"Una victoria política y moral“ para El Salvador

DW: Hace dos semanas, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un órgano de abritraje del Banco Mundial, falló a favor de El Salvador y en contra de la minera canadiense Pacific Rim que reclamaba al Gobierno salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares. ¿Qué significa el fallo?

Pedro Cabezas*: Es una victoria política y moral en contra de estas demandas perversas que muchas empresas ponen en contra de los Estados. La victoria está en que es un tribunal altamente parcializado a favor de la empresa que ha dicho que esta demanda no tiene cabida.

Es un fallo sin precedentes en el país.

Aquí hay dos cosas que no tienen precedente: Una cosa es que El Salvador tenga una victoria contundente, la segunda que el Gobierno esté defendiendo al país de esta manera. Que el Gobierno esté trabajando de la mano con los movimientos sociales que están opuestos a la minería no tiene precedente.

En 2006, diferentes organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas CRIPDES, formaron la Mesa Nacional Frente a la Minería. ¿Cómo se llegó a un acuerdo nacional más amplio?

Las comunidades que estaban siendo afectadas de diferentes maneras por los proyectos mineros se habían organizado a nivel nacional. Había una demanda muy fuerte para que el Gobierno parara el proceso de exploración y explotación minera. Esto también fue reforzado porque toda la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, que tiene mucho poder político en el país y mucha influencia en la opinión pública, también se pronunció en contra de la minería.

¿Por qué?

Los argumentos en el país son que la minería no es viable, porque somos un país pequeño, con una densidad poblacional muy alta. De por sí ya tenemos un balance ecológico precario, porque hay alta deforestación, por la contaminación del agua, porque vivimos en una zona de desastres geológicos y sísmicos. Sufrimos de sequías en el tiempo seco, y durante el invierno estamos expuestos a inundaciones. Con todas estas condiciones, la gente, las organizaciones y todos los expertos coincidieron en valorar que la industria minera no es viable en el país.

En 2008 el Gobierno decretó una moratoria para los proyectos extractivos en el país. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas sí le habían dado el permiso de explorar la mina de oro El Dorado a la empresa canadiense Pacific Rim, adquirida por la empresa australiana Ocean Gold en 2013. Y en las comunidades afectadas por la mina en el departamento de Cabañas había personas a favor del proyecto.

En Cabañas la empresa Pacific Rim literalmente decía que iban a dejar el ambiente en mejores condiciones de que lo encontraron. Al principio la gente lo creía, porque Cabañas es un departamento con mucha pobreza y se necesita el desarrollo económico, pero algunas de las organizaciones sociales y la gente que tenía sospecha de la industria minera organizaron giras de líderes locales a Honduras y Guatemala que tienen proyectos más avanzados de minería y fueron a ver la realidad de los proyectos mineros en esos países.

¿Qué encontraron?

Gente viviendo en pobreza, con enfermedades causadas por la contaminación de la mina, enfermedades de la piel, respiratorias, algunas personas con cáncer. Lo que vieron fue evidencia de que la salud de las personas estaba directamente afectada por la contaminación de la mina.

¿Cuáles son los impactos ambientales de este tipo de minería?

Es una industria altamente contaminante. Para extraer un millón de onzas de oro, se requiere pulverizar entre ocho y diez millones de toneladas de roca. Imagínese la franja norte del país, completamente pulverizada y con tierra y roca altamente contaminada con los químicos que se utilizan para extraer el oro, que son mercurio, cianuro o sulfato. Encima de esto, la pulverización de la roca libera metales pesados que son tóxicos para la salud.

Después de la fase de exploración, a la empresa se le denegó el permiso de explotación aún antes del moratorio. ¿Por qué?

Ya habían habido suficientes denuncias que el Ministerio de Medioambiente y el Ministerio de Economía comenzaron a hacer sus propios estudios. Le pidieron a la empresa minera que presentara un estudio de impacto ambiental más fundamentado. Pero la empresa, en vez de hacer esto, lo que hizo fue comenzar con una campaña de relaciones públicas, queriendo convencer a las autoridades.

¿Cómo reaccionó la empresa ante las demandas de las organizaciones de la sociedad civil?

Hubo una campaña de intimidación, tratando de sobornar a los líderes locales para que no se opusieran a la minería. Lo que generó a nivel local fue un conflicto entre las comunidades. Había mucha gente con la expectativa de que abriera la mina y mucha gente opuesta a la minería, se generó un conflicto que terminó en cinco activistas ambientales asesinados.

 

¿Fueron investigados los hechos?

Se encontró a los autores materiales de tres personas. Se les juzgó y están pagando su sentencia. Los autores intelectuales nunca fueron encontrados y nunca hubo una investigación sobre ellos.

Tras el fallo del CIADI, ¿cómo está la situación en la zona de la mina El Dorado?

A través de su subsidaria Minerales Torogoz, Oceana Gold continúa sus trabajos de exploración. Financia a una fundación que  hace mucho trabajo político en la zona. Dan clases de inglés a los niños, dan cursos de emprendedurismo, dan capital semilla para que la gente ponga su negocio. Y lo que se están ganando es la voluntad política de la gente. Siempre siguen con su narrativa que genera apoyo a su proyecto minero, porque piensan que las condiciones políticas pueden cambiar.

Es decir, ¿puede que se suspenda la moratoria de 2008?

Lo que esperábamos era que se pasara una ley contra la minería, pero no se logró. Tenemos una moratoria administrativa. Los Gobiernos no son permanentes, puede haber un Gobierno pronto que cambie la situación y la amenaza va a ser mucho más inminente. Mientras no haya una prohibición a la minería, no se le puede decir a las empresas que no operen porque no hay un marco regulatorio que les diga eso.

* No se muestra la imagen del entrevistado por razones de seguridad

Autor: Martin Reischke (EL)