Nueva ley facilita acceso a contraseñas

Este lunes (1.07.2013), entró en vigor una nueva ley de telecomunicaciones que regula nuevamente el acceso de los servicios de seguridad y de los servicios secretos alemanes a los llamados datos básicos. Mientras que los servicios de seguridad estiman que esa ley es necesaria, defensores de la privacidad la califican de anticonstitucional y temen que las autoridades recopilen masivamente datos personales sin un motivo concreto.

Los datos básicos son informaciones pertenecientes a las comunicaciones de teléfono e Internet, es decir, el nombre, la dirección, fecha de nacimiento y número de la cuenta, así como claves o PIN. También las direcciones IP, una suerte de huella digital de cada internauta, forman parte de esos datos. La nueva ley permite que, en caso de que una persona haya cometido alguna infracción o delito, los servicios de seguridad, como la policía federal, los servicios secretos, la aduana y el Servicio Federal de Inteligencia, accedan a sus datos. Hasta ahora, estos datos solo podían ser recabados en el marco de una investigación de delitos graves.

¿Violación de derechos fundamentales?

Entre los críticos de la nueva ley de telecomunicaciones se encuentra el encargado de la protección de datos, Peter Schaar, la asociación alemana de periodistas y partidos de oposición como Los Verdes y La Izquierda. Según Katharina Nocun, del Partido Pirata, “en estos tiempos, en los que gran parte de la comunicación política tiene lugar en la red, eso representa una clara violación de los derechos fundamentales”. En entrevista con DW, la política dijo que el problema central es que, entretanto, los servicios secretos pueden vigilar datos sin tener que investigar una sospecha concreta.

Para acceder a las claves o PIN de una persona, las autoridades primero necesitarán la aprobación de un juez. No obstante, defensores de la privacidad critican que, por lo general, los jueces dan luz verde a estas peticiones sin examinarlas detenidamente.

Demanda de inconstitucionalidad

La nueva ley prevé que las personas cuyas claves hayan sido recopiladas sean informadas de ello posteriormente. Sin embargo, los proveedores de telecomunicaciones no tienen derecho a informar a sus clientes. Katharina Nocun describe esta regulación como “ley mordaza” que afecta seriamente a la democracia, porque las personas no saben que están siendo vigiladas.

Por ello, la política pretende presentar una demanda de inconstitucionalidad. Hasta ahora, dice contar con el apoyo de un gran número de personas. Nocun está convencida de que su demanda será exitosa porque “la ley es claramente inconstitucional en seis puntos”. También Rainer Wendt, presidente del sindicato policial alemán, afirma que, en lo que concierne a muchos aspectos de la ley, tanto los legisladores como los juristas están pisando tierra virgen y destaca las dificultades de formular los principios de constitucionalidad en el ámbito de las telecomunicaciones y de Internet.

Autor: Helena Baers/ VC

Editor: Emilia Rojas Sasse