Chile: “la clase política ha perdido legitimidad”
5 de agosto de 2011Publicidad
“¡Piñera, aprende a gobernar!”, gritaron cientos de escolares, estudiantes universitarios y profesores que intentaron llegar a La Moneda, el palacio de Gobierno, en medio de peleas con la policía. Las manifestaciones en demanda de reformas en la educación pública chilena duran ya dos meses y escalaron este jueves (4.08.2011), luego de que fueran prohibidas por el Gobierno y reprimidas por más de 1.000 policías.
Los efectivos, entre los que se hallaban tropas antimotines a caballo, usaron bombas lacrimógenas y carros lanza agua. Testigos mencionaron haber escuchado “balazos”. Los manifestantes incendiaron barricadas y bloquearon el tráfico. Con la intención de difundir un mensaje, un grupo ocupó la televisora Chilevisión –controlada antiguamente por el millonario empresario y actual presidente chileno, Sebastián Piñera.
Más de 550 detenidos en todo el país, dos jóvenes lesionados sin gravedad y más de 20 policías heridos, reportó el Gobierno en un balance preliminar. “Se ha generado un clima de represión fuerte, inusitado, la ciudadanía y los analistas están perplejos”, comentó a Deutsche Welle Leslie Wehner, politólogo del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo.
¿“Como en dictadura”?
“El escenario de hoy se parece mucho al estado de sitio en dictadura”, denunció la líder universitaria Camila Vallejo. Además de la crítica de organismos de derechos humanos y de la opositora Concertación de centro-izquierda (mayoría en la Cámara Alta del Parlamento), la represión policial motivó un “cacerolazo” en la capital y otras 11 ciudades.
“La gente hizo sonar las ollas, la sociedad civil en general protestó desde las ventanas y balcones de sus departamentos, y eso indica que la simpatía está con el movimiento estudiantil”, opinó el investigador chileno radicado en Hamburgo. “Cacerolazo” y “4deagosto” fueron tópicos destacados en la red social Twitter durante la noche de jueves.
“Ya basta”, había dicho Piñera en días previos, llamando a finalizar las marchas. “La policía ha actuado conforme a la ley, está cumpliendo con su responsabilidad y cuenta con el respaldo del Gobierno”, subrayó el vocero gubernamental Andrés Chadwick (primo de Piñera), al defender la prohibición. Pero la medida se basa en un decreto del Gobierno de facto de Augusto Pinochet (1973-1990), señalan analistas.
El Gobierno se refiere a “grupos minoritarios del mundo de la educación que muestran intransigencia y ninguna voluntad de diálogo” y anuncia que buscará una salida en el Congreso. Sin embargo, el senador socialista Fulvio Rossi anticipó que la oposición bloqueará todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo, en protesta por la represión a menores de edad.
De fondo: desigualdad social
Los estudiantes, que han desechado hasta ahora todas las ofertas gubernamentales, reclaman por los costos de la educación en Chile, entre los más altos del mundo según la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE). Y están respaldados por “la Constitución y las leyes chilenas, que prohíben lucrar con la educación y generar utilidades que no necesariamente se reinvierten en la educación”, explicó el politólogo del GIGA.
A las demandas se agregan: una mejor calidad de la educación, acceso igualitario y ahora, además, el cese de la criminalización del movimiento de protesta por parte del Gobierno y los medios chilenos de comunicación. Mientras, el Gobierno, “con una visión gerencial, tecnocrática, ha dado soluciones prontas y coyunturales a problemas estructurales”, señaló Wehner.
La crisis estudiantil –que movilizó a cientos de miles de personas en los últimos meses e incluye marchas y tomas de liceos y universidades– coincidió con otras protestas sociales este año. Las manifestaciones, las más masivas desde el fin de la dictadura, tienen como trasfondo la desigualdad social en Chile, coinciden analistas.
La economía chilena debe crecer entre un 6 y un 7 por ciento en 2011, uno de los mejores desempeños en América Latina. La paradoja es que “el modelo exportador, de crecimiento económico, ha traído indicadores macroeconómicos sólidos, pero no todos los beneficios sociales que se esperaban. Y la educación es sólo una manifestación de ello”. El reclamo es, en buen chileno, “nivelar la cancha, que los beneficios lleguen a todos”, insistió Wehner.
Y es que mientras las diez familias más ricas de Chile, incluida la de Piñera, poseen un patrimonio de 75.000 millones de USD, la mitad de los hogares viven con 1.000 USD mensuales. La mayor parte de la educación escolar requiere, como la universitaria, del pago de mensualidades. Una familia con dos hijos en la universidad puede requerir el pago de 2.000 USD mensuales, pero el 90 por ciento de la población tiene un ingreso mensual inferior.
A derecha e izquierda, clase política en crisis
El estallido social ocurre en medio de una generalizada crisis de representación política y en la antesala de las elecciones municipales de 2012 y las presidenciales de 2013. El apoyo al presidente Sebastián Piñera –primer mandatario “de derecha” desde el retorno de Chile a la democracia– se halla en un mínimo histórico del 26 por ciento y sigue a la baja, informa el Centro de Estudios Públicos en Chile.
La Confederación de Estudiantes, como otros sectores sociales, no sólo critican a la derecha, “creadora del modelo económico chileno”, advierte Wehner. La protesta va contra “la clase política chilena, e incluye a la Concertación, que en el fondo validó y legitimó este modelo, en parte heredado de la dictadura”, aclara el investigador de chileno radicado en Hamburgo.
Piñera llegó al poder en marzo de 2010, impulsado por el desgaste de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, con 20 años en el poder. Ha sido criticado, además por un polémico proyecto ambiental en la Patagonia y por el retraso en la reconstrucción tras el terremoto de 2010. Pero las protestas, no ponen en riesgo la “estabilidad institucional”, opinó Wehner; sino que retan al Gobierno a dialogar y “ceder más”.
Por lo pronto, Piñera realizó recientes cambios en su gabinete, sustituyendo a varios ministros provenientes del mundo empresarial. Los estudiantes y otros actores sociales, por su parte, sopesan la posibilidad de constituir un frente político.
Autora: Rosa Muñoz Lima (dpa, reuters)
Editor: Pablo Kummetz
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