Venezuela: la lucha por la autonomía universitaria

“Venezuela era uno de los países punteros en el desarrollo de universidades en Sudamérica, ahora creo que (por la crisis) tardará 20 años en recuperarse”, dice a DW Mayda Hočevar, profesora de Teoría Jurídica y directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida. A las dificultades que complican la rutina académica se suma la lucha por mantener la autonomía de las universidades, consagrada en el artículo 109 de la Constitución venezolana.

Ataque a la libertad académica

Desde el punto de vista jurídico, las cinco universidades autónomas del país deciden sobre sus propias autoridades y sus presupuestos, a diferencia de las universidades bolivarianas, que están directamente controladas por el Estado. Pero el gobierno está tratando de reducir cada vez más esa autonomía, ya sea por la fuerza física o la fuerza legal. Por ejemplo, en los últimos años, la Guardia Nacional Bolivariana ha lanzado varias veces bombas lacrimógenas en los campus de las universidades autónomas, lo cual va en contra de la inviolabilidad del recinto universitario, que es parte de la autonomía universitaria.

Los científicos y los estudiantes que critican esas intervenciones del Estado corren el riesgo de ser arbitrariamente arrestados y acusados judicialmente. En el 2017, el economista Santiago Guevara, de la Universidad de Carabobo, en la ciudad de Valencia, fue detenido y sometido a la justicia militar. Guevara fue acusado ante un tribunal militar, entre otras cosas, de crímenes contra la "seguridad e independencia de la Nación". La base de evidencia de esas acusaciones no ha sido revelada. Guevara anteriormente había hecho publicaciones críticas frente a las políticas económicas del gobierno. Además, Hočevar señala que "profesores de Ingeniería que han denunciado el colapso eléctrico en el país fueron perseguidos y amenazados".

Asimismo, en agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una sentencia que obliga a las universidades a renovar sus autoridades dentro de seis meses. La sentencia quiere establecer “la igualdad de condiciones para elegir las autoridades universitarias” y hace indicaciones sobre el mecanismo electoral. Sin embargo, según la Ley de las Universidades, son esas casas de estudio las que deben decidir sobre los reglamentos de sus elecciones de forma autónoma. Por lo tanto, muchos académicos consideran que esa sentencia va en contra de la autonomía universitaria. El 27 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la medida tras protestas. 

Científicos en peligro

Un caso actual es la sentencia contra dos profesores de la Universidad Central de Venezuela: Manuel Rachadell y Miguel Albujas. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declaró la anulación de su nombramiento e impuso medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, la congelación de sus cuentas bancarias y bienes, y una investigación penal en su contra. En diciembre de 2019 habían sido nombrados por la Asamblea Nacional para ser representantes de ese parlamento ante el Consejo de Universidades. La sentencia contra ellos se justifica en base a que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y, por lo tanto, todos sus actos serán anulados.

Sin embargo, Rachadell y Albujas no eran miembros de la Asamblea Nacional ni estaban procesados anteriormente. Entonces, ¿por qué esas medidas cautelares? El Tribunal Supremo de Justicia no da ninguna justificación acerca de estas.

Durante muchos años, los dos académicos fueron críticos con respecto a las violaciones de la autonomía universitaria e hicieron varias publicaciones sobre el tema. “Simplemente estábamos pidiendo que se cumpliera la Ley de las Universidades que todavía está vigente. Entonces, debido a la reivindicación de ese derecho, fuimos objeto de una sanción”, dice a DW Albujas. Rachadell, por su parte, opina que su caso fue “ejemplarizante” para que nadie más se presentara como representante del Consejo de Universidades, ya que el nombramiento fue convertido en un delito. Además, considera que se trata de una sanción y no de una medida cautelar.

Rachadell y Albujas se enfrentan a la incertidumbre de como seguirá su situación. “No puedo salir del país ni puedo usar mi cuenta bancaria. Solamente esperaré que prime la racionalidad”, dice Albujas a DW.

Refugio en Alemania

Muchos de los que lucharon por la libertad académica en Venezuela han emigrado en los últimos años. Ese es también el caso de la pareja de profesores Liliana Kurz y Jeff Wilkesman, que han llegado a través de la iniciativa Philipp Schwartz al Instituto de Ingeniería de Procesos Biológicos en la Escuela Superior de Mannheim, en Alemania. La iniciativa está comprometida con el apoyo internacional a los científicos en peligro y les permite integrarse a las universidades alemanas mediante una beca. Hasta 2017 ambos habían enseñado en la Universidad de Carabobo, donde participaron en manifestaciones en favor de la autonomía académica. A partir del 2015 la pareja sintió una creciente intervención política en las actividades de la universidad. “Todas las solicitudes de financiamiento, que generalmente son por parte del Estado, eran negadas sin ningún tipo de razón. Empezamos a notar que había una influencia de las políticas detrás de ello. Muchos congresos eran organizados por parte del Estado y no todo el mundo podía participar de una manera libre”, subraya Wilkesman.

¿Entonces Venezuela ya no es un país seguro para los académicos? “Todavía es posible ser crítico, pero la amenaza siempre está latente. Es un poco parecido a la persecución que se hace a los políticos y los defensores de derechos humanos. A mí no me han perseguido todavía, pero yo tengo la amenaza que me puede pasar lo mismo que a los profesores Albujas y Rachadell”, dice Hočevar.

(cp)

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