Comunidad colombiana finalista al Premio Sájarov

Un colectivo de de cinco personas que han arriesgado sus vidas por la democracia y los derechos fundamentales en la “Primavera árabe” , una asociación de periodistas en Bielorrusia y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Colombia son los finalistas para el Premio Sájarov, el galardón del Parlamento Europeo a la libertad de conciencia.

Esta última “por ser, reconocido internacionalmente, un símbolo de coraje y dedicación a los valores de paz y justicia en un entorno de brutalidad y destrucción”. Acerca de sus motivos, su historia y su vida cotidiana DW conversó en Bruselas con dos de sus representantes, Jesús Emilio Tuberquía y Noelia Tuberquía.

Tierras y neutralidad

Huyendo de la miseria ocasionada por la guerra entre liberales y conservadores, entre los años 48 y  52, este grupo de campesinos llegó a la región de Urabá. ¿De quién eran las tierras? “Eran del campesinado. Algunos tenían títulos de propiedad, otros no. Pero llevaban 30 o 40 años de estar trabajando esa tierra y según la ley colombiana ya eran dueños. Habíamos construido escuelas, centros de salud, cargando material a hombro y a lomo de mula. Estando en el fuego cruzado entre paramilitares, Ejército y guerrilla, nosotros decidimos en 1997 declararnos neutrales”, cuenta Jesús Emilio.

Y neutral significa: no colaborar con ninguno de los factores armados, ni grupos guerrilleros, ni fuerza pública. “Tenemos un reglamento y el que quiera pertenecer a la comunidad tiene que aceptarlo: no tenemos armas, porque ellas no defienden la vida”, dice Jesús Emilio.

La declaratoria y la represión

Después de un decenio de ver cómo incrementaba la violencia, “el 23 de marzo de 1997 firmamos la declaratoria de neutralidad, con presencia de varias organizaciones. Después de tres días vienieron  los ametrallamientos, los fuegos cruzados, los combates. Y nos desplazamos al corregimiento de San José de Apartadó. Antes había unos cinco mil habitantes; en ese momento quedaban 3000.  Teníamos un centro de acopio; teníamos una cooperativa; luego de la masacre, la gente se fue. El caserío estaba solo. Empezamos a reflexionar sobre si todos nos íbamos a desplazar o nos quedábamos cuidando la tierra. Los que nos decidimos a luchar por la tierra y la vida del campesinado creamos un comité de cinco personas que fueron las que comenzaron a negociar con la Iglesia y las organizaciones. Luego comenzamos a pensar cómo ir a poder cultivar al campo…”, cuenta Jesús Emilio.

 ¿Cómo organizan el trabajo?

“Ahora, unos mil campesinos somos como una familia, sembramos juntos, sufrimos juntos. Vivimos una vida comunitaria, entre todos hacemos lo que tenemos que hacer, la tierra es de todos. Trabajamos para defender la vida y defender la tierra”, dice Jesús Emilio, padre de varios hijos, que viven y trabajan en la comunidad, una de sus hijas lleva la biblioteca. A Noelia en 2003 el Ejército le asesinó a una de sus niñas; las dos que le quedan forman parte de esta comunidad que está a doce kilómetros del centro médico más cercano. Para ellos, la presencia del Estado sólo significa “una tragedia muy grande”. 

 ¿La educación? 

“Hemos entendido que la educación oficial es un desplazamiento oficial. Si educan al hijo de un campesino, le enseñan que tiene que desplazarse a la ciudad o salir del país; que si se queda en el campo no vale nada. Esa educación es contra el campesinado y nosotros no la queremos, queremos una educación que no sea un desplazamiento. Que se valore el campo porque está lleno de riquezas. ¿Por qué tenemos que irnos si ahí tenemos todo”, cuenta Jesús Emilio. Y la solución que encontraron fue pedir asesoramiento a otros países; los maestros, no obstante, son miembros de la comunidad.

¿De dónde vienen los fondos?

De proyectos de cooperación internacional han recibido ciertas ayudas, la asesoramiento, la maquinaria. “Es difícil que nos den dineros de la cooperación; eso no está acomodado para campesinos, sino para gente supuestamente más hábil.  Somos considerados brutos, pero no lo somos…”. , señala  Jesús Emilio describiendo los esfuerzos de la comunidad para lograr los cultivos de yuca, maíz, frijoles, banano. Han conseguido una certificación de comercio justo y están instalando una  procesadora de cacao.

El entorno

Pero ni la autoridad ni el entorno ayudan. “Antes los cultivos ilícitos estaban en algunas regiones. Ahora en todo el país se comercializa droga. De militares, de paramilitares, de la policía… de todos lados vino el incentivo al campesinado para que siembre coca. A partir del 2005 comenzó a haber cultivos por todos lados”, dice Jesús Emilio.

Con todo, aunque su comunidad resiste, el representante legal de San José de Apartadó comprende la situación: “Si usted no tiene qué comer o no tiene cómo alimentar a la familia, tiene que irse con cualquiera de los grupos armados o poner su negocio de droga, porque la va a cultivar o porque va a menudearla… La verdadera guerra está  en el problema social que no se resuelve. Porque ninguna persona que tenga salud, educación y derecho a cultivar la tierra va a querer meterle el pecho a las balas. Las armas vienen después de la verdadera guerra”, cuenta convencido desde una zona de cultivo de droga y narcotráfico en que hay más militares y paramilitares que población. Mucha esperanza no hay de que la situación cambie después de casi 15 años de resistencia.

¿Qué esperan entonces? Dejar testimonio del esfuerzo y las muertes que ha costado la defensa de esa tierra: “no tenemos educación para irnos a la ciudad, no la vamos a entregar, nos vamos a tener que hacer matar ahí”.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Pablo Kummetz