¿Qué hará Puerto Rico para combatir la violencia de género?

De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo se ubicaron en 2018 en América Latina, donde un gravísimo 98% de los homicidios relacionados con el género no son procesados como tal, y muchas veces quedan en la impunidad.

Puerto Rico es uno de los países al final de esa lista, junto a México y Surinam, con 3 feminicidios por cada 100.000 mujeres. También por eso, esta semana, tras más de dos años de reclamo feminista ante tres diferentes gobernadores de Puerto Rico, finalmente el actual, Pedro Pierluisi, promulgó el estado de emergencia por violencia de género y anunció políticas públicas para prevenirla y asistir a las víctimas.

Feminicidio, no tipificado como delito

A diferencia de una veintena de países latinoamericanos y caribeños, en Puerto Rico el feminicidio no está tipificado como delito, explica a DW Melody Fonseca, vocera de la organización izquierdista Colectiva Feminista en Construcción, que ha encabezado los reclamos y llegó a plantarse frente a La Fortaleza, la residencia del gobernador, para que las instituciones estatales atendieran a la crisis.

En Puerto Rico “hay muchos problemas en la atención de las autoridades, especialmente de la  Policía y el sistema judicial, a las querellas de violencia de género”, plantea Fonseca. La actual ley de violencia doméstica deja desprotegidas a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia fuera del hogar. En consecuencia, tampoco se recogen estadísticas que permitan una mejor percepción del problema.

Pese a eso, en 2020 las organizaciones feministas puertorriqueñas registraron, por su cuenta, 67 mujeres asesinadas: o sea, más de una por semana; “una cifra muy elevada” para un país de 3,5 millones de habitantes, de los que el 53% son mujeres, destaca la vocera de Colectiva en Construcción.

Y frente a la pandemia de coronavirus, no solo hubo más feminicidios, sino que “las denuncias se mantuvieron similares”, pese a que el encierro podría haber supuesto que bajasen, agrega.

Deuda, austeridad y recortes sociales

El tema es un asunto de política pública del Gobierno de Puerto Rico, aclara también la activista. Pero no deja de verse impactado por la relación política de la isla con Estados Unidos. De modo que Puerto Rico suele quedar tanto al margen de los análisis latinoamericanos y caribeños sobre este flagelo como de los estadounidenses.

Además, en los últimos años, se han visto las consecuencias de la crisis de deuda y las medidas de austeridad implementadas por la Junta de Control Fiscal, nombrada por el Congreso y el presidente de Estados Unidos.

“Esto ha supuesto un recorte tremendo en gastos de asistencia social y en fondos para organizaciones que han estado atendiendo por años a sobrevivientes de violencia de género, proveyéndoles espacios seguros y representación legal”, alega Fonseca.

¿Qué políticas públicas espera ahora la sociedad civil?

Hasta ahora han sido fundamentalmente organizaciones de base de la sociedad civil, financiadas con donativos, quienes han provisto de albergue, asistencia legal y redes de acompañamiento a las mujeres en situaciones de violencia. Pero la tan reclamada y ahora recién estrenada Orden Ejecutiva 2021-13 crea expectativas y retos.

En primer lugar, “que estas organizaciones tengan un espacio en la mesa para diseñar cada una de estas políticas públicas”, con apego a la realidad que han estado experimentando, reclama la Colectiva.

Fuera de eso, que aún no estaría claro, la Orden Ejecutiva coincide bastante con la lista de reclamos de las organizaciones feministas, al prever: mecanismos de recopilación de estadísticas confiables sobre la incidencia y manejo de casos de violencia de género; campañas mediáticas efectivas sobre la violencia de género, sus causas y consecuencias; o capacitación para agentes del orden público y personal de agencias del gobierno relevantes.

Aunque las propuestas presentadas por la Colectiva hace dos años incluían también estrategias de coordinación interagencial, así como para el análisis urgente de SAFE kits en el Instituto de Ciencias Forenses, entre otras. Pero, más allá de todo esto, insisten las activistas, ellas esperan que se priorice el trabajo con el los departamentos de Familia y de Educación, para la implementación de un currículo con perspectiva de género.

“Porque esto no se resuelve solamente con abrir más albergues o más líneas de ayuda, o con tener más oficiales de la policía o protegiendo a la sobreviviente”, alerta la vocera de Colectiva Feminista en Construcción. “Y sabemos que hay grupos fundamentalistas religiosos en el país, que ocupan puestos políticos ahora mismo, y están ya cuestionando que se incorporara la educación con perspectiva de género”, explica.

Con optimismo fiscalizador

La organización ve con optimismo que el Estado puertorriqueño esté asumiendo su responsabilidad para atajar esta crisis. Aunque se mantendrá fiscalizando, exigiendo que lo previsto se cumpla: que se presenten y aprueben presupuestos; y que no se cree un comité que nunca rinda informe, como ya sucedió con la exgobernadora Wanda Vázquez, tras haber priorizado el tema en octubre pasado, recuerda Fonseca.

También optimista se mostró la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Consultada por DW, celebró por escrito “toda medida que redunde en la seguridad de nuestras mujeres”. En este caso, agregó la OPM, se logrará “allegar recursos de una forma más eficiente y ágil a nuestra Oficina y las organizaciones que trabajan día a día en la erradicación de la violencia de género.”

Aunque Colectiva Feminista en Construcción reprocha que la OPM “nunca se sumó a ninguna acción, ni canalizó los reclamos de las organizaciones hacia el gobierno.” O que "organizaciones de  la sociedad civil como el Proyecto Matria tuvieron que sacar una línea de ayuda 24/7", pues la de la OPM dejó de funcionar en medio del confinamiento por la pandemia. Pero, quizás, la declaración de emergencia sirva ahora para afinar también estas sinergias entre Estado y sociedad civil. (cp).