Seguridad: Europa retiene datos de comunicaciones
2 de diciembre de 2005
Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) han alcanzado un acuerdo sobre la retención de datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas en la lucha contra el terrorismo. Expertos en seguridad destacan que estos datos sirven "en la depuración de responsabilidades penales por crímenes terroristas".
El texto aprobado señala que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas -incluidas las no atendidas, pero en los casos en que ya estén almacenadas por parte de las compañías- así como las comunicaciones por Internet.
Sólo tres países, Eslovaquia, Irlanda y Polonia, se oponen a las medidas. Así, las operadoras podrán retener los datos durante un periodo de entre 6 y 24 meses para rastrear el origen y el destino de las comunicaciones. A los contenidos sólo se puede acceder si hay una orden judicial.
La ministra alemana de Justicia, Brigitte Zypries, claificó el acuerdo como "lo mejor que podíamos conseguir en este momento".
¿Quién paga?
Frente a los cálculos oficiales de un costo anual de entre 1 y 4 millones de euros por compañía, el sector estima que sólo los cambios necesarios para registrar los datos relativos a las llamadas fallidas en líneas fijas supondría una inversión de 100 millones de euros.
Los ministros del Interior rechazan que sean los Estados miembros quienes deban asumir los costos adicionales que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones.
Los operadores consideran que la seguridad nacional es responsabilidad de los gobiernos. Por su parte, el ministro del Interior alemán, Wolfgang Schäuble, rechaza que se indemnice a empresas privadas, y se refirió a las "obligaciones cívicas" que deben asumir.
Lucha contra el terrorismo
La propuesta de directiva, que se discute desde hace más de un año y medio, busca armonizar en los Estados miembros unas normas mínimas para conservar información que ahora sólo tiene fines comerciales y que se ha demostrado útil en investigaciones de atentados como los del 11 de marzo de 2004 en Madrid o los del 7 de julio de 2005 en Londres.
La presidencia británica de turno de la UE ha reconocido que para lograr el acuerdo todos los países han tenido que realizar concesiones y ha expresado su confianza en que el texto acordado podrá ser aceptado por el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión.
Por su parte, la Comisión Europea ha aceptado el acuerdo, aunque incluirá una declaración paralela para resaltar que no habrá distorsiones a la competencia por el costo que esta medida podría suponer para las industrias de telecomunicaciones.