El sector público alemán desentierra el hacha de guerra

El lugar era secreto y el mutismo absoluto: por enésima vez se encontraban representantes de la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn y del sindicato de maquinistas GDL. Quizás, como durante los últimos meses de 2007, los trenes vuelvan pronto a parar, y para entonces, puede que no sea éste el único foco de conflicto en el campo de batalla laboral en Alemania.

Amparados por la buena coyuntura, los trabajadores del sector público alemán han empezado a exigir las subidas de sueldo a las que, por solidaridad con la mala racha económica, se les había obligado a prescindir en los últimos años. Piden un 8% más de dinero en la nómina, como mínimo unos 200 euros adicionales cada mes, y por él están dispuestos a luchar.

Pero los funcionarios no son los únicos que esperan que su convenio recoja el superávit alcanzado. Este año, los mecánicos, los transportistas, los empleados de las industrias química, del metal, del hierro y del acero exigirán que en su cuenta bancaria se deje notar algo del festejado buen ritmo del país.

Más para todos

En total, la administración pública alemana cuenta con 2,1 millones de trabajadores, aunque el convenio cuya negociación se ha iniciado ahora en Potsdam, en las cercanías de Berlín, afecta sólo a 1,3 millones de empleados: aquellos que dependen del Estado central y de las pequeñas comunas, puesto que los funcionarios de los Länder se rigen por un acuerdo laboral propio a renovar el año próximo.

Son, dentro del espectro ocupacional alemán, una minoría. Y sin embargo, sus victorias salariales podrían tener mucha repercusión. Nadie pide tanto como ellos, a excepción de los maquinistas que llevan desde 2007 reclamando un 10% más de sueldo, pero estos sacrificados por el déficit público representan como pocos la demanda general de que el trabajador tiene derecho a beneficiarse de la riqueza que genera.

“Estamos hartos de que los salarios de los directivos exploten mientras que el trabajador se va de manos vacías”, es el grito de guerra de Frank Bsirske, jefe del sindicato Ver.di, uno de los inmersos en las negociaciones por el convenio de los empleados públicos. “Necesitamos más dinero para todos”, declaraba el sindicalista en una entrevista a la radio alemana Deutschlandfunk.

Frentes rígidos

Desde agosto de 2004, los funcionarios alemanes no han visto equiparado su salario al coste de la vida. Una subida del 8%, dicen los sindicatos, acabaría en primer lugar con una injusticia, pero serviría además para mejorar el servicio al ciudadano y potenciar el mercado interno al fortalecer la capacidad de consumo de una parte de la población.

Según una encuesta realizada por la televisión pública alemana ARD, el 55% de los germanos apoya a sus empleados públicos. También la clase política muestra por lo general comprensión con las peticiones de los pequeños servidores del Estado, aunque algunos, como el ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, consideren el 8% exagerado e innegociable. Aquí, los jefes sindicales utilizan con audacia un argumento: hace sólo unos meses, los parlamentarios aprobaron “autosubirse” el salario en un 9,4%.

Pero el 8% asusta principalmente a los representantes de las comunas y las pequeñas ciudades. Sus ya endeudadas arcas, aseguran, no pueden hacer frente a unos costes de personal que aumentarían según sus cálculos en 7.000 millones de euros, 4.000 millones contabilizan los sindicatos. Los despidos serían la única salida, advierten los poderes locales.

De ahí que este primer encontronazo laboral de los varios que depara el 2008 alemán muestre frentes rígidos y augure aún mucha tinta. Alemania no es Francia, pero si se inician las huelgas puede que Merkel y Sarkozy se vean pronto lidiando con similar suerte.