La grave crisis del sistema carcelario en América Latina
6 de enero de 2017
En la madrugada del 6 de enero murieron 33 personas en la penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, en Roraima, al norte de Brasil. Cuatro días antes los fallecidos habían sido 56 en la cárcel Anísio Jobim, de Manaos, en la Amazonía. Los medios hablaron de “enfrentamientos” y el presidente aseguró que se trató de un “accidente pavoroso”. Pero dos matanzas en menos de una semana reavivan el debate sobre qué es lo que sucede en los penales de la región. Si bien los problemas en cada caso son distintos, torturas, malos tratos, autogobierno del sistema penitenciario y hacinamiento son algunas de las palabras que se repiten en todos los estudios.
El pasado 4 de enero, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), emitieron un comunicado en el que se le exige al gobierno brasileño una investigación “inmediata, imparcial y efectiva” sobre la matanza en el penal de Anísio Jobim. El texto subraya que lo sucedido en Manaos no es un “hecho aislado” y que refleja una situación crónica en los centros de detención del país.
El representante de ACNUDH para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, aseguró: “Las violaciones a los derechos humanos son frecuentes en el sistema de prisión brasileño incluyendo tortura y malos tratos, además de condiciones inadecuadas de vida en el interior de las unidades”. El funcionario también recordó que el relator de la ONU contra la tortura (Juan Méndez) visitó el país en 2015 y señaló que la sobrepoblación de las prisiones lleva a “condiciones caóticas” dentro de las unidades y recomendó tomar acciones inmediatas para reducirla. Según Incalcaterra, es urgente que se lleven adelante las medidas para “evitar nuevas muertes y rebeliones”.
Hacinamiento regional
El problema no es solo brasileño. El sistema carcelario está en crisis en toda la región. Según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex, hay cuatro latinoamericanos entre los diez países con más sobrepoblación carcelaria. El ranking lo encabeza Haití con una tasa de ocupación del 416 por ciento, seguido por El Salvador con 320 por ciento, Venezuela con 270 por ciento y Bolivia con 256 por ciento. Otro dato que emerge de este estudio son las inhumanas condiciones en las que sobreviven los presos.
El hacinamiento genera condiciones paupérrimas de vida. En la mayoría de los casos, a eso se suma la ineficiencia de los servicios de salud, la mala alimentación, aspectos que fomentan la crispación y la violencia entre los internos. “Con la superpoblación carcelaria comienza un autogobierno entre los detenidos y las fuerzas penitenciarias. No hay forma de controlar una cárcel en tales condiciones de precariedad, sin lugares dignos de alojamientos ni comida si no es con algún tipo de pacto espurio”, analiza en diálogo con la DW desde Buenos Aires la coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eva Asprella. Según ella, los propios detenidos comienzan a tener capacidad de negociación, el servicio penitenciario aporta su connivencia y comienza la corrupción. Así, todo termina teniendo un precio.
En septiembre último, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator de Personas Privadas de la Libertad, James Cavallaro, visitó Argentina. En su informe final señaló la creciente superpoblación carcelaria al tiempo que alertó sobre el modelo que fomenta la prisión preventiva. “Son políticas que bajan desde los diferentes gobiernos que sostienen que más encierro es más seguridad. Hace años que desde el CELS planteamos que si continúa el modelo punitivista el resultado iba a ser la saturación del sistema penitenciario. Hoy hasta las comisarías están repletas porque ya no hay más lugar en las cárceles”, agrega Asprella.