Italia, la delincuencia y los extranjeros

La inmigración suele relacionarse en los países de Europa Occidental con la generación de problemas sociales o incluso policiales. Rara vez es noticia el caso de aquellos inmigrantes que destacan por su alto grado de integración o por su aporte al país anfitrión. Por el contrario, suelen serlo aquellos que protagonizan la crónica roja. Así ocurre, por ejemplo, en Italia. Pero no son los indocumentados que llegan en cíclicas oleadas desde África los que encabezan las estadísticas delictivas, sino los extranjeros procedentes de Rumania. Un país miembro de la Unión Europea.

Al rojo vivo

La muerte de una mujer que había sido asaltada y brutalmente agredida en Roma, y que murió a causa de las heridas sufridas, puso los ya encendidos ánimos al rojo vivo, en vista de que el presunto agresor es un joven gitano de origen rumano. Ante la presión de la opinión pública, el gobierno de centro izquierda, encabezado por Romano Prodi, reaccionó tal como lo había venido pidiendo la oposición conservadora desde hace tiempo: endureciendo las medidas contra los extranjeros.

Un decreto de ley, expedido con toda celeridad, dictamina la expulsión de todos aquellos extranjeros que sean considerados “un peligro para la seguridad pública”. En esta categoría caen aquellos que tengan antecedentes penales o procesos en curso en su contra. La medida afecta también a los ciudadanos de países de la UE, como es el caso de los rumanos, que se encuentran en el foco de la atención policial no sólo por el brutal crimen de Roma: de acuerdo con estadísticas italianas, el 75% de los crímenes y delitos violentos cometidos en el país durante los primeros siete primeros de este año fueron perpetrados por personas procedentes de Rumania.

Problema europeo

Aun cuando la Unión Europea otorga libertad de movimiento a sus ciudadanos dentro de las fronteras comunitarias, las autoridades italianas aseguran que las nuevas medidas son compatibles con las reglas vigentes. De hecho, desde que Rumania se incorporó al conglomerado en 1 de enero de 2007, sus ciudadanos pueden permanecer durante tres meses sin restricción en algún país de la UE. Pasado ese plazo, requieren un permiso de residencia.

El problema de la delincuencia no sólo atañe por cierto a los inmigrantes rumanos y se estima que serán miles los extranjeros que deberán dejar el territorio italiano en virtud del nuevo decreto de ley, que contempla eso sí la posibilidad de apelar la medida en un plazo de 15 días. Tampoco Italia es el único país de la UE con dificultades similares, de manera que, según el alcalde de Roma, Walter Veltroni, el tema debería ser tratado a nivel europeo. Las perspectivas de que tal debate se lleve a cabo y conduzca a una política conjunta en la materia no son, sin embargo, tan prometedoras, en vista de la experiencia recabada en la discusión sobre una política conjunta de inmigración. En tales circunstancias, los italianos han decidido tomar el toro por las astas y ya han comenzado a desalojar campamentos de inmigrantes rumanos, que se sienten estigmatizados e injustamente castigados en masa por las fechorías de unos cuantos.