Rechazo de las cuentas de Rousseff: ¿basta para una destitución?

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) recomendó este miércoles (07.10) por unanimidad rechazar las cuentas de 2014 del Gobierno de Dilma Rousseff. La oposición lo puede usar para fundamentar una petición de destitución de la presidenta.

El rechazo de las cuentas era esperada por el Gobierno, que presentó dos solicitudes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para posponer el fallo, pero que finalmente no fructificaron.

Según el TCU, el Gobierno cometió una serie de irregularidades en el presupuesto de 2014. Entre ellas, las “pedaleadas fiscales”, una de las principales objeciones del tribunal. Las “pedaleadas”, maniobras del Gobierno para cumplir sus metas, consisten en postergar las transferencias a los bancos públicos. Estos pagaban los beneficios sociales, tales como la asignación familiar o el seguro de desempleo, con recursos propios. Los beneficiarios recibían el dinero en fecha. El Gobierno le restituía a los bancos ese dinero mucho después, por lo que esos gastos no aparecían de inmediato en las cuentas oficiales.

Para el TCU, es como si el Gobierno hubiera tomado créditos de los bancos, como la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil, lo que prohíbe la Ley de Responsabilidad Fiscal. Brasilia se defendió diciendo que las “pedaleadas” son prácticas corrientes, también realizadas durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso y que no son ilegales.

Nelson Barbosa, el ministro de Planeamiento, reconoció, sin embargo, que las “pedaleadas” alcanzaron montos “excesivos e inusuales” y que el Gobierno intentó minimizar esas maniobras en el segundo semestre de 2014.

El TCU recomendó el rechazo, ¿ahora qué?

La decisión del TCU es solo una recomendación al Congreso. Este puede aprobar o no las cuentas. En agosto, Eduardo Cunha (PMDB), el presidente de la Cámara de Diputados, decidió poner a votación las cuentas de los Gobiernos de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, que aún no habían sido evaluadas. El objetivo era fijar una pauta para el análisis del presupuesto 2014 de la administración Rousseff. Las cuentas de los Gobiernos anteriores fueron, efectivamente, aprobadas.

El principal pedido de destitución, de los juristas Miguel Reale Jr. y Hélio Bicudo, menciona el escándalo de corrupción de Petrobras y las “pedaleadas fiscales” como motivos para destituir a la presidenta del cargo. Pero no existe consenso acerca de si un eventual rechazo de las cuentas en el Congreso puede conformar la base jurídica necesaria para un procedimiento de “impeachment”.

¿Puede el rechazo llevar a una petición de destitución?

Para los juristas que dicen que no, un argumento es que las cuentas rechazadas son de 2014, o sea, del mandato anterior de Rousseff. Según esos juristas, la ley reza que un presidente solo puede ser destituido por actos realizados durante el mandato corriente. Además argumentan que es necesario que los hechos vinculen directamente al gobernante con una práctica ilegal con dolo (voluntad deliberada de cometer un delito), lo que sería difícil de probar en el caso de las “pedaleadas”.

Para los juristas que dicen que sí, los delitos contra la ley presupuestaria bien pueden conformar la base para un pedido de destitución, porque la presidenta tiene la responsabilidad de las decisiones del equipo económico por ser la jefa del Gobierno. Agregan que además bien es posible pedir un “impeachment” sobre la base de delitos cometidos en mandatos anteriores, sobre todo si son consecutivos.

En caso de que sea desencadenado un proceso de destitución, la decisión debe ser aprobada por lo menos por dos tercios de los diputados. En las últimas semanas, el Gobierno trabaja intensamente para crear una base de apoyo en el Congreso, con el objetivo de impedir un procedimiento de destitución.

¿Puede el proceso ante el TSE derribar a la presidenta?

Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE) reabrió este martes una de las causas impulsadas por el Partido Socialdemócrata Brasilero (PSDB) que pide la anulación de los mandatos de Rousseff y su vice, Michel Temer (PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasilero). Estos tendrán que presentar ahora sus defensas ante el tribunal.

Es la primera vez que la acción conocida como AIME (Acción de Impugnación de Mandato Electivo) es instaurada contra un presidente. El PSDB acusa a ambos de abuso de poder económico y de usar dinero desviado de Petrobras para financiar su propia campaña electoral.

Para que la acción prospere, el uso de recursos ilícitos debe ser comprobado. A diferencia de un “impeachment”, en el que en caso de que la presidenta sea condenada asume el vice, si el TSE falla en su contra, ambos, tanto Rousseff como Temer, tendrían que dejar el cargo. La presidencia sería asumida entonces interinamente por el presidente de la Cámara de Diputados, hasta la realización de nuevas elecciones.