Crímenes neonazis: más preguntas que respuestas
4 de noviembre de 2012
Hace un año, el 4 de noviembre de 2011, quedó al descubierto quiénes estaban detrás del asesinato entonces no esclarecido de ocho empresarios de raíces turcas y uno de origen griego. Contrario a lo que los investigadores habían dado por sentado hasta entonces –que los homicidas eran mafiosos provenientes de las comunidades de las víctimas–, los crímenes cometidos entre 2000 y 2007 fueron perpetrados por un trío de extremistas autodenominado Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU, sus siglas en alemán), atizado por el odio racista.
El otro asesinato atribuido a estos neonazis, el de una policía alemana, no desvirtúa para nada el talante xenófobo de Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt y Beate Zschäpe; ellos grabaron varios videos en donde dejaban claras sus motivaciones. Lo que indigna, no solamente a los extranjeros radicados en Alemania, sino a buena parte de la población, es que esos crímenes podían haberse evitado. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución tenía a los extremistas en la mira desde la década de los noventa y terminó perdiéndoles la pista.
Varias comisiones parlamentarias, a escala federal y regional, buscan desde hace meses las razones que llevaron al fracaso flagrante de los servicios secretos, algunos de los cuales destruyeron documentos importantes para resolver este caso aún después de que el escándalo había salido a la luz. Es por eso que el presidente de la asociación Comunidad Turca de Alemania, Kenan Kolat, y otras voces se han alzado para exigir el desmantelamiento de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, tal como está estructurada.
Los informantes, ¿un mal necesario?
“Esa institución no hace sino poner en peligro el Estado de derecho”, señalaba Kolat, sumándose a quienes condenan la opacidad con que trabajan algunas instancias estatales. Este domingo (4.11.202), en aras de una mayor transparencia y una mejor coordinación, el presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Hans-Georg Maaßen, hizo un llamado para que se creara un registro central de todos los confidentes (Verbindungspersonen) que el Estado central y los Länder empleaban para vigilar a los neonazis.
En Alemania se conoce como Verbindungspersonen o V-Leute a quienes, sin pertenecer a una institución federal o regional para el procesamiento penal, están dispuestos a informar a los servicios de inteligencia y a la policía sobre las actividades de organizaciones sospechosas de actuar al margen de la ley. En el caso de la escena neonazi, las V-Leute se infiltran por un período prolongado o son reclutadas por el Estado en los grupos políticos de extrema derecha, comprometiéndose a mantener oculta su identidad como informante.
El empleo de V-Leute por parte de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución ha sido criticado severamente en la última década. Por un lado, porque la moción para prohibir al Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD) fracasó en 2003 cuando se supo que numerosos infiltrados habían asumido posiciones de liderazgo en ese grupo de ultraderecha. La pregunta que el Tribunal Constitucional de Alemania dejó en el aire al detener aquel proceso fue: ¿fueron los actos inconstitucionales del NPD provocados por los infiltrados?
Por otra parte, sigue sin estar claro cuánto hicieron los servicios secretos germanos para evitar la serie de asesinatos, hasta qué punto propiciaron las operaciones delictivas de estos neonazis y qué tanta protección le dieron a los extremistas de derecha. Según el semanario germano Der Spiegel, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución intervino varias veces en los años noventa para evitar que informantes de ultraderecha fueran procesados penalmente.
Autores: Marcel Fürstenau / Evan Romero-Castillo
Editor: Enrique López