“Si la prueba de ADN es el único método, es discriminatoria”

A pesar de la masiva protesta, la nueva legislación para inmigrantes –que incluye pruebas de ADN para probar el parentesco- ha sido aprobada en Francia. Dada la mayoría parlamentaria con la que cuenta la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido del presidente francés, Nicolás Sarkozy, cabía esperarlo. Sin embargo, según analistas de la prensa francesa, ésta podría convertirse en la primera batalla seria para su gobierno, pues en la oposición están todos los partidos, menos la UMP. Es más, según información del diario alemán Tageszeitung, algunos miembros del partido gubernamental tampoco ven con buenos ojos esta nueva regulación. Bajo el lema de no dar respuestas biológicas a una cuestión política, 250.000 firmas ciudadanas se recogieron en menos de 24 horas.

¿Dónde aprieta el zapato?

Aunque contiene varios puntos que ponen serias trabas a la inmigración hacia Francia, lo que pone los pelos de punta tanto a la oposición como a organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos es, sobre todo, la prueba de ADN, que será voluntaria sólo durante una primera fase de prueba de 14 meses. Que no es constitucional definir `familia´ biológicamente, aducen los que se oponen. Y ven en el Consejo Constitucional la última posibilidad para evitar que entre en vigor una regulación que muchos catalogan de racista.

Era de prever

Por supuesto, el gobierno francés la defiende y hace hincapié en su expreso objetivo de combatir la inmigración ilegal y de fomentar el ingreso de trabajadores, sobre todo para los sectores de la construcción y la gastronomía. Para conseguir esas metas –enunciadas durante la campaña electoral- hay que pasar por reducir la inmigración por reunificación familiar –un rubro bajo el cual fueron aprobadas 23.000 solicitudes el año anterior. La prueba de ADN se exigiría sólo para probar la relación madre-hijo, se llevará a cabo con expreso consentimiento de los implicados bajo previo permiso judicial y sólo en los casos en que falte la debida documentación, informan las fuentes gubernamentales. Además, los 250 euros que cuesta en promedio un examen de ese tipo serían reembolsados por el gobierno francés, en caso de que el resultado fuese positivo.

En países en donde la validez de los documentos no está garantizada se entiende la aplicación de este método”, explica a DW-WORLD, Bernd Mesovic, portavoz de la organización no gubernamental Proasyl. “En Alemania, se usan las pruebas de ADN cuando existen dudas en cuanto a la relación biológica madre/padre-hijo. Problemático se torna el asunto en países en los que, como en Birmania o Etiopía, no existen las posibilidades técnicas para ello”, anota añadiendo que, entonces, el costo de la prueba asciende a varios cientos de euros, que el Estado alemán no asume. Por otro lado, la ley alemana sí prevé una relación familiar social, en decir no basada en lo biológico. “Haber compartido cierto tiempo un mismo domicilio puede ser una prueba de parentesco no biológico”, explica el especialista y recalca que para probar esto “justo en países africanos, las falsificaciones plantean un gran problema real”.

¿Una práctica europea?

En respuesta a las duras críticas a su controvertida nueva regulación, el gobierno francés remite a otros países europeos en los que se emplea el método. A esto acota Mesovic: “Si las pruebas de ADN se ofrecen como una posibilidad, entre otras, para probar el parentesco, la virulencia de la protesta no se justifica. Sin embargo, si se convierte en el único método y la única manera para lograr la reunificación familiar es, en efecto, una discriminación.”