Desechos suecos envenenan una comunidad chilena

Arica es una polvorienta ciudad portuaria, azotada por el viento, en el norte de Chile. Los turistas recorren el largo paseo marítimo de la ciudad bajo la sombra del cerro costero llamado el Morro. Aquí se ha librado una amarga batalla durante años en busca de una solución, de una corte a otra, de Chile a Suecia, pero en vano.

En 1994, el gobierno chileno construyó una urbanización con viviendas sociales junto a una zona industrial a las afueras de la ciudad. Las familias se mudaron y los niños comenzaron a jugar en las polvorientas colinas junto a sus nuevas casas. Se deslizaban sobre la fina arena colina abajo, la modelaban como si fuera arcilla y la transportaban a sus casas. Lo que los residentes no sabían era que el patio de recreo era un vertedero de desechos tóxicos.

Una década antes de la construcción de viviendas, el gigante minero sueco Boliden pagó a una empresa metalúrgica chilena llamada Promel un millón de euros (1,1 millones de dólares) para eliminar unas 20.000 toneladas de lodos de fundición de las minas de cobre, plomo, plata y oro en el país escandinavo. Pero Promel no procesó los residuos. Por el contrario, los dejó desprotegidos en la zona industrial junto a la planta de procesamiento de la compañía, por aquel entonces a unos tres kilómetros de las casas de Arica.

Erupciones cutáneas, abortos espontáneos y cáncer

Tomas Bradanovic, un ingeniero de la capital chilena, Santiago, se mudó a Arica a finales de la década de 1980. "Al principio nadie sabía que el suelo estaba contaminado”, cuenta a DW, "hasta que los niños mostraron síntomas que nunca antes habíamos visto, como extraños sarpullidos. De repente muchas madres del vecindario comenzaron a tener abortos espontáneos. Asimismo, más gente empezó a morir”.

Marisol Vilches Maibé y su familia vivían cerca de Promel. Ella sufrió cáncer de mama y de vesícula biliar, su marido insuficiencia cardíaca y sus cuatro hijos enfermedades de la piel, dificultades de aprendizaje y deformidades óseas cancerosas, síntomas que coinciden con los efectos de la intoxicación por arsénico que figuran en la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Estaban al final de nuestra calle en la esquina”, recuerda Marisol sobre los desechos tóxicos. "Cuando mi esposo finalmente recibió su tratamiento, los médicos en Santiago nos dijeron que había demasiado arsénico en su sangre, el doble de lo permitido”.

En 1997, la ONG Servicio Paz y Justicia examinó el polvo y detectó grandes cantidades de arsénico, plomo, cadmio, mercurio, cobre y zinc. Los resultados fueron confirmados posteriormente por un informe toxicológico del gobierno.

Las autoridades chilenas ignoran a las víctimas

Finalmente, las autoridades chilenas respondieron con planes para trasladar los residuos de forma segura fuera de las zonas residenciales. Sin embargo, la mayor parte fue trasladada a poca distancia, a tan solo 600 metros de las casas más cercanas, donde permanece hasta el día de hoy, amurallados pero mal protegidos por láminas de plástico sostenidas por las rocas.

"El gobierno lo trasladó al otro lado de la calle, en camiones abiertos, esparciendo el polvo tóxico por toda la ciudad”, recuerda Bradanovic, que hace campaña para concienciar sobre la contaminación. "Incluso aterrizó en los tejados de una escuela primaria”.

En 1999, la ONG FIMA inició una causa contra el gobierno chileno y Promel en nombre de las comunidades cercanas a ambos vertederos. Se prolongó hasta 2007, cuando la Corte Suprema de Chile finalmente falló a favor de las comunidades.

Para entonces, Promel había quebrado. El gobierno chileno compensó a 365 residentes, incluyendo a Marisol. Pero un informe del gobierno publicado dos años después del fallo de la Corte Suprema concluyó que hasta 12.000 personas podrían haber sido afectadas por los desechos tóxicos.

Llevando la lucha de vuelta a Suecia

En el mismo informe se esbozaban planes para eliminar los desechos y prestar asistencia sanitaria a los afectados. Pero nunca se han llevado a cabo de manera efectiva, y en 2013 los residentes de Arica llevaron su lucha de vuelta a la fuente de los desechos, presentando una demanda contra Boliden en el tribunal local de la compañía minera en Suecia.

Boliden argumentó que cuando entregó los residuos, el emplazamiento de Promel aún se encontraba en una zona puramente industrial. El tribunal sueco dictaminó que la empresa había actuado con negligencia al exportar los residuos porque las personas responsables deberían haber sabido que no se eliminarían adecuadamente, pero no encontró un vínculo suficiente entre las acciones de la empresa y las lesiones de los demandantes y falló a favor de Boliden.

Posteriormente, fue rechazado un recurso al Tribunal Supremo sueco por considerar que había transcurrido demasiado tiempo desde que Boliden exportó con negligencia los desechos en 1984. Finalmente, los demandantes tuvieron que hacerse cargo de los honorarios del abogado de la empresa, que ascendían a unos 3,2 millones de euros.

Hasta la fecha, la demanda al gobierno sueco para que se asegure de que los residuos se lleven a casa y se procesen de forma segura en suelo sueco han quedado sin respuesta.

¿El fin de la deslocalización tóxica?

Más de 30 años después de que los residuos mineros europeos fueran arrojados a las puertas de la confiada comunidad chilena, parece imposible responsabilizar a la compañía sueca y al gobierno. Pero en el futuro, es probable que las empresas europeas ya no puedan actuar con tanta impunidad.

El 5 de diciembre entrará en vigor una enmienda al Convenio de Basilea que prohíbe la exportación de desechos peligrosos de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) al resto del mundo.

Los activistas han luchado durante décadas para obtener dicha prohibición. Decenios a través de las cuales la gente de Arica ha continuado viviendo y enfermando en vecindarios y hogares contaminados con arsénico y plomo. Para ellos, la prohibición ha llegado demasiado tarde.

"Lo que nos hicieron está mal”

Marisol señala que su esposo aún no está recibiendo tratamiento para los efectos del envenenamiento. Ella ha perdido la esperanza de que alguien más sea llamado a rendir cuentas. "Nunca se nos hará justicia por lo que pasó aquí”, lamenta.

Los vecinos siguen luchando por la atención sanitaria y la eliminación de toxinas de su entorno. Sin embargo, para Bradanovic, la Enmienda de Prohibición de Basilea al menos reconoce la injusticia de deslocalizar los desechos tóxicos y, por lo tanto, de lo que se hizo a su comunidad: "Es igualmente importante saber que lo que nos hicieron está mal”, concluye.

(ar/er)

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