Servicios secretos argentinos: entre espionaje y política

El kirchnerismo impuso este 26 de febrero su mayoría en la Cámara de Diputados para transformar en ley la reforma del sistema de inteligencia, impulsada por Cristina Kirchner después de la crisis desatada por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA. Con el apoyo de sus aliados habituales en la Cámara baja, el Frente para la Victoria logró aprobar el proyecto, que disuelve la SI y la sustituye por la AFI.

A la nueva Agencia Federal de Inteligencia se trasladará todo el personal con que cuenta hoy la SI. El director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Senado y podrán ser reemplazados por el/la presidente/a.

A pesar de las diferencias, tanto el gobierno argentino como sus opositores coinciden en que el servicio de inteligencia del país requería, o aún requiere, una reforma, o más bien, una “refundación” para lograr la transparencia exigida desde hace tres décadas.

“Pero lo que realmente sucedió este jueves en el Congreso argentino es un ‘gatopardismo’”, dice a DW Cornelia Schmidt Liermann, diputada del Parlamento argentino, por el partido opositor Unión PRO, refiriéndose a que “lo único que se hizo fue cambiarle el nombre al servicio SI”. El “gatopardismo” es definido por la congresista Schmidt Liermann como “un simple cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia, en la que sigue faltando la transparencia y va seguir en manos de unos pocos”.

Para dicha diputada, los cambios aprobados son además “un retroceso, porque ahora se le permitirá al Ejecutivo ordenar la destrucción de información en manos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia”. Para operaciones como esa, el ejecutivo estaría nombrando a su gente en cargos clave de la nueva agencia.

¿Politización de las escuchas?

Las escuchas, su legalidad y control es también algo que preocupa sobremanera a los argentinos. Por ello, otro de los puntos más cuestionados es que ahora a la cabeza de la fiscalía, llamada en Argentina Procuración General, está Alejandra Gils Carbó, quien “responde a los intereses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, dice Schmidt Liermann. Para la política opositora del PRO es motivo de suma preocupación que la fiscal general se “autodefina como militante kirchnerista”, porque es la persona que podrá decidir sobre las escuchas que pueda hacer la nueva Agencia Federal de Inteligencia.

Por su parte, para la presidenta de Argentina la “creación” de una Agencia Federal de Inteligencia "es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde los inicios", refiriéndose a 1983, cuando finalizó la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Según la nueva ley, los agentes de inteligencia tendrán prohibido actuar como auxiliares de la justicia y sólo podrán hacerlo por pedido expreso de un juez en una causa determinada. En tanto, se reducirá de 25 a 15 años el plazo para la desclasificación de información, que ahora tendrá tres categorías: pública, reservada y secreta.

Los poderes de un militar con “pasado”

Ernesto Sanz, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), va más lejos diciendo que “la inteligencia del Estado no se corrige con una ley sino con un cambio de gobierno”. Una conclusión que Cornelia Schmidt Liermann, del PRO, comprende porque “en el actual Senado, dominado por los kirchneristas, es muy difícil hacerse escuchar con argumentos”.

Por su lado, la diputada del oficialista FpV, Diana Conti, defendió, según cita dpa, que la nueva AFI quedará "subordinada totalmente al poder político y al Poder Judicial, cuando corresponda", lo que apunta a "democratizar" los servicios de inteligencia.

Los servicios secretos se convirtieron en presa de la discordia, según Schmidt Liermann, “debido a los ataques del oficialismo contra los más diferentes estamentos: la oposición, la prensa no oficialista y el servicio de inteligencia”, en donde no todos aprobarían que la presidenta le diera aún más poderes al general del Ejército César Milani, que aumenta así su influencia sobre el servicio de inteligencia.

“Los defensores de los derechos humanos en Argentina ven a Milani como una funesta figura con antecedentes en la última dictadura militar”, acota Schmidt Liermann. Los temores a un militar con poder frente al AFI, aumentan porque “en los últimos tiempos se han perdido armas y ni el Gobierno ni las fuerzas armadas dan razón de su paradero”, agrega la diputada de Unión PRO.

En medio de la crispación política, económica y de seguridad en Argentina, el hecho es que ahora el ente nacional de espionaje se llamará Agencia Federal de Inteligencia y que, según sus funciones, reunirá y analizará hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad del país a nivel local e internacional.