TIPNIS: más que un conflicto por una carretera

La controversia en torno a la construcción de una carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), un área de 1,2 millones de hectáreas situada entre los departamentos de Cochabamba y Beni, se ha convertido en el mayor desafío del segundo mandato del presidente de origen indígena aymará, Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presentó un informe que avala la consulta realizada por el Gobierno a las comunidades y pueblos indígenas que habitan esos territorios. “De 58 comunidades consultadas, tres de ellas rechazaron el proyecto”, indicó Juan Carlos Pinto, director de la Unidad Técnica del Tribunal Electoral.

La consulta efectuada entre julio y diciembre del año pasado incluyó a 58 de un total de 69 comunidades indígenas amazónicas. “Once de ellas se negaron a ejercer el derecho de ser consultadas”, afirmó la presidenta del tribunal, Vilma Velasco. Para muchos expertos, el resultado anunciado por el Tribunal Electoral boliviano era algo esperado.

"El conflicto del TIPNIS es uno de los polvorines que desafían actualmente al Gobierno. El segundo mandato del presidente Morales muestra claramente cuán heterogénea es su coalición, integrada por una clase media de izquierda, cocaleros, sindicalistas y asociaciones indígenas, cuyos intereses no siempre logran coincidir en la cotidianeidad política", afirma Anja Dargatz, responsable de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Bolivia, en una entrevista publicada en la página de ese organismo.

En disputa está el proyecto de desarrollo de Bolivia

“Más que una disputa por la construcción de una carretera, lo que está en cuestionamiento es la visión del proyecto de desarrollo de Bolivia como un Estado plurinacional hacia el futuro. No es un conflicto por una carretera, es un conflicto en torno a los cambios sociopolíticos y las tensiones inherentes a estos cambios”, afirma el politólogo boliviano Gustavo Bonifaz, en conversación con DW.

Los resultados de la consulta fueron adelantados hace un mes por el Gobierno boliviano, que dio así luz verde a una infraestructura a la que se opone una buena parte de los indígenas y para la cual el presidente no dispone todavía de recursos. Quince brigadas de observadores acompañaron durante todo el operativo a los responsables de realizar la consulta. Once comunidades se negaron a ser consultadas y, en algunos casos, mantuvieron bloqueado el río Isidoro, donde tendieron alambradas de púas para impedir el paso de las embarcaciones con las brigadas gubernamentales. Dichos grupos indígenas no reconocen los resultados de la consulta, a la que calificaron de “clandestina”.

“Hay una tensión constante entre las visiones de desarrollo. Los sectores indígenas de las tierras bajas tienen una visión más amigable con el medio ambiente, etno- desarrollista si se quiere, pero hay otros sectores campesinos y urbanos populares que tienen una visión más desarrollista del proceso”, explica el politólogo del London School of Economics, que realiza análisis político para diversos organismos, entre ellos, la FES.

Cocaleros, respaldados por el presidente

Los asentamientos campesinos ilegales en el territorio indígena del TIPNIS proliferaron como hongos en las últimas dos décadas, sobre todo impulsados por el cultivo de la coca. Los cocaleros parcelan y privatizan esas tierras comunitarias y obligan a los indígenas a sembrar la planta. Los grandes monocultivos de coca bolivianos son equiparables a los de soya en Brasil, que son enemigos de facto de las comunidades indígenas, pues les roban su territorio y desplazan a sus habitantes.

"Los intereses de los cocaleros tienen una clara prioridad frente a los de los indígenas de las tierras bajas. Pero, de momento, no se ve una división de estos grupos, o la búsqueda de una alternativa a Evo Morales de cara a las elecciones en 2014. Los grupos en conflicto, si no son parte del Movimiento al Socialismo, son parte del proceso de cambio que inició Morales en el 2006", afirma por su parte Anja Dagartz.

La experta alemana destaca que Bolivia necesita ampliar su infraestructura, y en eso coinciden todos los grupos. El problema no es la carretera misma, sino todo lo que implica el proyecto, los lucrativos negocios que hace tiempo han sido apalabrados a los cocaleros, por ejemplo.

La carretera del TIPNIS desató un conflicto que comenzó desde 2011. Una marcha liderada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, (CIDOB), reprimida en septiembre en Chaparina, terminó logrando la aprobación de la ley 180, que establecía la intangibilidad de la reserva y el veto a una carretera que pase por su territorio. Poco después, otra marcha liderada por el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) logró la aprobación de la ley 222, que convocó a una consulta para definir el futuro de la obra vial.

Corredor trasnacional bioceánico

"El proceso de consultas ha revelado un conjunto de tensiones dentro de la coalición de organizaciones sociales y políticas que conforman el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), lo cual ha sido una oportunidad para que sectores opositores denunciaran esa contradicción”, afirma Gustavo Bonifaz.

El politólogo destaca que muchos bolivianos están de acuerdo con la construcción de la carretera, que situará a Bolivia dentro de un corredor trasnacional bioceánico que impulsará un mayor desarrollo en un sinfín de poblaciones por las cuales transitará la vía. Otro sector de la ciudadanía está en desacuerdo tomando en cuenta la perspectiva normativa, y cuestionan el proyecto, que encarna la plurinacionalidad. A la vez, algunos sectores de la oposición aprovechan la disputa para desnudar las contradicciones en la política de desarrollo del Gobierno actual.

Autora: Eva Usi

Editora: Cristina Papaleo