Policía carioca: ¿autodefensa o terrorismo?

Wilson Witzel, del Partido Social Cristiano de Brasil, fue elegido gobernador del estado Río de Janeiro en octubre de 2018. En aquel momento, su formación como abogado, su maestría en Derecho Civil, su doctorado en Ciencia Política y sus experiencias como juez federal y como profesor de derecho penal sobresalían en su hoja de vida, presentándolo como un hombre facultado para el ejercicio de la justicia. Hoy, apenas once meses más tarde, la noción de justicia cultivada por este político de 51 años está siendo cuestionada. “¡Witzel, asesino!”, coreaban cientos de manifestantes este lunes (23.9.2019) en el centro de Río de Janeiro.

“¡Deja de matarnos!”, rezaba una pancarta. “¡Las vidas negras importan!”, decía otra, tomando prestado el eslogan del movimiento surgido en Estados Unidos contra la impunidad con que sus policías les quitan la vida a personas de piel oscura, haciendo uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza en el marco de la lucha contra la delincuencia. Los cariocas protestaban por la muerte de Agatha Félix, ocurrida el 20 de septiembre, cuando la niña de ocho años abordaba un taxi colectivo en el barrio Complejo de Alemão, ubicado en el norte de la ciudad. Varios de sus habitantes dicen haber visto a un policía en una motocicleta apuntando su arma hacia Agatha y disparándole. Los agentes que estaban en la zona en ese instante refutan esa versión.

Amparo: “Terrorismo social y racismo”

Los uniformados alegan haberse defendido aquel día de un ataque perpetrado por narcotraficantes. Las averiguaciones del caso no han concluido, pero los ánimos están caldeados porque, en lo que va de año, Agatha es la quinta niña en morir en medio de un fuego cruzado. Las cinco víctimas eran negras. “Terrorismo de Estado”, es el término que el politólogo Thiago Amparo usa para describir la estrategia implementada por el Gobierno local para combatir a las mafias de la droga en Río. Al ser juramentado, Witzel prometió que cazaría sin misericordia a los narcotraficantes, matando a quienes no se rindieran; desde entonces, el pánico se ha apoderado de los vecindarios pobres cariocas debido al desenfreno con que actúan las fuerzas de seguridad.

Amparo, de la Fundación Getulio Vargas, le atribuye a Witzel un terrorismo social con tintes racistas. “Los helicópteros vuelan sobre las escuelas de los barrios, hay tiroteos en áreas residenciales densamente pobladas. Lo que vemos en Río de Janeiro son operaciones policiales en zonas habitadas predominantemente por gente negra”, subraya el experto, acotando que, en las urbanizaciones de clase alta, donde la mayoría de los residentes son blancos, nunca tienen lugar operativos de esa índole. En entrevista con DW, el politólogo enfatiza que la muerte de personas inocentes no puede seguir siendo justificada como un daño colateral del combate contra el crimen organizado ni como el resultado de las prácticas de “defensa propia” de los policías.

Cano: “Es un milagro que no haya más víctimas”

Entre enero y agosto de 2019, la Policía de Río mató a cinco personas cada día –1.249 en total–; un 19 por ciento más que en los primeros ocho meses de 2018. “Todo apunta a que los gendarmes matarán a unas dos mil personas este año. Y al ver el tipo de armas que la Policía manipula en zonas altamente pobladas, es un milagro que no haya más víctimas”, dice Ignacio Cano, especialista en seguridad de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), al ser consultado por DW. Por su parte, a la socióloga Julita Tannuri Lemgruber le extraña que las protestas contra este estado de cosas no sean más numerosas y altisonantes. “Lo que ocurre aquí sería un escándalo en cualquier otra parte del mundo”, lamenta.

“En Río se ha generalizado la idea de que la violencia debe ser combatida con violencia. Y no hay nada más falso que eso; nada está menos fundado que esa tesis”, sostiene Lemgruber. A sus ojos, la labor policial se basa ante todo en la confrontación. En cambio, el gobernador Witzel percibe su política de “cero tolerancia” como un éxito: oficialmente se celebra que, con el incremento del número de muertes a manos de la Policía en los últimos ocho meses, se ha reducido la cantidad de homicidios perpetrados por delincuentes –en un 21 por ciento– a un total de 2.717 casos. Ese es el saldo más bajo desde 2013. El coronel Robson Rodrigues da Silva, quien fue subcomandante de la Policía Militar de Río de Janeiro hasta 2016, rebate esa correlación.

Rodrigues da Silva: “Populismo policial y judicial”

Rodrigues da Silva asegura que el número de asesinatos cometidos por delincuentes está bajando en la mayoría de los estados brasileños, no solo en Río de Janeiro. Además, añade, si se analizan las estadísticas por municipios, queda claro que “en los lugares donde la Policía mata a más personas también aumenta la cantidad total de homicidios perpetrados por delincuentes”. El experto señala que el Gobierno debe poner fin a su “populismo policial y judicial” y respetar lo que establecen las leyes. Después de todo, recuerda, en Brasil no se ha legalizado la pena capital. Su mensaje parece estar cayendo en oídos sordos: el ministro de Justicia, Sergio Moro, quiere más bien endurecer las leyes vigentes para flexibilizar la noción de “defensa propia”.

Lo que Moro busca es ampliar el margen de maniobra de los policías, “darles una licencia para matar”, esgrime Lemgruber. “Ojalá que el caso Agatha Félix contribuya a que los congresistas rechacen el paquete legal que Moro está preparando”, dice la socióloga. Por su parte, Rodrigues da Silva arguye que la flexibilización del criterio de defensa propia es peligrosa y va a dificultar aún más el esclarecimiento de crímenes cometidos por policías. “Las instancias de control interno han fracasado casi por completo. Es necesario que la Fiscalía tenga esos casos en la mira, y eso no es lo que está haciendo”, acusa el otrora subcomandante de la Policía Militar de Río de Janeiro. Ignacio Cano, de la UERJ, es aún más contundente: “Es el gobernador quien rompe las leyes. Si la Fiscalía de Río tuviera valor, demandaría a Witzel por incitación a asesinar. Eso ya habría ocurrido en un país con una Justicia independiente y valiente”.

(erc/ers)

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