¿“Tarjeta roja” para Maduro en la OEA?

El próximo 15 de marzo, cuatro emisarios de la oposición venezolana se reunirán con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para pedir formalmente que ese organismo invoque la Carta Democrática Interamericana y reprenda así al Ejecutivo de Nicolás Maduro por violentar el Estado de derecho en el país caribeño. Los solicitantes alegan que el partido de Gobierno erosiona la institucionalidad democrática en Venezuela al intentar restringir las facultades del Parlamento –de mayoría antichavista– con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia, donde predominan los jueces alineados con el oficialismo.

La delegación opositora –integrada por los diputados Luis Florido, Williams Dávila y Calos Valero, y por el dirigente del partido Voluntad Popular Carlos Vecchio– ya viajó a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para proponer la creación de un “Frente Internacional Parlamentario”, con miras a evitar la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, y la activación de las cláusulas democráticas del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la OEA. “La Asamblea venezolana ha sido atropellada desde el alto poder”, arguyó Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de esa instancia.

Reprensión no vinculante

“No hay que esperar demasiado de esa moción”, advierte Klaus Bodemer, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), al ser consultado por DW sobre la posible invocación de la Carta Democrática Interamericana, firmada hace tres lustros para que el Consejo Permanente de la OEA pudiera denunciar la alteración del orden constitucional en cualquier país del continente americano. Daniel León, de la Universidad de Leipzig, coincide con Bodemer, pero sólo parcialmente: “Ese mecanismo de la OEA no es vinculante, pero tiene más fuerza que el coro de exmandatarios que han condenado los desafueros de Maduro”, dice León.

“De las ‘tarjetas rojas' que la OEA, el MERCOSUR y la UNASUR le pueden mostrar a Venezuela, la del MERCOSUR debería ser la más influyente porque esa entidad tiene instrumentos punitivos muy concretos que afectan directamente al comercio del Estado sancionado. Desde luego, también se puede argumentar que a Venezuela no le asusta la activación del Protocolo de Ushuaia porque su intercambio con el MERCOSUR no es tan grande como muchos imaginan. En todo caso, la cláusula democrática menos amenazante es la de UNASUR, pese a las ínfulas de ese organismo como ente mediador”, asegura León.

Vecinos ensimismados

Bodemer disiente; a sus ojos, una amonestación de la UNASUR sería considerada respetuosamente por Caracas. “Aunque la relación del Gobierno venezolano con la UNASUR dejó de ser la luna de miel que fue en otros tiempos, es mucho más saludable que su vínculo con la OEA, percibida por Maduro y su entorno como una instancia sesgada de antemano en su contra”, señala Bodemer. Cabe preguntarse si el reacomodo de las fuerzas políticas en Sudamérica y las crisis que atraviesan los aliados tradicionales del chavismo en el subcontinente hacen viable la invocación de la cláusula democrática de la UNASUR para el caso venezolano.

El investigador del GIGA no descarta ese escenario. “Maduro ha terminado cometiendo errores que ni la UNASUR puede ignorar. Por otro lado, el clima político ha cambiado en Sudamérica; en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y otros países impera un estado de ensimismamiento que no favorece a Maduro –tan necesitado de solidaridad regional–, sino a sus opositores, que ahora encuentran más oídos atentos”, sostiene Bodemer. El diputado socialdemócrata Klaus Barthel, presidente del Grupo Parlamentario Alemán-Sudamericano en el Bundestag, desaconseja más bien la activación de las cláusulas democráticas.

“En lo que respecta a la Carta Democrática Interamericana, su efecto va a ser nulo, a menos que a Venezuela se la excluya de determinados gremios de la OEA. Y aún si esa medida diera frutos, cabe reflexionar: ¿qué es mejor, que la OEA tome partido y se inmiscuya en el conflicto interno de un país, a solicitud de una de las partes afectadas, o que intente mediar entre ellas, propiciando el diálogo? Yo temo que el único resultado de ese involucramiento sea la agudización del enfrentamiento Gobierno-oposición. ¿Quién tiene interés en que el combate se intensifique? Caracas ya ve a la OEA como un instrumento del ‘imperialismo estadounidense'…”, dice Barthel.