Perú: informe vincula a Alan García con "organización delictiva"
3 de febrero de 2014
Una comisión investigadora del Parlamento del Perú halló "indicios razonables" para acusar al expresidente Alan García de formar parte de una "organización delictiva" durante su segundo gobierno (2006-2011), según hizo público hoy el diario El Comercio. El supuesto nexo de García tiene que ver específicamente con la adulteración de pruebas en un caso de espionaje, hecho que también compromete a los exministros Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo.
El informe del llamado Caso BTR forma parte de las conclusiones a que llegó la comisión presidida por el oficialista Sergio Tejada, que deben ser discutidas por el pleno del Congreso en marzo y sobre las que aún se desconocen muchos detalles específicos. Todo comenzó en 2009, cuando la Policía detuvo a seis personas de la empresa BTR (Business Track), al comprobarse que fueron quienes grabaron una conversación privada que comprometía en irregularidades a un miembro de la entidad que da concesiones petroleras, Alberto Químper, y a un lobista al servicio de transacionales, Rómulo León Alegría, miembros ambos del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP).
La policía les incautó abundante documentación, obtenida mediante escuchas ilegales y robo de correos electrónicos, donde se especulaba con maniobras ilícitas de lobistas con funcionarios del Gobierno, incluidos Del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, y Garrido Lecca, ministro de Salud. En medio de denuncias sobre la supuesta intención del Gobierno de manipular las pruebas, en una madrugada fueron borrados por manos extrañas de dos USB 592 archivos, entre audios y correos electrónicos.
¿Acabar con la carrera política de García?
Las investigaciones de la comisión apuntan a que el acto estuvo supuestamente orquestado por García, Del Castillo y Garrido Lecca y fue llevado a cabo por el general Hidalgo, entonces jefe de la Policía Antidrogas y más tarde ministro del Interior. Del Castillo, principal líder del PAP después de García, quien tuvo que renunciar a la jefatura del gabinete a raíz del escándalo, afirmó, tras conocer la dirección del informe, que es una acción del gobernante Partido Nacionalista Peruano (PNP) y le restó importancia pues, según él, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que no hubo injerencia política.
La comisión pluripartidista investigó la presunta corrupción durante el segundo Gobierno de García. Según ha trascendido, el expresidente también aparece directamente vinculado al menos en otro caso, el de la supuesta entrega de beneficios penitenciarios, incluidos indultos, a cambio de dinero. El PAP argumenta que el PNP quiere acabar con la carrera política a García mediante el encarcelamiento o la inhabilitación para ocupar cargos. El exmandatario también terminó entre sospechas su primer Gobierno (1985-1990), pero los casos prescribieron después de que la persecución del presidente Alberto Fujimori lo obligara a asilarse.
MS (dpa/El Comercio)