Sal y empresas extranjeras

Hong Kong-China, Singapur y Trinidad y Tobago. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, sólo tres economías en desarrollo superan a Chile en porcentaje de inversión extranjera directa. Teniendo en cuenta los buenos resultados macroeconómicos que arroja el país latinoamericano, con cifras que hablan de un crecimiento y un superávit que acabarán el 2006 por encima del 5% del PIB, el atractivo de Chile ante los ojos de las multinacionales resulta comprensible.

Pero la cuestión no puede entenderse descifrando meramente la letra económica. En el subcontinente que acuñó las teorías de la dependencia y puso en marcha modelos para proteger sus recursos naturales de la explotación foránea, Chile se mantuvo fiel a las compañías extranjeras. El corto gobierno de Salvador Allende emprendió la nacionalización del cobre, pero la dictadura devolvió a cada cual a su lugar.

En 17 años de democracia, Chile ha profundizado en este sistema que consiste en atraer a las empresas de fuera, otorgarles beneficios y garantías jurídicas para que se instalen en suelo patrio y basar en ellas gran parte del desarrollo. Mientras Venezuela nacionaliza su petróleo y Bolivia sus hidrocarburos, Naciones Unidas calcula que en Chile un 15% del PIB está en manos de empresas extranjeras, porcentaje que supera al de países como México, Brasil o Argentina.

Sal a cielo abierto

“Chile es el puerto seguro dentro del movido cono sur americano”, dice Cornelia Sonnenberg, consejera de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. Las empresas alemanas tuvieron una participación muy importante en el proceso de privatizaciones emprendido en Chile durante los años noventa y en la última década su inversión en el país se ha más que duplicado.

“La estabilidad económica y monetaria y la seguridad de los contratos influyeron en nuestra decisión de invertir en Chile. Chile está considerado la Suiza de América Latina y para ciertas inversiones se requiere un determinado grado de seguridad”, explica Karl Georg Mielke, director de K+S en Chile.

K+S es una empresa alemana con sede en Kassel, en el centro del país germano, cuyo negocio son los productos agrícolas y los minerales varios. En mayo de 2006, K+S adquirió el 99,3% de las acciones de Sociedad Punta de Lobos, una emblemática productora de sal chilena dueña de la mina de sal a cielo abierto más grande del mundo.

385 millones de euros le costó a K+S su nueva rama al otro lado del Atlántico. La inversión es la mayor llevada a cabo en Chile por una compañía germana desde la II Guerra Mundial. Con ella, K+S mejora su posición en el mercado de la sal y 850 trabajadores chilenos más tienen desde entonces jefes alemanes.

Vinieron para quedarse

Sociedad Punta de Lobos exporta tres tipos de sales: las destinadas al consumo humano, las destinadas a la industria y las destinadas al deshielo. Su salar está en medio del desierto de Atacama, tiene 45 km de largo y 4,5 de ancho y podría satisfacer la demanda mundial de sal durante los próximos 5.000 años. La inversión de K+S es, por lo tanto, “un proyecto a largo plazo”, dice Mielke.

El deseo de K+S de permanecer en Chile podría verse truncado si el Gobierno decidiera, por ejemplo, que la sal es de todos los ciudadanos y que la mayor mina del mundo debe ser gestionada por y para los chilenos. Pero la posibilidad de que algo así suceda en Chile es mínima.

“En Chile reina el más absoluto consenso a nivel social y político sobre la importancia de respetar la propiedad privada y no poner en marcha nacionalizaciones. El país ha aprendido por sí mismo que la práctica de esas medidas populistas con la intención de generar beneficios rápidos no tiene sentido y que a la larga lo único que contribuye a mejorar la situación social es el crecimiento sostenido”, asegura Sonnenberg.

Sin embargo, un pequeño bloque, el que está más a la izquierda dentro de la izquierda chilena, incluye la nacionalización del cobre, el principal recurso del país, entre los puntos de su programa electoral. “El cobre fue de todos los chilenos. Luego se le regala de nuevo a las multinacionales y el país pierde este año 16.000 millones de dólares”, alega Tomás Hirsch, candidato electoral de la coalición Juntos Podemos Más. Pero, cabe decir también, que esta agrupación de partidos no logró más que el 5,4% de los votos en las pasadas elecciones.

Con la garantía de la Ley

La mayoría de las empresas que se establecen en Chile realizando grandes inversiones lo hace acogiéndose al Decreto Ley 600, aprobado en 1974. En base a este decreto, la compañía y el Estado de Chile firman un acuerdo que, al tener carácter de ley, no puede ser modificado unilateralmente por una de las partes. Así, las empresas obtienen la seguridad de que los derechos adquiridos en el momento de la inversión serán respetados en todo caso.

Con este marco de garantías legales, las multinacionales pueden disfrutar tranquilas de su actividad en Chile y de los beneficios que ella reporta. El DL 600 les permite elegir el régimen tributario al que quieren acogerse, invertir sin restricciones en todos los sectores de la economía chilena, a excepción de los públicos, y después de un año retirar del país con toda libertad el capital invertido.

Además, Chile cuenta con Tratados de Libre Comercio que cubren los cuatro continentes y los mercados de mayor interés para la economía chilena. Los últimos firmados fueron con Estados Unidos y China. De la libertad que conceden estos tratados también se benefician las compañías extranjeras asentadas en el país. Y para quines lo prefieren, está el programa “Chile, país plataforma” puesto en marcha por el presidente socialista Ricardo Lagos y que incentiva a las empresas foráneas a fijar sus sedes regionales en Chile, otorgando facilidades como el eximir de impuestos al capital invertido en terceros países.