Derechos gays en Latinoamérica: ¿Realidad o espejismo?

Mientras el Parlamento de Uganda se propone aprobar la pena de muerte para los homosexuales, sirviendo de cuestionable ejemplo para los Gobiernos de otros países africanos que ya criminalizan las relaciones afectivas y eróticas entre personas del mismo género, en América Latina tiene lugar una moción que alienta a su comunidad GLBTI –siglas que aluden a los gays, lesbianas, bisexuales, personas transgénero e intersexuales– a creer que la reivindicación de sus derechos civiles está por hacerse realidad en el subcontinente.

Una moción alentadora

El 28 de diciembre pasado, dos hombres se casaron en Ushuaia, capital de la privincia argentina de Tierra del Fuego, después de que el Registro Civil de Buenos Aires, donde residen, les negara la solicitud argumentando que el Código Civil no admitía la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Los contrayentes interpusieron un recurso de amparo y, pese a los intentos de boicot perpetrados por un grupo de abogados católicos, por fin lograron consumar su unión y sentar un antecedente jurídico notable. Ushuaia es la primera ciudad latinoamericana en donde –tecnicismos más, tecnicismos menos– se celebra una boda gay con todas las de la ley.

Una semana antes, Ciudad de México se había erigido en la primera urbe de América Latina en reconocer la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo género, otorgándoles incluso el derecho a la adopción. La mayoría de los habitantes de la capital mexicana se opone a esta nueva legislación que se hará efectiva en marzo; pero, según Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán para Política Internacional y de Seguridad de Berlín, ésta es una de las cuestiones de derechos humanos y civiles que no deben ser decididas en el marco de procesos plebiscitarios porque involucra demandas que no pueden ser satisfechas a través de decisiones mayoritarias.

Cambios en Latinoamérica

Hasta ahora se reconocía la unión civil de personas del mismo género en Colombia, Uruguay, Buenos Aires y el Distrito Federal mexicano; en adelante, los gays y las lesbianas que se casen en Ushuaia y Ciudad de México podrán decir, literalmente, que están unidos en matrimonio. En Alemania, ese y otros logros, alcanzados casi siempre por Gobiernos regionales de izquierda y centroizquierda, fueron recibidos favorablemente. “El hecho de que en Brasil y los países de habla hispana de Latinoamérica ya no existan leyes que penan la homosexualidad –las últimas en ser anuladas fueron las de Nicaragua y Panamá en 2008– es algo muy positivo”, enfatiza Klaus Jetz, en nombre de la Asociación de Lesbianas y Gays en Alemania (LSVD, son sus siglas en alemán).

“Si me hubieran preguntado hace diez años sobre la situación de los GLBTI en América Latina, habría mencionado a un puñado de países que, por la gran influencia de la Iglesia católica, todavía perseguían judicialmente a los homosexuales”, dice Jetz. “Latinoamérica está enviando buenas señales; al contrario de África, de donde nos llegan novedades cada vez más preocupantes”, añade, recordando también que en Jamaica y otras ex colonias británicas en el Caribe, todavía están vigentes “códigos penales con leyes de talante homofóbico que datan del siglo XIX, de la época victoriana”. Rupert Haag, vocero de MERSI, el grupo de Amnistía Internacional que se ocupa de los derechos humanos desde la perspectiva de la identidad sexual, comparte la alegría de Jetz de cara a las noticias que llegaron de Argentina y México, pero sólo parcialmente.

La complejidad de los derechos humanos

“Lo que hemos constatado a través de nuestro trabajo con organizaciones de derechos humanos en esos países es que las posibilidades que tienen los gays y las lesbianas para disfrutar de sus derechos en las metrópolis de Argentina y México dependen de sus condiciones económicas”, comenta Haag, y agrega: “Yo celebro lo que ocurre en esas ciudades, pero me temo que de esos privilegios sólo podrá disfrutar un grupo reducido de la comunidad GLBTI”.

El tono de Haag es aún menos optimista cuando habla de los “retrocesos” que, según MERSI-Amnistía Internacional, se están registrando en otros rincones del subcontinente. “En Bolivia, por ejemplo, se han decretado leyes que reivindican los derechos de los indígenas y, en principio, eso es algo muy bueno. Pero parte de esa nueva legislación desfavorece a los gays y a las lesbianas porque, en el peor de los casos, según la ‘justicia comunitaria' de los indígenas, los homosexuales deben ser apedreados”, explica, citando un artículo de Deutschlandfunk.

¿De qué sirven las uniones civiles?

Portavoces del partido de Gobierno en Bolivia aseguraban a finales de 2009 que se están modificando ciertas leyes para garantizar que la justicia y las costumbres indígenas no violen las legislaciones nacionales ni los derechos humanos internacionalmente vigentes, pero, de momento, la situación luce menos que favorable para los GLBTI en ese país. Otro caso preocupante en las manos de MERSI-Amnistía Internacional alude al auge de la violencia policial ejercida contra personas transgénero, trabajadores sexuales y activistas gay en Honduras desde que entró en vigor el estado de excepción tras el golpe cívico-militar contra el presidente, Manuel Zelaya, en junio de 2009.

Frente a este panorama y sabiendo que en los países latinoamericanos escasean las instituciones con capacidad para proteger a los GLBTI del abuso de poder y la violencia homofóbica o transfóbica de las fuerzas de seguridad del Estado, cabe preguntarse: ¿de qué sirve la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo género? ¿No es esa simplemente otra medida legislativa susceptible de ser ignorada; una distracción innecesaria, considerando que hay problemas más urgentes por resolver?

Estrategia política

“Así es”, responde Günther Maihold. “Pero en el ámbito político siempre tendemos a reducir cuestiones generales a un tópico específico y, hasta donde yo sé, el movimiento homosexual ha hecho del matrimonio entre personas del mismo sexo la cuestión que quiere ‘obligar' a las élites políticas a tomar en cuenta. Se trata de una lucha simbólica”, agrega Maihold e insiste: “Y no es una estrategia política equivocada, porque lo que se busca básicamente es dejar a la vista los problemas estructurales fundamentales llamando la atención hacia una cuestión concreta”.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editora: Emilia Rojas Sasse