Peña Nieto, entre la espada y la pared

Durante dos años, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pulió de manera inteligente la imagen de su país. Pero luego de que las autoridades mexicanas descubrieran desde fines de septiembre alrededor de veinte fosas comunes, el gobierno de Peña Nieto se ha convertido en blanco permanente de las críticas. A eso se suma una grave sospecha de corrupción que podría llevarlo a prisión.

Imán para inversionistas internacionales

En febrero de 2009, medios estadounidenses informaron que el servicio secreto y el Ministerio de Defensa de EE. UU. se estaban preparando para una implosión política en México. La situación de seguridad en ese país igualaba, según esas fuentes, a la de Pakistán, y el Estado mexicano estaría a punto de colapsar. Exactamente cinco años más tarde en febrero de 2014, el Time Magazine le dedicó la portada a Peña nieto con el título “Un salvador para México”. No pasaron siquiera 15 meses, y Peña Nieto asumía el cargo de presidente, y ya se había encargado de mejorar tanto la imagen de su país que las inversiones directas desde el extranjero ascendieron en su primer años como presidente de 12.700 millones de dólares, en 2012, a 35.200 millones en 2013. A comienzos de febrero de ese mismo año, la agencia de rating Moody's calificó los bonos estatales de México con la mejor nota de su historia, una “A3”.

Un componente fundamental de la nueva imagen del país que presentaba Peña Nieto fue el fin de los operativos militares contra los carteles de la droga con los que su antecesor, Felipe Calderón, trató de probar su poder de decisión. “En lugar de eso, Peña Nieto apostó por la tarea tradicional de la Policía”, explicó a Deutsche Welle el politólogo Günther Maihold, docente de la Universidad Humboldt, en la ciudad de México.

Hasta ahora, ninguna de las dos estrategias contra el poder del crimen organizado ha dado resultado. Pero la estrategia de Peña Nieto dio la impresión, al menos en el extranjero, de que en México volvía lentamente a reinar la paz. Y el rostro de esa paz era el de Peña Nieto.

Peña Nieto no es símbolo de esperanza

“En México nadie creía en eso”, dijo Stefan Jost, director de la filial de la Fundación Konrad Adenauer en Ciudad de México, en entrevista con DW. Expertos en derechos humanos acusaban desde hace años a la clase política de haber hecho un pacto con la impunidad, y eso no cambió en absoluto con Peña Nieto, que no contaba con más apoyo popular que cualquiera de sus predecesores.

El mandatario mexicano fue elegido porque probó ser un buen gobernador del estado de México. En sus seis años en el cargo amplió el sistema de abastecimiento sanitario y de agua potable y triplicó las redes rápidas de tránsito. Al finalizar su mandato, de 608 proyectos con los que había hecho campaña solo quedaban dos por cumplir. Con la misma resolución inició su periodo como presidente, impulsando de manera urgente la aprobación de reformas en el mercado laboral y de telecomunicaciones por parte del Congreso.

Pero su actitud fue mejor vista en el extranjero que en su propio país. Muchos mexicanos le reprochaban a Peña Nieto el rumbo liberal de su política y lo acusaban de estar traicionando la tradición de izquierda de su partido.

La impunidad continúa

Un mes más tarde, la ilusión de un nuevo México estalló como una pompa de jabón también en el extranjero. A fines de septiembre de este año, desaparecieron durante marchas de protesta 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, y durante su búsqueda fueron descubiertas una fosa común después de la otra sin que se sepa hasta el momento si los cadáveres allí depositados pertenecen a los estudiantes de Iguala. En lugar de trabajar para esclarecer esos crímenes, la Policía local estaba implicada en ellos.

Los antecedentes no solo revelan cuán poco ha cambiado la realidad de México bajo el gobierno de Peña Nieto, sino que “también parece confirmar lo que muchos mexicanos sospechan: que las autoridades estatales trabajan en conjunto con los carteles del narcotráfico”, dice Stefan Jost.

Amenaza de prisión

Si bien la responsabilidad política de los cruentos sucesos de Guerrero recae en el gobierno de ese estado y en su exalcalde, José Luis Abarca, quien ya fue detenido, y que no forma parte del partido gobernante, Peña Nieto se ve ahora en mayores dificultades, ya que justamente en estos momentos, no da muestra del poder de resolución que lo caracterizaba en otras circunstancias. Pasaron semanas hasta que la Policía se unió a las lentas investigaciones de las autoridades locales.

“Aunque Peña Nieto no carga con la responsabilidad política por las desapariciones de los 43 estudiantes, el pueblo mexicano esperaba mucho más de su presidente”, subraya el politólogo Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, de Washington. En su opinión, el manejo de la crisis por parte del gobierno de México es desastroso. Lo que le espera al presidente, señala el experto, podría hacer que termine en la cárcel: la renombrada periodista Carmen Aristegui publicó un dossier con sólidas acusaciones de corrupción contra el mandatario mexicano. Según ellas, una empresa constructora habría pagado al menos una parte de la lujosa mansión privada de presidente, que cuesta siete millones de dólares. Como recompensa, la central de dicha empresa recibió la adjudicación para la fabricación de un tren de alta velocidad.

Eso se dio a conocer pocos días después de que se anulara la licitación porque los competidores habían comprobado que se habían cometido irregularidades. De comprobarse esas acusaciones, el presidente de México podría enfrentarse a una pena de prisión. Pero no es seguro que eso suceda, ya que no es la primera vez que un presidente mexicano es juzgado por corrupción, y eso tampoco representaría un paso adelante en la lucha contra la impunidad en México.