UE-Latinoamérica: “se echa en falta la rendición de cuentas”

"Por la violencia post electoral en Honduras y el uso indebido de la fuerza por parte del Estado, varias organizaciones internacionales emitimos el 6 de febrero un comunicado público”, dice a DW Marta Ibero, directiva de la EU-LAT Network.

Esta red está conformada por 38 organizaciones europeas y latinoamericanas de desarrollo y derechos humanos, institutos de investigación y comités de solidaridad.  La carta la firmaron Frontline Defenders, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y CIDSE. "Nuestro objetivo era que, al más alto nivel, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) lleve eso al diálogo con Honduras”, puntualiza Ibero.

Por la situación post-electoral, la Alta Representante de la Política Exterior Europea, Federica Mogherini, se había pronunciado una semana después de las elecciones. También la jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) que había enviado el SEAE previamente al país centroamericano. La preocupación por la situación fue recogida, entonces, en un comunicado público de la delegación de la Unión Europea en Tegucigalpa.

¿Delegación, SEAE, Comisión, Consejo?

"Es verdad que es un gigante y es difícil saber qué puerta tocar en cada ocasión”, comenta Ibero. Cuando se trata de hacer incidencia –es decir, llevar un tema a una instancia europea con el fin de lograr una reacción, una declaración, una medida disuasoria- hay que saber moverse en este intrincado laberinto. Hay que conocer sus competencias. Y sus prioridades.

A la cabeza del SEAE está la Alta Representante, la jefa de la diplomacia europea. Desde este cargo, que existe apenas desde el 2010, se supervisa y dirige las 139 delegaciones que tiene la Unión Europea en todo el mundo, las misiones de la acción exterior, las políticas conjuntas.

A nivel de las estructuras de la UE, la Alta Representante –en cuanto a política exterior- es el nexo entre la Comisión Europea, el Consejo de ministros y el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países de la unión.

En caso extremo

Volviendo al caso de Honduras, "es positivo que haya un pronunciamiento público en cuanto a la necesidad de hacer investigaciones. Lamentamos que la delegación no haya mostrado su apoyo a los defensores,  ni haya condenado el uso excesivo de fuerzas por partes del Estado como en otros ejemplos de otros países”, critica Ibero.

Cabe recordar que en 2009, después del golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya, desde el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores se promovió la suspensión temporal de Honduras de la negociación del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que el país retomara el orden democrático y constitucional. Una medida de presión como ésta corresponde a uno de los niveles coercitivos más altos de la política exterior europea. Y no se toma a menudo.  

Fuera de situaciones excepcionales, ¿de qué depende que un tema latinoamericano lleguen  a la mesa del Consejo? Tanto los acuerdos comerciales, las sanciones a Cuba, la inclusión (y posterior exclusión) de las FARC en la lista de organizaciones terroristas como los temas que acaban sin medidas concretas pasan primero por grupos de trabajo permanentes. Estos están conformados por especialistas de las embajadas de todos los países miembros.

"A sus reuniones invitan de vez en cuando a representantes de la sociedad civil para que informemos”, cuenta Ibero. Antes de eso, las organizaciones han tocado esas puertas, dependiendo de las sensibilidades y prioridades de cada país. "Hay países más sensibles que otros a temas de género, otros a temas de impunidad. El desafío es detectar las prioridades de cada uno. Y su presencia en la región. No todos tienen presencia e intereses en América Latina”, sigue Ibero. En todo caso, es desde estos grupos que –siguiendo instrucciones de su capital- salen los temas para la agenda ministerial.

 Otras vías

Pero antes de llegar a una resolución firmada por los 28 líderes europeos –como en el caso del embargo de armas y congelación de cuentas a líderes políticos venezolanos-  hay varias instancias. Las delegaciones in situ recogen las temáticas y, dado el caso, las preocupaciones de la sociedad civil. Éstas son trasladadas al SEAE.

¿Se las pone a discusión? Depende. Muy probablemente sí, en caso de que exista un "diálogo sobre derechos humanos estructurado”. Éste es el caso con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Perú. Con los países centroamericanos, a pesar de que el Acuerdo de Asociación entró en vigor en 2013, el componente de diálogo político y cooperación –en cuyo marco se estructuran estas conversaciones- se hace esperar.

¿Diálogo y qué más?

En el caso de México, que lleva ya siete ediciones de diálogo estructurado sobre derechos humanos, "previo al diálogo oficial entre el gobierno de México –ministro de Justicia o de Defensa, depende- y las autoridades europeas, se organiza un seminario con la sociedad civil. Nuestras conclusiones se llevan al diálogo oficial”, cuenta Ibero.

¿Y después? "Emiten un comunicado que puede decir mucho o nada. Lo más sensible no suele estar ahí”, indica. Su organización (una fusión reciente de lo que eran CIFCA y Grupo Sur) tiene 25 años monitoreando las políticas europeas y la situación de los derechos humanos en México y Centroamérica: "Un seguimiento de las conclusiones, indicadores para detectar si la situación ha mejorado, un espacio de rendición de cuentas se echa en falta”.