Presas salvadoreñas por abortos: “¡Es justo liberarlas!”

Cuando en agosto de 2019 la salvadoreña Evelyn Hernández logró su libertad después de 33 meses en prisión por un aborto involuntario, la Fiscalía recurrió el fallo y pidió un aumento de su condena: de 30 a 40 años. A finales de junio de 2020 la Justicia confirmó su absolución y, entretanto, han pasado los plazos para una última posibilidad de recurrirla. "La absolución de Evelyn está en firme. Es un gran triunfo que se reconozca su inocencia”, dijo a DW Sara García Gross, especialista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

"Es una gran noticia, porque da cuenta de que el sistema de Justicia está escuchando la denuncia ciudadana. Sin embargo, esta realidad no termina con el caso de Evelyn: hay 18 mujeres más privadas de libertad y en situación de injusticia por haber sufrido problemas obstétricos”, agrega.

No es suficiente

"Nuestra resolución, con seguridad, aportó a que Evelyn quedase en libertad”, comenta a DW Tilly Metz, presidenta de la delegación para las relaciones con los países de América Central en el Parlamento Europeo. Efectivamente, en diciembre de 2017, la Eurocámara aprobó una resolución abogando por la libertad tanto de Evelyn Hernández como de Teodora Vázquez. Esta última quedó en libertad en abril de 2018.

"Son buenas noticias y queremos verlas como un buen augurio. Pero no es suficiente. Nuestra presión tiene que seguir. No es posible que en El Salvador se siga encarcelando mujeres por problemas obstétricos. No puede que ser que una joven –hay muchos embarazos adolescentes- que ha sufrido una violación y luego un aborto, acabe en la cárcel”, sigue Metz.

La base del problema

En la base del problema están varios artículos del código penal de El Salvador que castigan duramente el aborto. Este país de América Central tiene, desde 1998,  una de las legislaciones más restrictivas al respecto y no permite la interrupción del embarazo por ningún motivo, ni aunque sea producto de violación, ni aunque haya malformación o peligro de la vida de la madre.

Tanto desde las organizaciones internacionales como desde las instituciones europeas se ha hecho llamamientos a que El Salvador respete los derechos de las niñas y las mujeres y su integridad física y se le ha recordado que la negativa a facilitar una cobertura sanitaria gratuita en caso de violación es equiparable a la tortura. No obstante, los avances son pocos y lentos.

"¿Quién respalda esto? Organizaciones de corte fundamentalista que tienen en su agenda que no se modifique la legislación ni se avance en los temas LGTBI. Les conviene porque perpetúa el sistema de dominación y conviene al sistema empresarial que se lucra de esta lógica de clandestinidad”, explica García Gross.

Con todo, cuarenta y tres mujeres han logrado ser liberadas en los más de diez años que su organización lucha jurídica y políticamente por la libertad de las mujeres criminalizadas por abortar. Pero el cambio al que aspiran es más estructural.

Largo aliento

"Es una lucha de largo aliento”, sigue Metz, que presidió la delegación que visitó el país centroamericano en febrero de 2020. "Vamos a seguir con las visitas a las mujeres y con el contacto con la sociedad civil. También haciendo presión a nivel gubernamental”, agrega.

Cabe recordar que, si bien está en vigencia la parte comercial del Acuerdo de Asociación de la UE con los países de América Central desde finales del 2013, la parte de diálogo político y de cooperación sigue a la espera de ratificación. "Si estuviese en vigor, podríamos tener un diálogo estructurado sobre derechos humanos, sobre los derechos de las mujeres”, insiste Metz.

García Gross, por su parte, ve con buenos ojos toda instancia europea que pueda sustentar su labor, pues, por un lado, capta la atención internacional y, por otro, logra que sus mismos políticos escuchen en otras voces lo que las organizaciones sociales dicen en su propio país.

Como fuere, la alegría por Evelyn se funde con la preocupación por las otras 18. "Incluso el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU opina que es arbitrario que estén en la cárcel por una emergencia obstétrica y siguen ahí”, subraya García Gross, que aboga por su libertad, más aún en tiempos de la pandemia de COVID-19.

"Es imposible mantener distancia social en la cárcel, no tienen acceso a kits de higiene personal. Han sido criminalizadas injustamente. ¡Es justo liberarlas!”, enfatiza, pidiendo apoyo internacional para lograr la liberación inmediata de las que faltan.

(er)

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