Vivanco: “Venezuela se escuda tras un principio arcaico”

A principios de esta semana, el director para el continente americano de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, exhortó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a invocar su cláusula democrática para iniciar un debate en su seno sobre la crisis venezolana y exigir que el Gobierno de Nicolás Maduro rinda cuentas en ese foro “por el deterioro manifiesto del estado de derecho en el país”. A su juicio, es evidente que el Ejecutivo viola el principio de la separación de poderes y de la independencia judicial, propicia la vulneración de los derechos humanos y alienta la impunidad. DW habló con Vivanco sobre su enfática solicitud.

Deutsche Welle: Politólogos y conocedores del acontecer latinoamericano entrevistados por DW consideran que, en este momento, por razones diversas, no es mucho lo que la OEA puede hacer de cara a la crisis institucional de Venezuela. Son varios los Gobiernos del continente que le ofrecen resistencia a esa organización, describiéndola como una instancia dominada por los intereses estadounidenses. En cambio, usted clama porque se aplique la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué consecuencias generaría la activación de ese mecanismo a corto y mediano plazo?

José Miguel Vivanco: El secretario general de la OEA y los países que la integran están autorizados para invocar la cláusula ante una “alteración del orden democrático en un Estado miembro”. Si la cláusula entrara en vigor, yo contaría con dos consecuencias. En primer lugar, se convocaría a una reunión en el Consejo Permanente para hablar sobre la situación venezolana y, posteriormente, ante el Consejo Permanente y la Asamblea General, se discutiría claramente sobre la amenaza que representan para la democracia local los déficits constatados en Venezuela en materia de derechos humanos, separación de poderes e independencia judicial.

Sería ideal que las democracias latinoamericanas propiciaran una discusión franca en ese sentido, solicitándole al Gobierno venezolano que libere a los opositores políticos detenidos arbitrariamente o autorice una visita al país para evaluar la situación de la democracia y los derechos humanos, por ejemplo. En segundo lugar, la Carta Democrática también prevé que si las gestiones diplomáticas fallan y se cuenta con un voto favorable de dos tercios de los miembros, se puede suspender de la OEA al Estado donde se ha vulnerado el orden democrático. Ese escenario es poco probable debido al apoyo con que cuenta Venezuela dentro de la OEA.

Algunos observadores opinan que, al activar su cláusula democrática, la OEA sólo reforzaría la tesis del Gobierno (de que existe una conspiración internacional para desestabilizarlo) y la de la oposición (de que Maduro se ha convertido en un dictador), contribuyendo a atizar enfrentamientos violentos entre oficialistas y antichavistas. Y ciertos factores apuntan a que Maduro podría soportar el aislamiento de Venezuela: su Gobierno cuenta con el respaldo explícito de la cúpula militar y Pekín acaba de mejorar las condiciones del acuerdo bilateral para intercambiar petróleo venezolano por créditos chinos. ¿Comparte usted esos temores?

Es usual que Venezuela objete las críticas internacionales escudándose tras el arcaico principio de no intervención o alegando que sólo protege su soberanía, pero es difícil recurrir a esos argumentos cuando se está hablando de un compromiso multilateral que Venezuela ha asumido como miembro de la OEA. Tampoco tiene ninguna base legal hacerlo cuando lo que está en juego es la defensa de derechos universales que deben ser protegidos por todos. La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo que puede servirle a los Gobiernos de la región para presionar a Venezuela con miras a que mejore la situación en el país, no a que la empeore. Por el contrario, si avanza el deterioro del estado de derecho y se multiplican los abusos en Venezuela –un escenario bastante probable, lamentablemente–, los Gobiernos de la región podrían arrepentirse de no haberla invocado.