Álvaro Uribe, prueba de fuego para democracia colombiana
25 de julio de 2018"Lo que sucede ahora en Colombia es un bello juego de los tres poderes en un Estado de derecho”, dice a DW, Andrés Dávila, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, con sede en Bogotá. Dávila explica que lo que tiene lugar en Colombia es una "lucha total por el equilibrio de poderes”, y concluye que "mientras el Ejecutivo y el Legislativo dan sus pasos legales, el poder Judicial opera”, advirtiendo que aquí es "vital separar lo jurídico de lo político”.
Renunciar es un derecho
Este 24 de julio, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) anunció su renuncia al Senado tras ser citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por un caso de soborno y fraude procesal. Esto ocurre tras solo cuatro días después de haber asumido su escaño como el senador más votado de Colombia en las elecciones parlamentarias de marzo pasado.
Hasta este momento, la renuncia de Uribe no había sido aceptada por el Senado. Y por razones estrictamente legales, no habría razón para que no se le acepte. "Toda vez que es un derecho de todo servidor público”, precisa a DW, por su parte, el abogado Armando Novoa García, miembro del Consejo Nacional Electoral colombiano.
Pero en el caso de la renuncia del senador Uribe hay dos aspectos importantes por destacar. Según el jurista, que es, además, director del Centro de Estudios Constitucionales, "los miembros del Congreso tienen un fuero especial, que consiste en que no es un juez ordinario el que los investiga o condena, sino la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal”.
Novoa García aclara que esto no es una "inmunidad”, sino "una competencia especial contemplada por la Constitución, con el fin de que una investigación contra un senador de elección popular tenga el mayor nivel de garantías”.
El otro aspecto es si la Corte Suprema, que lleva el caso contra Uribe, perdería su jurisdicción, en caso de que la anunciada renuncia al Senado sea aceptada. El constitucionalista Novoa García explica que lo que la Corte Suprema investiga "son eventuales delitos cometidos por congresistas en ejercicio de sus funciones”.
Álvaro Uribe se convirtió en senador a partir de 2014. Y el caso por el que ha sido citado por la Corte Suprema está relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos como parte de un enfrentamiento con el también senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA).
La querella se remonta al 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles con el fin de convencerlos de que declararan en su contra. Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia.
Dilema entre los intereses personales y los del partido
La renuncia ha causado una controversia en el país porque sus críticos lo acusan de salir del Senado para evitar que la Corte Suprema de Justicia lo siga investigando y que el caso pase a la justicia ordinaria, en este caso, la Fiscalía.
Según Andrés Dávila, doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO de México, Uribe, su partido Centro Democrático, la coalición de gobierno y el electo nuevo presidente Iván Duque están enfrentados a un complejo dilema: "Mientras, personalmente, a Uribe le convendría renunciar al Senado, porque su caso lo asumiría entonces un juez de menor rango en la Justicia ordinaria, su bancada se quedará huérfana, justo en el momento crucial de inicio del mandato de Duque”.
Para el investigador y periodista colombiano, Gonzalo Guillén, todo esto es una gran paradoja: "Uribe tratando de impedir que las FARC entraran al Congreso antes de enfrentar la Justicia, y ahora él sale corriendo tratando de evadir a la Justicia”, dijo el premiado columnista en Twitter.
Y hay muchos que lamentan que Álvaro Uribe, probablemente no vaya a participar en los debates en el Congreso, cara a cara con sus mayores detractores. Justo cuando, después de la aguerrida campaña para que los representantes de la exguerrilla llegaran al Congreso, el 20 de julio, día de su instalación, el líder de la derecha y ultraderecha tuvo un gesto que generó cierto alivio en Colombia: Álvaro Uribe se acercó a la exguerrillera Victoria Sandino, le extendió la mano y le dio la bienvenida como nueva representante de los colombianos en el Senado.
Por último, a pesar de que algunos esperan que, al final de todo, Álvaro Uribe se ponga a disposición de la Justicia Especial para la Paz, que juzga los crímenes del conflicto, para Andrés Dávila, analista de la revista Razón Pública, eso es "algo muy remoto”, porque, primero, la institucionalidad colombiana tiene que superar esta nueva "prueba de fuego”.
José Ospina-Valencia (CP)
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