Síntomas de justicia maltrecha en Venezuela

Este jueves (10.9.2015), el dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a casi catorce años de prisión tras ser declarado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, en un juicio plagado de irregularidades. Las controvertidas imputaciones que pesan sobre el líder del partido Voluntad Popular están relacionadas con los tumultos que se registraron al final de una manifestación antigubernamental que López y otros políticos opositores convocaron el 12 de febrero de 2014.

También a los estudiantes Ángel González, Christian Holdack y Demian Martin –quienes fueron procesados junto a López– se les atribuyeron responsabilidades penales por los sucesos de aquel día. Pero, ¿hubo algún momento en que cupiera esperar un veredicto distinto? “No lo hubo. Desde hace años somos testigos de la politización de la Justicia en Venezuela”, opina Klaus Bodemer, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), sopesando la utilidad que el dictamen puede tener para el presidente Nicolás Maduro.

Aunque Bodemer admite que se ha vuelto difícil explicar la actuación del Gobierno venezolano apelando a criterios racionales, el especialista apunta a que éste podría estar intentando caldear los ánimos en la calle con miras a pescar de nuevo en río revuelto. “Si la oposición protesta contra la sentencia de López, Maduro podrá buscar la manera de justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes y endilgarle a sus adversarios la intención de crear caos o sabotear los comicios legislativos del 6 de diciembre”, dice el experto del GIGA.

Un escándalo tras otro

“Para entender esta infortunada decisión hay que analizar el contexto político y jurídico en que fue tomada. El actual Gobierno venezolano ya no tiene asidero alguno y lo que está haciendo es sobrevivir, propiciando un escándalo puntual tras otro para evitar que la tragedia nacional, en toda su complejidad, acapare la atención de los venezolanos y de sus vecinos; aparte de Colombia, ningún país sudamericano parece querer reconocer el carácter sistémico de la crisis venezolana”, explica Ivo Hernández, de la Universidad de Münster.

“El trasfondo jurídico de este veredicto es otro: por un lado, la falta de independencia de las instituciones del Estado –el Ejecutivo ha cooptado todos los poderes públicos, incluyendo la Justicia– y, por otra parte, la discrecionalidad operativa que impera en el sistema judicial venezolano, cuya reforma viene siendo exigida desde finales de los años noventa. Venezuela es uno de los países con mayor cantidad de magistrados temporales, jueces que pueden ser removidos muy fácilmente por órdenes del Gobierno”, enfatiza Hernández.

“Prueba de ello es el arresto de la jueza María Lourdes Afiuni en 2009 por haber emitido un fallo opuesto a los intereses políticos del chavismo. El presidente Hugo Chávez (1999-2013) ordenó la detención de Afiuni en una de sus alocuciones televisadas por haber osado tomar una decisión independiente, basada en su criterio jurídico personal”, señala Hernández. Atendiendo a una resolución de las Naciones Unidas, Afiuni le concedió libertad condicional bajo fianza al empresario Eligio Cedeño, acusado de estafar al Estado venezolano.

Las sombras del caso Afiuni

Las Naciones Unidas alegan que, por órdenes de Chávez, a Cedeño le fue negado un defensor público; un acto que atenta contra el derecho al debido proceso de cualquier imputado. El Gobierno, por su parte, sostiene que Afiuni recibió un soborno de Cedeño, quien terminó huyendo del país. En un relato espeluznante que hizo público hace unos meses, Afiuni dijo haber sido vejada sistemáticamente mientras estuvo recluida en una cárcel de mujeres. En 2013 se le concedió la libertad condicional.

Sin embargo, el proceso contra Afiuni continúa. Este miércoles (9.9.2015), sus defensores denunciaron nuevas irregularidades en el desarrollo del caso, alertando que al observador de la Unión Europea no se le había permitido entrar a la sala de juicio. “La magistrada Susana Barreiros –que estuvo a cargo del proceso contra Leopoldo López y los estudiantes González, Holdack y Martin– debía recordar muy bien lo que el Gobierno hizo con la jueza Afiuni y estar consciente de que lo mismo le podía pasar a ella”, comenta Hernández.

“Barreiros desestimó todos los argumentos de la defensa de López y los estudiantes, reconociendo únicamente los del Ministerio Público. Ese es un exabrupto que viene siendo denunciado desde hace mucho”, agrega el politólogo de Münster, subrayando que la indiferencia regional de cara a ésta y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos en Venezuela dejan mal paradas a organizaciones como la ALBA y la UNASUR.