Perú: el “pueblo del jaguar” contra un gigante petrolero

“Digan al mundo que los matsés están totalmente en contra de la empresa petrolera. No la queremos en nuestra tierra”, pide en su lengua Salomón Dunu. “Los lugares a los que íbamos a cazar están siendo talados”, denuncia en un video grabado por Survival International, organización defensora de los pueblos indígenas tribales en todo el mundo.

Salomón habla en nombre de unos 2.200 indígenas de la tribu amazónica “Matsés” (“Mayoruna” en Brasil) así como de sus vecinos en situación de “aislamiento voluntario”. Asesorados por Survival International, estos habitantes de la ribera del río Yaquerana, en la frontera entre Brasil y Perú, instan al Banco Santander, BBVA, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Allianz, General Electric y otros cientos de accionistas del gigante petrolero Pacific Rubiales, a retirar sus acciones de la hidrocarburífera colombo-canadiense.

Tras una reunión binacional, el pasado marzo, los líderes peruanos y brasileños del pueblo matsés, solicitaron apoyo a organizaciones de ambos países y a la sociedad civil internacional para impedir cualquier actividad petrolera dentro de lo que consideran un solo territorio ancestral sin fronteras, que abarca “toda la cuenca hidrográfica del Yaquerana, incluida la Reserva Nacional Matsés, la propuesta de Reserva Territorial Tapiche-Blanco-Yaquerana y la Zona Reservada Sierra del Divisor”.

Pacific Rubiales inició este año exploraciones petrolíferas en el lote 135 de la región amazónica peruana de Loreto y no descarta la posibilidad de explorar el lote 137. Ambos se cruzan con zonas de reserva o de propuesta de reserva nacional. Pero el gobierno peruano, sin consulta previa con los habitantes de la región, ha concedido la licencia que permite a Pacific Rubiales construir líneas sísmicas y excavar pozos de prospección que amenazarán las cabeceras de ríos esenciales para la supervivencia de los matsés y sus vecinos “no contactados”, asegura a DW Rebecca Spooner, especialista de Survival International.

Sin consulta previa

El proyecto, valorado en 36 millones de dólares, pone en peligro la subsistencia de indígenas “aislados”, que la empresa “ni siquiera menciona en su estudio de impacto ambiental”, explica Spooner. Su presencia en la región del Alto Yaquerana ha sido confirmada por los matsés, que demandan por ello el reconocimiento oficial de la propuesta de Reserva Territorial Tapiche-Blanco-Yaquerana. Pero la propuesta, canalizada desde 2003 a través de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), no ha recibido hasta ahora respuesta del gobierno, agrega la especialista de Survival International.

“Iniciativas y actuaciones que tienen como norte central la protección de la inversión privada” desdibujan el rol estatal garante de los derechos de los pueblos indígenas peruanos en sectores claves como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Viceministerio de Interculturalidad, lamenta el balance sobre “Sistema de Justicia y derechos de pueblos indígenas en el Perú”, elaborado al concluir el año 2012 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), organización independiente que monitorea el desarrollo de las políticas públicas peruanas.

“Teníamos mucho optimismo cuando el Congreso aprobó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero últimamente estamos muy escépticos porque (el presidente Ollanta) Humala ha dicho que no hay pueblos indígenas en la sierra. El ministro de Energía y Minas ha dicho que va a exonerar de consulta a 14 proyectos mineros. El viceministro de Interculturalidad acaba de renunciar. Y el ministro de Cultura acaba de decir que no se va a publicar la base de datos de los pueblos indígenas”, contextualiza Juan Carlos Ruiz Molleda, responsable del área de litigio estratégico en el IDL.

“Creo que los sectores más duros, que defienden el extractivismo y no a los pueblos indígenas, están ganando terreno en el Ejecutivo. Pensábamos que habría un reconocimiento pero hasta ahora no ha habido consulta de ningún lote petrolero, ni de ninguna concesión minera; o sea, hay un desencuentro entre el ordenamiento jurídico y la realidad”, concluye el abogado de IDL.

Entre derechos indígenas, estatales y de las empresas privadas

“El derecho al territorio de los pueblos indígenas –a quienes el derecho internacional reconoce la posesión ancestral como equivalente a la inscripción del título de propiedad– no es absoluto”, reconoce Ruiz Molleda. Pero tampoco la necesidad del Estado de explotar recursos naturales ni la libertad de empresa lo son, agrega. Cuando no hay acuerdo entre el Estado (dueño del subsuelo) y los pueblos indígenas (dueños de los recursos superficiales), decide el Estado. Pero la omisión de la consulta previa al pueblo matsés –que es un derecho constitucional– podría conducir en este caso a la anulación de la concesión a Pacific Rubiales, explica el abogado de IDL.

Y aunque se consultara, si no es posible armonizar jurídicamente los derechos indígenas, estatales y de las empresas privadas, “los derechos fundamentales están por encima de las facultades legislativas y la discrecionalidad del Estado”, insiste Ruiz Molleda. Así que, si se demuestra que está en peligro el derecho a la vida y a la salud de pueblos indígenas, en contacto inicial o en aislamiento voluntario, más allá de la consulta, agrega el abogado de IDL, “hay que contar con su consentimiento”.

Entre los desafíos pendientes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el Perú, amenazados una y otra vez por proyectos como el Pacific Rubiales, IDL reclama: un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, un sistema autónomo para la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental, procesos de Consulta Previa bien conducidos, así como un ente rector nacional que dirija la política de titulación de tierras y un sistema de catastro rural que respalde esos procesos de titulación.

Por el momento, la campaña de los matsés y Survival International ha recibido una respuesta positiva de alrededor del 10 por ciento de los accionistas contactados, calcula Rebecca Spooner, aunque se reserva la identidad de aquellos que han prometido ejercer presión sobre Pacific Rubiales para retirarse de la zona. La propia petrolera colombo-canadiense, por su parte, no ha cerrado la posibilidad a un encuentro con representantes de Survival International. Pero, mientras el diálogo o la acción jurídica llegan quizás a buen puerto, los helicópteros y trabajadores de la empresa petrolera avistados por los indígenas probablemente seguirán operando en el territorio.

Autora: Rosa Muñoz Lima
Editora: Claudia Herrera Pahl