Costa Rica: insolvencia con aviso

Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, anunció que su gobierno "enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios". En otras palabras: al Estado no le alcanza el dinero para pagar el gasto público corriente. DW entrevistó a un experto costarricense sobre las implicaciones económicas, financieras y políticas de esa insolvencia con aviso.

DW: ¿Cuán inesperada es esta situación y cuánto se sabía en Costa Rica del verdadero estado de las finanzas públicas?

Juan Pablo Arias: La situación era completamente esperada. La crisis comenzó en 2009 y la anterior administración –de la presidenta Laura Chinchilla– intentó hacer la reforma, pero le fue rechazada en la Asamblea Legislativa. Pese a la urgencia, el presidente Luis Guillermo Solís –tanto en campaña como en su primer año de gobierno– insistió en que el déficit fiscal no era "el único ni el más grave de los problemas del país” y postergó el tema.

¿Ha comenzado el Gobierno a reducir ya el gasto en los últimos tiempos?

Al contrario, el Gobierno ha incrementado el presupuesto en un 34 por ciento en los últimos tres años, lo que le ha valido las críticas de la oposición, que le pide mayor control del gasto antes de gestionar nuevos ingresos. Sumado a eso, los proyectos de reforma que más le urgen al erario los presentó apenas hace dos años, el 12 de agosto del 2015. Con esos proyectos de ley, el Gobierno quiere modernizar los actuales impuestos sobre las ventas y sobre la renta, que representan el 70 por ciento de la recaudación. No obstante, no han sido impulsados en el Congreso con vehemencia. Durante todo este tiempo las firmas calificadoras de riesgo han alertado al país sobre la urgencia de dar  trámite a la reforma fiscal. 

Más información:

Costa Rica: el país que se quedó sin dinero

Costa Rica, en riesgo de insolvencia

¿Qué opciones tiene ahora el Gobierno para enfrentar la crisis?

Lograr un acuerdo con las fuerzas políticas del país para aprobar las reformas de los impuestos sobre las ventas y la renta. En contrapartida, deberá ceder en temas que ha evitado, tales como una reforma de las pensiones con cargo al presupuesto y una ley de empleo público que ordene las remuneraciones del sector público. De lo contrario, deberá comenzar a incumplir algunos mandatos legales y constitucionales que asignan una cantidad de recursos específica anualmente.

Una situación de liquidez tan precaria no deja espacio alguno de maniobra el Gobierno para el diseño de nuevas políticas. ¿Qué consecuencias tiene para problemas estructurales del país?

Se posterga el desarrollo de infraestructura vial, que le urge al país. Una crisis en las finanzas públicas puede suponer, además, un freno al crecimiento económico y encarecer el financiamiento, con un consecuente impacto en el empleo, la pobreza y el endeudamiento de los hogares y las empresas.

Las próximas elecciones en Costa Rica son en febrero del próximo año. ¿Qué supone la crisis para la política en Costa Rica?

Es un tema en el que hay consenso. La mayoría de los partidos políticos están de acuerdo en la urgencia de una reforma fiscal, principalmente enfocada en la contención del gasto y en la eliminación de disparadores automáticos del gasto. La crisis financiera definitivamente estará en la campaña política y las diferencias entre candidatos serán apenas matizadas por posiciones sobre temas muy particulares.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a Costa Rica realizar reformas tributarias: ampliar la base imponible, combatir la evasión e incorporar más personas a la economía formal. ¿Son recomendaciones realistas?

Son realistas y posibles. Costa Rica es un país que ha transformado su economía en los últimos 35 años, pero su sistema tributario todavía no lo refleja. La discusión gira en torno a detalles, como la magnitud de algunos incrementos, la eliminación de algunas exenciones o las reglas para recaudar, pero la necesidad de ampliar la cobertura de los impuestos es clara.

Juan Pablo Arias es periodista experto en temas económicos, financieros y laborales. Vive y trabaja en San José, Costa Rica.