Washington se margina

Tres días de gracia tiene el Consejo de Seguridad de la ONU para intentar salvar la profunda brecha que se ha abierto en su interior. Mejor dicho, la que se ha abierto entre Estados Unidos y el resto de los integrantes, incluidos sus más tradicionales aliados en el gremio: Inglaterra y Francia.

El veto estadounidense a la prolongación de la misión de paz en Bosnia no fue en realidad una sorpresa. Pero de la amenaza a la realidad hay un trecho considerable y sólo cuando se hizo efectivo quedó realmente de manifiesto la gravedad del problema. Washington se niega a seguir participando en las misiones de paz, en tanto no se garantice que sus propios cascos azules no puedan acabar algún día acusados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyos estatutos entraron este lunes en vigencia.

Grave revés

La misión de la ONU en Bosnia , que en sí no ofrece materia de controversia, está siendo utilizada como medio de presión. La superpotencia, reacia a someterse a los dictados de una corte cuya jurisdicción desconoce, por lo visto está dispuesta a poner en peligro un importante instrumento para la superación de conflictos internacionales, con tal de imponer su punto de vista. Bosnia fue el primer caso. De no producirse pronto un acuerdo, le seguirán las misiones de paz en el Líbano y otras.

Lo grave es que con ello se socava el peso del propio Consejo de Seguridad. Antaño, el gremio fue un reflejo de las tensiones de la guerra fría, y los vetos de uno u otro bando estaban a la orden del día. Desde la desaparición de la cortina de hierro, sin embargo, había prevalecido la cooperación en el organismo. Pero ahora, vuelve a quedar atado de manos. Algo que el mundo no podría permitirse en realidad en momentos tan delicados como el actual, como subrayó el secretario general de la ONU, Kofi Anan.

Igualmente grave es el revés para el nuevo Tribunal Penal Internacional, considerado un hito de tanta trascendencia histórica como la propia creación de la ONU. Estados Unidos no sólo no reconoce atribuciones a esta corte, sino que ha puesto en duda, a priori, su imparcialidad. Así se desprende claramente de la fundamentación del veto norteamericano, en la que el país rechaza someter a sus soldados a la posibilidad de ser sometidos a juicios "politizados".

Las motivaciones de Bush

Curiosos resultan en realidad tales temores, considerando que el Tribunal Penal Internacional fue concebido para juzgar genocidios, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos, en el caso de que la Justicia no estuviera en condiciones de hacerlo en los países afectados. Algo que no tendría por qué ocurrir en un estado de derecho como el que impera en Estados Unidos.

Pero no es necesario hilar demasiado fino para comprender la motivación del gobierno de George Bush. Después de todo, no es primera vez que Estados Unidos se resiste a someterse a la autoridad internacional. Podría recordarse, por ejemplo, como en los años 80 el presidente Ronald Reagan hizo caso omiso de la Corte Internacional de La Haya, cuando ésta restó legitimidad a la ayuda para la contra nicaragüense.

Washington tampoco quiere depender del consentimiento internacional para defender lo que considere sus intereses nacionales, incluso en el plano militar. Y es en este punto donde el terreno se pone espinoso, existiendo un Tribunal Penal con jurisdicción mundial. Sin embargo, en un mundo globalizado se requiere con urgencia una instancia que vele por el imperio del derecho, a nivel internacional. Así lo entiende Europa, que respalda decididamente el nuevo tribunal.