Francia rechaza ser comparada con la Alemania nazi
15 de septiembre de 2010
Inflexible pero diplomática. Así puede ser descrita la respuesta ofrecida este miércoles (14.9.2010) por el presidente galo, Nicolas Sarkozy, a las críticas contundentes hechas dos días antes por la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding. La funcionaria luxemburguesa anunció que recomendaría al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, abrir un expediente sancionador contra Francia por violar el derecho comunitario al repatriar a unos 8.000 inmigrantes romaníes –ciudadanos de la Unión Europea (UE)– a Rumania y Bulgaria.
“No se trata de polemizar ni con la Comisión ni con el Parlamento Europeo, pero algunas declaraciones son simplemente inaceptables”, ha dicho un portavoz del Eliseo, aludiendo a las afirmaciones de Reding y los paralelos que ella trazó entre la reciente expulsión masiva de gitanos –medida defendida por el Gobierno de Sarkozy como una estrategia para reducir la delincuencia en su país– y la persecución sistemática de esta población en la Alemania nazi. “Esto es algo que Europa no debería volver a ver después de la Segunda Guerra Mundal”, había señalado Reding.
El impasse entre Sarkozy y la UE
La Comisaría de Justicia acusa a París de desacatar la ley del bloque que establece la libre circulación de los ciudadanos comunitarios y a las autoridades francesas de tergiversar premeditadamente la información ofrecida a las europeas sobre el proceso de expulsión de los gitanos, diciendo una cosa en Bruselas y haciendo otra distinta puertas adentro. Las relaciones entre el Gobierno de Sarkozy y la UE se han enfriado notablemente desde que Reding, alzando la voz y golpeando la mesa, tildara de vergonzoso el comportamiento de Francia.
Por su parte, Sarkozy solicitó una audiencia con el Papa Benedicto XVI luego de que el alemán criticara indirectamente su controvertida política de repatriaciones, pero se ha mostrado poco dispuesto a discutir la materia con sus homólogos europeos y parece estar convencido de que el espinoso tópico no será tratado en la cumbre europea extraordinaria que tendrá lugar este jueves (16.9.2010) en la capital belga. “Existe la voluntad de tratar las cosas a fondo, más que de dejarse embarcar en una polémica estéril”, han señalado sus voceros.
El racismo campea en Europa
Pese a que el presidente estable del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha invitado a que la reunión de este jueves centre su foco en política y comercio exterior, la expulsión de gitanos ordenada por Francia promete acaparar buena parte del debate entre los 27 jefes de Estado y gobierno comunitarios. Después de todo, las imputaciones de Reding son un eco de los reproches hechos a Sarkozy en toda Europa; muchos temen que la persecución de grupos sociales basada en prejuicios raciales vuelva a legitimarse como política de Estado en el Viejo Continente.
Desde comienzos de este año, Francia ha destruido varios campamentos habitados por comunidades gitanas y expulsado metódicamente de su territorio a más de ocho millares de rumanos y búlgaros que habían buscado refugio en el país; una medida que el Gobierno de Sarkozy defendió como parte de un programa especial para combatir la delincuencia con más dureza, pero que algunos integrantes de su gabinete y organizaciones de derechos humanos condenaron, desestimándola como un esfuerzo del presidente para no perder la poca popularidad que le queda mientras aplica recortes presupuestarios que calan muy mal entre los franceses.
¿Una “política de incentivos”?
La Comisión Europea resistió el impulso de involucrarse en un asunto de política interior hasta que la presión ejercida por el Parlamento Europeo obligó a sus miembros a pronunciarse. A principios de septiembre, la Eurocámara de Estrasburgo aprobó una resolución –337 votos a favor, 245 en contra– que exigía a Francia detener de inmediato las expulsiones, “una discriminación con base en la raza y en la pertenencia a un grupo étnico”. La resolución fue refutada poco después por el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, quien aprovechó la ocasión para negar que su país focalizara su política de repatriaciones en la etnia gitana.
“El tratamiento que les estamos dispensando no tiene relación alguna con su real o presunta pertenencia a la comunidad gitana", aseguró Besson mientras el Eliseo insistía en que lo que muchos perciben como expulsiones constituye en realidad una “política de estímulos” para que los rumanos y búlgaros que perturban el orden público en Francia regresen a sus países de origen: cada inmigrante gitano adulto ha recibido 300 euros como incentivo bajo la condición de que no retornen al territorio francés. El asunto se complica porque el de las repatriaciones no es un episodio aislado.
Protegiendo a Schengen de los rumanos
Besson ha explicado que no existe “una relación legal” entre el caso de los gitanos repatriados y el ingreso de Rumania a la zona Schengen, pautado para 2011, pero advirtió que permitir el libre tránsito de los rumanos por los países europeos que suscribieron el Acuerdo de Schengen creará un problema político que necesita ser discutido. El primer ministro de Rumania, Emil Boc, ha subrayado que su Gobierno reconoce su cuota de responsabilidad en ese sentido, pero añade que Europa debe reconocer la suya y que la libertad de movimiento de todos los ciudadanos de la UE debe ser garantizada.
Besson y el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, han presionado al gobierno rumano para que elabore un ”plan nacional” para la integración de los gitanos, dejándole saber que sólo sobre esa base tendría oportunidades de recibir más recursos de la UE para proyectos afines. Soborno o no, este argumento deja un regusto ingrato. Y es que, sin negar que la integración de la comunidad gitana al tejido social de los países europeos tiene una dimensión económica que amerita atención, ella es ante todo una cuestión de derechos comunitarios fundamentales que deben ser respetados.
Hasta la fecha, sólo el Gobierno italiano, presidido por el conservador Silvio Berlusconi, ha mostrado su respaldo a la política de Sarkozy. De hecho, el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, ha abogado por que la UE reforme su legislación para facilitar las expulsiones de ciudadanos gitanos que posean pasaportes comunitarios.
Autor: Evan Romero-Castillo / dpa / Reuters
Editora: Claudia Herrera Pahl