Unasur: cooperación militar de Colombia enciende debate sobre alianzas y armas

Hasta la Patagonia tuvo que ir Colombia a defender la prolongación y ampliación del convenio militar de cooperación con Estados Unidos que permite a Washington el uso de siete bases militares colombianas. El objetivo, según los Gobiernos de Álvaro Uribe y Barack Obama: “la lucha contra las FARC, el narcotráfico y el terrorismo generado por éstos”. Los tres son agente, motor y acción de una dinámica que ya no sólo amenaza a la democracia colombiana.

La reunión extraordinaria fue convocada para el 28 de agosto, debido a que los gobernantes de los 12 países miembros de Unasur no se pusieron de acuerdo en Quito el 10 de agosto pasado sobre el acuerdo que permitirá a EE.UU. usar bases colombianas.

Aunque, se trata de una “decisión soberana de dos países”, como lo reconocen el mismo Brasil, Perú y Chile, entre otros, las repercusiones geopolíticas sí son relevantes, toda vez que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina genera toda suerte de suspicacias y temores reales. Sobre todo el Gobierno de Hugo Chávez, que adelanta la “revolución socialista del siglo XXI”, habla de la preparación de “una invasión del Imperio con la colaboración de la burguesía colombiana”, como lo ha anunciado en su programa de radio y televisión “Aló presidente”.

¿Cuestión de principios?: miles de muertos por un criminal

Muchos fantasmas en uniforme de green barret rondan en América Latina. Pero la sangrienta invasión estadounidense de Panamá en diciembre de 1989 para capturar a su Jefe de Estado, Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, es la amenaza que mejor explicaría los temores de Chávez. Su Gobierno enfrenta serias acusaciones: altos oficiales del ejército venezolano han sido sindicados por autoridades colombianas, con nombres y apellidos, de “participar activamente en el comercio de cocaína de las FARC y entregarles armas”.

“Chávez es un irresponsable al hablar de guerra”, indicó a la agencia de noticias AFP el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher J. McMullen, tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores uruguayo, Gonzalo Fernández. McMullen es el enviado del Gobierno de Barack Obama para “conocer las posiciones de los doce miembros de Unasur en esta reunión extraordinaria”.

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“Esta es la segunda prueba de fuerza de Unasur”, recuerda Jonas Wolff, experto en política de seguridad de la Fundación alemana de Investigación de Paz y Conflictos (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, HSFK), con sede en Fráncfort del Meno. Una crisis que, en efecto, Unasur superó con sorprendente éxito: “En septiembre de 2008 cuando el conflicto interno en Bolivia amenazaba con partir el país en dos, fue bajo la presidencia de Unasur de Michelle Bachelet, la que resolvió el problema con una destreza que Estados Unidos no tuvo y a la OEA, bajo el también chileno Miguel Insulza, ni siquiera se le ocurrió”, agrega Wolff que investiga las “repercusiones de situaciones de conflicto en la promoción de la democracia”.

Pero el buen antecedente podría no funcionar en esta oportunidad, toda vez que el escenario, los actores y las condiciones son totalmente diferentes y el conflicto, de dimensión continental. Independientemente de cualquiera que sea la declaración final de Bariloche, el conflicto regional llegó para quedarse y por tiempo indefinido.

Grandes incógnitas, grandes explicaciones

Para Eduardo Pastrana, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de las Universidades de Leipzig y Javeriana, de Bogotá, una de las “grandes incógnitas” del convenio militar cuando se plantea la lucha contra el terrorismo y delitos conexos es la definición de qué entienden, hoy y en un futuro, Colombia y Estados Unidos, como “conflicto interno” y qué como “conflicto trasnacional”.

Pastrana precisa que “justamente una de las características del conflicto colombiano es que sus efectos son transfronterizos: tráfico de armas, de precursores (para el procesamiento de cocaína y heroína) y las acciones de los grupos irregulares.” Eso implica que cualquier operación de inteligencia, represión o de control de actividades de la guerrilla y el narcotráfico pasarían más allá de las fronteras de Venezuela, Ecuador, Perú o Brasil. Pastrana pone un ejemplo: “En el caso del narcotráfico se ha vinculado el accionar de las FARC con muchos sectores del Ejército venezolano como facilitadores del paso fronterizo de la cocaína a Venezuela que de allí va al Caribe y a Europa vía África”.

La circunscripción del delito y del territorio en el que éste se comete y las acciones legales contra los narcotraficantes y/o terroristas que buscan y encuentran refugio fuera de las fronteras de Colombia son una de las piedras angulares de la disyuntiva. Una pregunta sustancial si se tiene en cuenta la diversidad de las 16 fronteras de Colombia con 11 países: al Este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá. Colombia tiene además límites marítimos con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico.

“Aquí estamos ante un conflicto fundamentalmente transfronterizo, que desde hace ya mucho tiempo dejó de ser (sólo) colombiano”, apunta Eduardo Pastrana.

¿Colombia: cuáles son las alternativas?

¿Cuál puede ser entonces la alternativa para Colombia con una democracia amenazada por una guerrilla que quiere tomar el poder por las armas, por el narcotráfico que cofinancian esa lucha, por la imposibilidad de perseguir a los agentes violentos que se ocultan más allá de su territorio y por las amenazas de expansión del socialismo de Chávez? “Recuperar a América Latina”, es la respuesta de Pastrana quien reconoce que “errores hay de lado y lado de Colombia, Venezuela y Ecuador” y recomienda “replantear la diplomacia en América Latina porque Unasur es el (actual) camino hacia la integración de Suramérica”... y el guía emergente, Brasil.

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A juicio de Eduardo Pastrana, “Brasil es el país líder que apunta a la reconfiguración geoestratégica de América Latina”. Brasil ha sido, en efecto, el que ha planteado foros con espíritu democrático y espacios de integración como Unasur. Fue Brasil el que frenó el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) y el que mantiene parado procesos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Brasil podría ser, eventualmente, el país que gerencie un giro de la lucha contra el narcotráfico a nivel continental que no sea eminentemente militar, una crítica frecuente.

“La definición de la lucha contra el narcotráfico como una opción exclusivamente militar ha hecho imposible desarrollar una estrategia regional, porque significaría enviar a Colombia tropas de Unasur a cambio de las estadounidenses...”, apunta Jonas Wolff, quien coincide con el profesor Pastrana en que “Unasur refleja la tendencia de América Latina de lograr una independencia de Estados Unidos - aunque sea relativa - y el ánimo de abrir una nueva opción de integración regional.”. Una tendencia que va a la par con el llamado “giro a la izquierda” en América Latina, liderado por el presidente de Venezuela.

La cuestión de las armas y los militares extranjeros

Pero antes de que se llegue al “estado ideal” de que en América Latina no haya ni tropas extranjeras ni armas “made in USA, Sweden, Russia or Germany” hay mucho por resolver. El canciller colombiano Jaime Bermúdez, al tiempo que da explicaciones sobre la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, exige que “otros países de la región den las propias, en particular sobre el incremento del arsenal militar en la región, en especial de Venezuela y los movimientos de las guerrillas en Venezuela y Ecuador”. La DEA (Drug Enforcement Administration), el ente estadounidense que persigue al narcotráfico, está, por su parte, muy interesada en conocer las operaciones del narcotráfico en Venezuela y Bolivia, de donde fue expulsada en los últimos años. Ecuador, por su lado, cerró la base militar estadounidense de Manta desde donde se monitoreaban los pasos del narcotráfico en la región, también en Colombia.

Por eso “la reanudación y ampliación del convenio de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos es el fruto de la política de presión de Chávez y Correa para cerrar Manta”, concluye Eduardo Mackenzie en un análisis publicado en la revista colombiana Cambio.

ALBA: “Lo que es con Ahmadineyad, es con nosotros”

Es más, Chávez ha dado entrada a actores ajenos a la región como Rusia e Irán. Rusia como proveedor de armas a Venezuela y “aliado en operaciones estratégicas”, como la que realizaron a fines de 2008 con un acorazado frente a costas venezolanas, e Irán como nación de la revolución hermana: “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, se siente honrado de compartir con la Revolución Islámica los ideales de independencia y soberanía”, dice un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información del 9 de febrero de 2009.

En ese mismo tono, el canal oficialista venezolano Telesur publicó un documento del 16 de junio de 2009 en donde los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) respaldan al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, y rechazan “la injerencia externa” en ese país. En la declaración final de su sexta cumbre, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo Morales; Nicaragua; Daniel Ortega; y Ecuador, Rafael Correa, condenaron la “campaña de desprestigio desatada contra ese hermano país”.

Brasil: oportunidad de hacerse valer o fracasar

¿Es quizás el acuerdo entre Colombia y EE.UU. una “alianza político-militar de disuasión”, como sugiere en el diario bogotano El Espectador el precandidato a la presidencia de Colombia en 2010 Germán Vargas Lleras?

Unasur no va a responder en Bariloche a esos interrogantes, pero sí puede afianzar el camino brasileño, que no es otro que el del respeto del Estado de Derecho y el no enfrentamiento en una región en donde urge la unidad para combatir la miseria.

Autor: José Ospina-Valencia

Editor: Pablo Kummetz