Tortura en Venezuela: "un país con un dolor transversal"
19 de febrero de 2020
En un subsuelo de la Eurocámara, con la performance "White Torture undergorund poetry”, Lorent Saleh intentó llevar al público la magnitud de la tortura en las cárceles venezolanas. Una pequeña celda blanca iluminada, una cama, una cámara. De vez en cuando algún grito, una sirena. Golpes amenazantes contra las rejas.
Saleh, que recibió en 2016 el Premio Sájarov junto a otros siete representantes de la oposición democrática venezolana, pasó 26 meses en condiciones de "tortura blanca”, un tipo de tortura psicológica basada en la privación sensorial y el aislamiento. Acusado de cooperar con el paramilitarismo colombiano y planear atentados contra el gobierno de Caracas, el exdirigente estudiantil pasó cuatro años en prisión, sin comparecer nunca ante un juez.
"Independientemente de los presuntos crímenes que se le imputen, a cualquier persona deben respetársele sus garantías judiciales. Pero en Venezuela, para que alguien pueda ser presentado ante un juez pueden pasar entre cuatro y seis años, en la mejor de las situaciones”, explica a DW, desde Caracas, Liliana Ortega, coordinadora general de COFAVIC. "En el 99% de los casos, no se llega a un juicio”, agrega.
En su informe de verano de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, registraba 793 personas privadas de libertad arbitrariamente. Por otro lado, la organización Foro Penal afirma que, a febrero de 2020, hay 351 presos políticos.
La organización de Ortega, que llevó los casos en torno al Caracazo de 1989 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registra detenciones arbitrarias en el marco de operativos de seguridad ciudadana.
"En los operativos de seguridad es donde se dan mayormente los casos de tortura. En el 99% se dirigen a hombres jóvenes menores de 25 años de zonas urbanas vulnerables", sigue Ortega . Que las agresiones se enfoquen en los más jóvenes tendría, según ella, el objetivo de inhibir y desincentivar cualquier oposición a las políticas del gobierno, a pesar de la falta de servicios básicos.
Dada la opacidad de registros oficiales, ¿cómo llega COFAVIC a los datos que maneja ? "Somos una organización histórica y tenemos mucha experiencia en documentar”, responde Ortega. Así, dejando en claro que las cifras no son exactas, COFAVIC habla de 10.636 casos de ejecuciones extrajudiciales entre el 2012 y el 2019. "En todos esos casos hemos documentado tortura. En los allanamientos también registramos agresiones a mujeres”, añade Ortega.
Emergencia carcelaria
La emergencia humanitaria compleja de la que hablan los organismos internacionales se vive también en las cárceles. "No sólo hay violencia generalizada y presencia de bandas armadas, hay falta de alimentación, enfermedades y precarias situaciones sanitarias”, afirma.
Aunque la situación se ha deteriorado mucho en los últimos cuatro años, las penurias en las cárceles venezolanas vienen de lejos. COFAVIC llevó en 1992 el caso de la masacre en el retén de Catía, cuando la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana arremetieron contra los reclusos.
"Ya en ese momento, la CIDH estableció una hoja de ruta sobre las condiciones que debían tener las cárceles y las medidas a ser tomadas para acabar con la tortura sistemática y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esa sentencia no fue aplicada nunca por el Estado venezolano”, recuerda la especialista de COFAVIC, organización que colabora con SOS Tortura y con la Organización Mundial contra la Tortura (OMT).
Es más, "desde hace tiempo hay un uso desproporcionado de la fuerza. Y la descomposición de las estructuras policiales han venido agravándose, también por la corrupción. Venezuela es un país con un dolor transversal y con una impunidad que hace que se agudice”, afirma.
Con este panorama, ¿cabe la posibilidad de que un prisionero pase dos años en una celda vacía blanca? ¿Es la intención no dejar huellas pero quebrarlos sicológicamente, como se afirma en "White Torture”?"
"No llevamos los casos de los presos políticos”, responde Ortega. "Pero sí hemos visto cosas muy graves, como la del concejal que estaba detenido y luego, estando bajo el control del Estado, fue hallado muerto. También hay desapariciones forzadas. Hay un gravísimo riesgo para la vida y la integridad personal. Y el Estado no da respuestas satisfactorias”, concluye.
(cp)
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