Venezuela: protestas son reprimidas nuevamente

Este sábado (8.4.2017) volvieron a ser reprimidas en Venezuela las manifestaciones convocadas por la oposición antichavista para exigir la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acusados de propinar un autogolpe de Estado al despojar al Parlamento de sus facultades mediante las sentencias 155 y 156, emitidas el 28 y 29 de marzo.

Aunque la corte de mayor rango en ese país "revisó” sus fallos y eliminó sus aspectos más controvertidos a petición del presidente Nicolás Maduro –evidenciando la falta de autonomía del Poder Judicial–, la mayor alianza de partidos opositores arguye que la ruptura del hilo constitucional no ha sido subsanada e insiste en llegar a las distintas sedes de la Defensoría del Pueblo para demandar la destitución de los jueces en cuestión.

Hubo marchas y concentraciones en Caracas y al menos una docena de estados. En Táchira, fronterizo con Colombia, los opositores llegaron hasta la sede regional de la Defensoría del Pueblo, que estaba cerrada, y colocaron carteles que rezaban "clausurado por complicidad en golpe de Estado”. En esa entidad, el partido opositor Voluntad Popular (VP), liderada por el preso político Leopoldo López, aseguró que grupos violentos armados por el oficialismo atacaron a los manifestantes con disparos "a mansalva”.

En Carabobo, cientos de manifestantes bloquearon el paso en una de las principales arterias viales de la ciudad y se enfrentaron a la policía regional. En Yaracuy, decenas de opositores se reunieron en plazas y calles para pedir la celebración inmediata de elecciones.

Otros contingentes opositores protestaron en las principales avenidas de Maracaibo, capital de Zulia, también limítrofe con Colombia; en la capital del estado de Lara, Barquisimeto; en el céntrico estado de Aragua; y, con menor poder de convocatoria, en Apure, Sucre, Anzoátegui, Trujillo, Mérida y Falcón.

Las televisoras de señal abierta en el país no le dieron cobertura a los sucesos y los periodistas que sí lo hacían comentaron que las señales de varios medios web audiovisuales habían sido bloqueados.

La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano sostiene que 105 manifestantes fueron detenidos entre el 4 y el 7 de abril; decenas más fueron arrestados este 8 de abril, completando un total de 164 en los últimos cinco días en todo el país. Foro Penal Venezolano es una red de juristas que defiende gratuitamente a quienes son detenidos arbitrariamente por razones políticas. Según su abogado, Alfredo Romero, para las 07:00 p.m. hora local de este sábado aún permanecían 71 personas detenidas.

Ánimos caldeados

En principio pacíficas, las marchas de este 8 de abril fueron dispersadas nuevamente a punta de bombas lacrimógenas, chorros de agua y perdigones disparados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tanto en la capital como en otras ciudades del país. Eso caldeó los ánimos de los manifestantes y propició un círculo vicioso de adrenalina y violencia evidenciado en episodios como la agresión de la que fue objeto un equipo de reporteros, denunciada por la televisora estatal.

Testigos presenciales alertaron que los agentes policiales no sólo violaron la Constitución al reprimir manifestaciones con gases lacrimógenos, sino que pusieron en peligro la integridad física de la ciudadanía al lanzar bombas vencidas. Algunas de ellas fueron lanzadas hacia los balcones de edificios residenciales. Otras, fueron disparadas directamente contra personas que protestaban y profesionales de la prensa, algunos de los cuales resultaron lesionados por los artefactos.

Una bomba lacrimógena causó un incendio en la sede del comando de campaña de Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda, cuando el líder opositor se encontraba dentro. "URGENTE!!! Fuimos atacados con BOMBAS”, escribió el dirigente del partido Primero Justicia en su cuenta de Twitter. "Condenamos enérgicamente el atentado”, escribió en esa misma red social el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acotando que la OEA se solidarizaba "con quienes sufren represión por reclamar derechos”. El espaldarazo de Almagro se suma a los que los presidentes de Argentina y Perú le dieron a Capriles Radonski un día antes.

Capriles Radonski, inhabilitado

Este viernes (7.4.2017), Capriles Radonski, quien fuera candidato presidencial en dos ocasiones, fue inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos durante quince años. Esa institución lo acusa de no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo y de pactar convenios internacionales sin autorización para ello. A Capriles Radonski también se le imputa la suscripción de contratos con empresas en nombre de la gobernación de Miranda sin cumplir con los requisitos para ello.

La oposición antichavista clama que la inhabilitación del joven político es parte del "autogolpe” atestado por las instancias del Estado controladas por el presidente Maduro para neutralizar a sus adversarios más fuertes, justo cuando la comunidad internacional presiona al mandatario para que se mida en comicios libres.

De hecho, esta semana, Maduro señaló que en 2018 tendrían lugar elecciones; aunque vaga, esa afirmación llama la atención porque, durante meses, el oficialismo ha evitado fijar fecha alguna para las votaciones. Así, el Consejo Nacional Electoral no ha dicho todavía cuándo se irá a las urnas para designar a las autoridades regionales. Las elecciones de gobernadores y alcaldes debieron haberse consumado a finales de 2016.

El mandatario argentino, Mauricio Macri, por su parte, volvió a pronunciarse sobre la situación en Venezuela y advirtió que ese país podría ser expulsado del Mercosur si el Gobierno de Maduro continúa violando los derechos humanos y desmantelando el Estado de derecho en la nación caribeña. En esa organización regional, "por primera vez se han dicho las cosas como son”, dijo Macri sobre la crisis venezolana en entrevista con DW.

ERC/rml ( dpa / EFE / runrun.es)