto bueno o veto.

El mandatario ecuatoriano avanzó hoy que, aunque no conoce los términos del proyecto de ley definitivo que será entregado al Ejecutivo, tiene intenciones de vetarlo de manera parcial o total, "todo depende de cuál es el texto final de la Asamblea Nacional". 

Colectivos exigen ley justa

Cuando se conoció el dictamen de la Corte Constitucional en abril del año pasado, Lasso, quien ha expresado en numerosas ocasiones su "defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte", dijo que respetaba la decisión de los magistrados dado su talante republicano. 

"Yo me ratifico, si ese proyecto de ley excede el mandato de la Corte Constitucional será vetado por el Ejecutivo", zanjó hoy en una entrevista con medios locales en la sede presidencial de Quito, en momentos en los que se llevaba a cabo el debate parlamentario.

Ataviadas de color verde unas 300 integrantes del colectivo feminista llegadas de distintos puntos del país se dieron cita ante la sede de la Asamblea Nacional en Quito, como parte de una movilización nacional, que se sigue también en redes sociales, con la que exigen con urgencia una legislación que regule el aborto bajo la nueva causal.

En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas, hasta que fue despenalizado por violación el año pasado por el alto tribunal.

Valeska Chiriboga, representante de la plataforma Ola, una de las organizaciones que integra el colectivo de mujeres, llamó a los legisladores a que aprueben "una ley justa, reparadora, sin plazos u obstáculos innecesarios que impidan la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación".

Por su parte, la asambleísta por la provincia de Pichincha Jahiren Noriega, de la formación correísta Unes, recordó que "desde el 28 de abril de 2021 el aborto en casos de violación ya se encuentra despenalizado en este país", y que el debate en la Asamblea no gira en torno a "aborto sí o aborto no", sino sobre "cómo se va a reglamentar el acceso a este derecho".

La diputada reconoció que los "grupos antiderechos" cuentan con una voz importante en el Parlamento, lo que ha tornado "más complejo el debate", especialmente en cuestiones como plazos y objeción de conciencia de los facultativos.

mg (efe, El Comercio)